El mega DNU de Javier Milei está en riesgo. La oposición tiene una masa crítica suficiente de votos para derogarlo y dejar rezagado el plan de gobierno del presidente, que en su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso volvió a la carga con la Ley Ómnibus como condición indispensable para el Pacto de Mayo, la gran novedad durante la noche del viernes.
Para Milei, la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 es un desafío político, dado que fue la primera medida que dictó. Pero además, la derogación de la mega iniciativa también produciría un fuerte impacto en la calle.
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La solicitud de un conjunto de senadores de tratar la norma podría llevar a su rechazo, ante la posibilidad de que se sumen los 33 miembros de Unión por la Patria. La nota fue firmada por los miembros del bloque Unidad Federal y por otros senadores que responden directamente a sus gobernadores.
La libertad para pactar alquileres en dólares, la libertad para aumentar los precios de las prepagas, la liberación de exportaciones, el régimen de comisiones bancarias. Todo está en el aire, todo corre riesgo.
Los alquileres es uno de los ítems que más impacta en la sociedad y provoca mayores controversias. Tras la sanción de la cuestionada Ley 27.551, en los últimos tres años el mercado del rubro mostró un escenario de oferta acotada y precios exorbitantes. Milei aseguró en su primer discurso ante la asamblea legislativa que, luego de su derogación, la oferta se duplicó y los precios bajaron.
Uno de los riesgos que supone la derogación del DNU es que los contratos recientes deban ser readecuados a la anterior ley, lo cual podría derivar en un aluvión de litigios para dirimir los intereses de las partes afectadas. En el mercado especulan con que, si se cae el decreto, también caiga la oferta y suban los precios. Es decir, una vuelta al pasado del que tanto reniega Milei.
En cuanto a las prepagas, uno de los puntos del DNU estableció un nuevo marco regulatorio -tanto como para las empresas como para las obras sociales- en el que se destaca la liberación de precios. Se determinó que el Gobierno ya no pueda fijar los aranceles mínimos obligatorios ni regular los modelos de contratos. Ese ítem -que parece básico en un paquete de medidas apuntadas a la desregulación económica- también está supeditado a las negociaciones con la oposición en el Congreso.
“A partir de hoy queda prohibido prohibir exportaciones”, celebró Milei en cadena nacional al dar a conocer la modificación del artículo 609 del Código Aduanero (Ley 22.415) que también abarca las importaciones. La eliminación de los cupos de exportaciones en distintas actividades, como la petrolera, tampoco será posible si se cae el DNU.
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Otro aspecto que impacta directamente sobre los consumidores son las comisiones bancarias. El texto que el Ejecutivo publicó a pocos días de asumir estableció una larga serie de modificaciones en los contratos de las tarjetas de crédito. La más importante fue la eliminación del tope de 50% a la tasa de punitorios, aquel tributo que se paga diariamente por no abonar ni siquiera el pago mínimo del resumen. Eso también podría volver para atrás.
La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que debe tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía dictado por el presidente Javier Milei, citó a los principales funcionarios del gobierno nacional para que den detalles sobre la normativa.
Los senadores Víctor Zimmerman (UCR) y Carlos Espínola (Unión Federal) y el diputado Francisco Monti (UCR) solicitaron que se cite a funcionarios del Ejecutivo para que den detalles de la norma. Se trata del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; y de Salud, Mario Russo.
Los aliados del Gobierno en el Congreso entienden que el mega DNU se encamina a ser rechazado en el Senado y corre riesgo en Diputados, más allá de la Justicia. En pleno enfrentamiento con los gobernadores, Milei hizo una apertura al diálogo en su discurso. Sus dirigentes más cercanos -el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo– llevan adelante negociaciones para revertir el actual escenario. No parece ser una tarea sencilla.
