El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a dos proyectos de ley de nuevos impuestos: la tasa Google y la tasa Tobin. Entre ambos, uno dirigido a las grandes multinacionales tecnológicas y otro a compañías financieras, se espera el ingreso de 2.000 millones de euros a las arcas públicas. Solo con el que gravará los servicios digitales la recaudación se cifra en 1.200 millones.
Estos proyectos legales, tras ser aprobados por en el órgano colegiado del Gobierno, deberán ser registrados en el Consejo de los Diputados para su posterior tramitación como proyectos de ley. Son los pasos siguientes a los ya dados, cuando estos dos anteproyectos fueron aprobados durante el mes de octubre y sometidos a trámite de consulta pública.
El Gobierno estima una recaudación de 1.200 millones de euros gracias a la nueva tasa Google
Ambos tributos, los cuales constan tanto en el acuerdo presupuestario pactado con Unidos Podemos como en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, necesitarán una aprobación expresa del Congreso y el Senado, al margen de la aprobación o no de los presupuestos para este año. Por tanto, a la nueva tasa Google todavía le queda cierta tramitación parlamentaria.
Un nuevo impuesto para el negocio de datos y publicidad de las grandes tecnológicas
El nuevo impuesto a la grandes compañías tecnológicas, la llamada tasa Google, gravará a empresas con una cifra de negocio que supere los 750 millones de euros a nivel mundial y los 3 millones de euros en España con un tipo impositivo del 3 %, en línea con lo debatido en el seno de la Unión Europea respecto a la tributación digital que está por venir.
En concreto, afectará a «los servicios de publicidad dirigida en línea, de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario» según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros.
Afectará al negocio relacionado con la publicidad dirigida, la intermediación y la venta de datos
Celaá ha aclarado que «se grava la publicidad dirigida», pensando en plataformas propiamente dichas, y no en «una página web que salga dirigida a El Corte Inglés o Zara; un servicio de publicidad que haya estudiado los gustos del consumidor».
Fuera de la acción del impuesto quedan, según el anteproyecto de ley sometido a información pública el pasado mes de octubre, «las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios (las actividades minoristas de “comercio electrónico”) en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario, ya que, para el minorista, la creación de valor reside en los bienes y servicios suministrados, y la interfaz digital se utiliza únicamente como medio de comunicación».
La portavoz ha sacado pecho de la aprobación de hoy al remarcar que España es «el primer país de la Unión Europea que adapta los nuevos negocios a la tributación digital». La intención del gravamen es, ha dicho también la ministra, tratar de que las grandes empresas «paguen allí donde se genera el beneficio». La popularmente conocida tasa Google también ha sido anunciada por países como Francia, y Reino Unido, mientras que otros como Italia y Alemania gravan de forma similar determinados servicios en línea.
