Jesús María. El Sindicato de Trabajadores Municipales de esta ciudad sostuvo durante más de una semana una medida de fuerza en reclamo de aumentos salariales.
Este miércoles, a pedido de la Municipalidad, se hizo una Audiencia de Conciliación en el Ministerio de Trabajo, pero no dictó Conciliación Obligatoria.
En la Audiencia, el gremio formuló una contrapropuesta que analizó el Ejecutivo, en un intento por formular una nueva propuesta que destrabe el conflicto “dentro de lo que sea factible abonar, efectivamente, sin comprometer las arcas del municipio”, según informó la intendenta Mariana Ispizua.
La Muniicpalidad pidió en todo momento que se levantara la medida de fuerza, pero el gremio fue inflexible en su posición y el Ministerio de Trabajo propuso un cuarto intermedio hasta este viernes a las 12.
Diez días críticos.
Comenzó el miércoles de la semana pasada, con una asamblea permanente que derivó en un paro de 48 horas, al cabo de las cuales continuaron de huelga por no llegar a un acuerdo con el gobierno local.
Las negociaciones fueron con la presidenta del Concejo Deliberante, Verónica Búa, a cargo del Ejecutivo porque la intendenta Mariana Ispizua estuvo de licencia del 16 al 26 de agosto -finalmente, volvió un día antes-.
Las ofertas oficiales fueron rechazadas y los pedidos gremiales fueron calificados como inviables por las autoridades. “Reiteramos nuestra plena disposición al diálogo, en el marco de la buena fe negocial, donde reconocemos la nece- sidad de proteger a los trabajadores frente a la crisis económica, pero también asumiendo plenamente la responsabilidad institucional de cuidar las finanzas de la Municipalidad, sin asumir compromisos económicos imposibles de cumplir”, decía el comunicado oficial enviado luego de la reunión que mantuvieron el viernes pasado.âÂÂAntes, un tumulto en la puerta del edificio municipal, con presencia policial y agresiones mutuas, había enrarecido el ambiente.
Los trabajadores llevaron a ese encuentro tres pedidos: que no les descuenten los días del paro, que les den 20 por ciento de aumento y que el miércoles 28 de agosto se empiece a tratar la paritaria con la presencia de la Intendenta Mariana Ispizua.
El gobierno les ofreció extender hasta fin de año el pago de una cifra no remunerativa de 1.700 pesos y sumarle otros 2 mil pesos a pagar en los meses de septiembre y octubre. También planteó la posibilidad de que esas sumas fijas fueran traducidas en porcentajes en blanco, incorporados al básico -5 por ciento-, pero no como aumento definitivo y final, sino como gesto para destrabar el paro e iniciar la negociación salarial de fondo.
Otorgar sumas fijas siempre favorece a quienes ganan menos, mientras que los porcentajes amplían la brecha de los escalafones.
Por el principio de acción y reacción, el sábado se produjeron hechos que derivaron en una presentación ante la Unidad Judicial y trabajadores bloquearon el ingreso y egreso al predio de disposición final de residuos, en camino a Nintes, luego de lo cual resultó imposible que sigan saliendo a prestar servicio varios camiones tercerizados que habían puesto a circular en el marco de un plan de contingencia.
Las autoridades también pusieron en conocimiento de la Justicia que en la base de Servicios Públicos, sobre calle Córdoba, rompieron un candado y material de barrido y robaron dos palas.
La medida de fuerza se endureció, creció la adhesión del personal, se repitieron las marchas en las calles de la ciudad y, una vez más, los trabajadores marcharon a la casa de la Intendenta, ahora con carteles con la frase “Ningún municipal bajo la línea de pobreza”.
También hubo “mensajes y denuncias de vecinos por explosiones en la plaza San Martín”, según un comunicado oficial, por lo que las autoridades reiteraron la prohibición total de la pirotecnia en la ciudad. Por cierto, nunca antes se hizo una denuncia a quienes contravinieron esa normativa regional de 2016 durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Ciudad en riesgo.
Los problemas se multiplican ante la falta de prestación de algunos servicios básicos. El principal es la recolección de residuos. Los contenedores están colapsados y los vecinos han empezado a sacar la basura a las calles.
Pese a versiones municipales de que a Sinsacate le impedían ingresar al predio de Camino a Nintes, funcionarios de esa Municipalidad reconocieron que han reducido el servicio para no sobrecargar el basural, pero el personal municipal nunca les impidió descargar sus camiones.
También estuvieron cerradas, durante esta semana, dos de las tres guarderías que les permiten trabajar a muchas mamás de menores recursos económicos.
Las puertas de la sede administrativa municipal permanecieron con custodia policial y no pudieron recaudar en todos estos días.
30-08-2019
