El Concejo Deliberante, con la presidencia de la concejal Raquel Castro por ausencia de Sara Majorel, dedicó buena parte de los alrededor de 40 minutos que duró la sesión a hablar del desplazamiento de la comisión directiva de la Asociación de Productores Rurales (APR). El PJ pidió que se trate su proyecto de sacar de la factura de gas la tasa municipal y firmar un convenio con la Provincia para participar del fondo que ofrece para las obras domiciliarias.
El tema de la APR fue introducido con la lectura de la nota que la institución envió al cuerpo legislativo
y el concejal oficialista Danilo Rosso pidió que se leyera. Señaló “Lo que me sorprendió y fue grave, es el aval político que recibió la denuncia” al ser avalada por el legislador Daniel Passerini y también consideró “muy sospechosa” la decisión de la IPJ sobre “una institución que no está cuestionada, que tiene los papeles en regla” y que además no informó sobre los motivos de la decisión, “recién se supo después de dos viajes a Córdoba”. El concejal oficialista aclaró que no iba a hablar de la denuncia en sí porque “es un tema institucional que deben resolver entre los socios”.
Hernán Passerini, concejal del PJ y hemano del legislador aludido, manifestó “Se está desviando la cuestión, la
intervención de la institución la decide la IPJ, es un poder independiente, tiene su autonomía y sus propias normas. Son los mismos socios de la institución los que van a resolver la situación. El aval posterior de mi hermano es
una situación que desconozco, tendrá que aclarar eventualmente él”. Y agregó “el que está acostumbrado a hacer este tipo de intervenciones es nuestro intendente cuando le pide al Ministro de Justicia que designe los interventores del Registro Automotor, que eso sí es una acción política concreta para intervenir instituciones”.
Factura de gas
Passerini reiteró un proyecto de su bloque, ingresado el 2 de mayo, respecto a la derogación del 10% de tasa municipal en la factura del gas natural, “hay una posibilidad de firmar un acta compromiso con el Gobierno de
la Provincia y los municipios que la firmen acceden a un fondo de 500 millones de pesos para financiar
las obras domiciliarias que estaban previstas con la tasa”.
