Organizaciones feministas de la zona, junto a un numeroso grupo de personas contra la violencia de género, presentaron un contundente comunicado en el que exigen mayor compromiso por parte de las autoridades municipales, policiales y judiciales en el asunto.
El mismo se leyó públicamente este 8 de marzo en una movilización que se realizó con motivo del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Se envió también a cada una de las instituciones competentes.
El pedido se centra en exigir mayor presencia de las autoridades, aumento de presupuesto en políticas de género, agilizar procesos judiciales, articulación entre las instituciones, capacitación para los efectivos y el personal que trabajan en el área, dar a conocer datos fehacientes de lo que ocurre en la realidad de nuestra zona.
Además presentaron a los Concejos Deliberantes de Colonia Caroya y Jesús María una solicitud para declarar la Emergencia Municipal pòr Violencia de Género en ambas localidades.
A continuación, el comunicado completo:
La Mesa de Derechos Humanos de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate, “Vivas nos queremos”, “La Colectiva”, mujeres y disidencias autoconvocadas de Jesús María, Colonia Caroya, Sinsacate, San José de la Dormida, Sarmiento, Villa del Totoral y región, en este 8 de marzo de 2021, nos volvemos a encontrar en el espacio público de nuestra comunidad para visibilizar y hacer oír nuestras demandas contra las violencias de género a las autoridades y a toda la sociedad.
El Observatorio “Lucía Pérez” registra, para lo que va del año 2021, 9 travesticidios sociales en Argentina y uno de ellos ocurrió en nuestra Provincia. Según datos publicados por el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en 2021 hasta el día de la fecha, tenemos un femicidio cada 25 horas en Argentina y Córdoba es la cuarta provincia con mayor cantidad de mujeres asesinadas entre enero y febrero del presente año.
Ocho de las 47 mujeres asesinadas eran cordobesas y, una de ellas, de Jesús María y se llamaba Melisa Moyano.
El Registro Nacional de Femicidios 2021, publicado por el Observatorio “Mumalá” el pasado 28 de febrero da cuenta de que el 17 por ciento de los femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad y el 29 por ciento de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas. Como resultado de estas muertes totalmente evitables, 55 niñes y adolescentes quedaron sin su madre.
Y ahí nos detenemos: en la denuncia previa. En Jesús María, según los testimonios recogidos en una jornada autoconvocada el pasado 13 de febrero en la plaza San Martín, algunas de nosotras dimos cuenta de la violencia sufrida por sumariantes de la Departamental Colón al momento de radicar una denuncia. La autoridad que tiene la obligación y la responsabilidad de brindar seguridad y contención a la persona que advierte haber sido vulnerada, vuelve a violentarnos.
Ese día en el que nos encontramos una de las mujeres contó: “Fui a denunciar el abuso de mi hijo y un sumariante me dijo: ‘No habrá sido una broma’”.
Otra dijo que, al momento de querer denunciar a su agresor, el sumariante le dijo: “Ahora estás enojada, ya se te va a pasar”, “¿Vos qué hiciste?” o “¿Para qué venís a denunciar si después vas a volver?”.
Ese tipo de valoraciones no pueden ser toleradas porque la mujer que debe soportar ese tipo de comentarios termina siendo revictimizada y el personal que no la asiste con las garantías y en cumplimiento de sus derechos, está incurriendo en violencia institucional.
La situación local nos preocupa y debería preocupar a nuestras autoridades.
Según los datos aportados aquel 13 de febrero por parte del Jefe de la Departamental Colón de Policía, Crio. Manuel Vera, en la comisaría local receptan entre tres y seis denuncias diarias por violencia familiar.
Por su parte, el Juez Civil y de Familia de Jesús María, Dr. Mariano Pelliza Palmes, dijo al matutino “Noticias Jesús María”, que en el 2020 se recibieron 1520 denuncias por violencia familiar, de las cuales sólo 54 fueron consideradas “de género”; mientras que en 2019 se recibieron 1736, de las cuales 34 ellos califican como violencia de género; y en 2018, sólo ocho de las 1697 y esto nos abre a una pregunta: ¿qué concepto tienen desde la justicia sobre violencia de género?
A los datos aportados, sumamos lo dicho por el presidente del Colegio de Abogados de Jesús María, Dr. Daniel Rizzi, en declaraciones a Canal 2, quien expresó que, durante la feria judicial de enero pasado, las denuncias por violencia de género no cesaron y siguen siendo la principal causa con pedido de intervención judicial.
En el plano municipal, según información periodística de junio del año pasado, la Unidad de Políticas de Género realizó 264 seguimientos a mujeres, acompañó en la radicación de 13 denuncias y se articularon casos con el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba.
Claramente, los datos a nivel local no coinciden entre ellos, lo que deja al descubierto una falta de articulación entre las instituciones. Hay un hilo conductor: cada vez son más las mujeres que necesitan ayuda y cada vez se visibiliza más una realidad que no es nueva: Jesús María sigue siendo la ciudad de la provincia de Córdoba con mayor cantidad de denuncias por violencia de género.
Por lo tanto, hace falta que la policía, la justicia y los municipios de la zona asuman un mayor compromiso, destinen mayor presupuesto, mayor presencia, más instancias de articulación y la presencia de personal más capacitado.
Necesitamos una policía que esté a la altura de esta aberrante realidad. En la unidad judicial y la policía, las mujeres deberíamos ser escuchadas e informadas sobre cuáles son nuestros derechos. No podemos seguir realizando denuncias cuando estamos en una sala expuestas ante otra gente. Protegernos es una obligación de las instituciones de la justicia y la fuerza, y es a su vez, nuestro derecho. Para que eso ocurra es imprescindible que la perspectiva de género sea una capacitación transversal a los saberes del personal policial en el que se involucre a superiores y a los y las efectivos en el área administrativa.
A la municipalidad de Jesús María, le reiteramos el pedido de informe elevado el 24 de junio de 2020 del cual hemos recibido una respuesta insatisfactoria, pues, insuficiente. Hoy volvemos a solicitarle al Municipio información sobre los programas que se llevan a cabo en el área competente, su conformación, espacios y líneas de atención, seguimiento de casos, si aún existe albergue para mujeres que sufrieron violencia de género, articulación con otras instituciones, “bajada” de programas provinciales, nacionales, entre otros.
Demandamos al señor Intendente Luis Picat sostener políticas públicas en el tiempo, reforzar campañas de difusión con material de fácil acceso para la comunidad y restituir la categoría de Dirección o Secretaría para la Unidad de Género.
Asimismo, peticionamos la Declaración de Emergencia Municipal por Violencia de Género, y consecuentemente la solicitud de asignación de recursos para poder implementar las medidas que prevengan, y erradiquen dicha violencia en la zona. Tal petición será dirigida a los Consejos Deliberante de Jesús María y Colonia Caroya, a los fines de su dictado.
Al Tribunal Superior de Justicia, le reiteramos el pedido de una partida presupuestaria para la concreción de un fuero especial para atender casos de violencia de género en los Tribunales de Jesús María. Este es un reclamo de larga data, apoyado en diversas oportunidades por el Colegio de Abogados local.
Instamos a los municipios de Colonia Caroya y Sinsacate a socializar datos, a contribuir en la conformación de mesas de diálogo, desarrollo y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género, en articulación intermunicipal, con otras instituciones intermedias y convocando a las organizaciones sociales de la región; trabajando con los centros vecinales y centros educativos.
Por tales razones, solicitamos a los municipios de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate, así como a las Autoridades de las Departamentales Colón y Totoral de Policía, al Ayudante Fiscal de la Unidad Judicial de Jesús María, y a las autoridades de los Tribunales de Jesús María, a una audiencia donde se nos pueda recibir y allí, hacer extensivo un documento que recoge realidades y sugerencias que creemos necesarias de ser oídas.
Por todo lo dicho, demandamos un Estado presente, que dimensione la gravedad de la situación y sea consecuente con una realidad que nos está matando.
Por las mujeres asesinadas; por las que hoy están en peligro; por cada niño, niña y adolescente que se quedó sin madre; por cada amiga, hermana e hija; por Juana Valdez, por María Eugenia Cadamuro, por Wanda Navarro, por Verónica Tottis, por Melisa Moyano, exigimos:
Más Justicia
Más presencia
Más presupuesto
Más articulación
Queremos un Estado presente.
¡Esto no da para más!
Mesa de Derechos Humanos de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate, “Vivas nos queremos”, “La Colectiva”, mujeres y disidencias autoconvocadas de Jesús María, Colonia Caroya, Sinsacate, Villa del Totoral, y región.
8 de marzo de 2021.
