El
Observatorio
de
Salud
Mental
y
DD.HH.
de
la
UNC
reportó
que
la
inversión
para
los
programas
del
sector
sufren
desde
2015
un
ajuste
“permanente».
A
14
años
de
la
Ley
Nacional
y
Provincial
de
Salud
Mental,
continúa
el
reclamo
por
la
implementación
efectiva
de
ambas
legislaciones.
Este
año,
el
Observatorio
de
Salud
Mental
y
DD.HH.
de
la
UNC
reportó
que
la
inversión
para
los
programas
del
sector
sufren
desde
2015
un
ajuste
“permanente
y
bajo
cualquier
circunstancia
general”,
que
ya
supera
el
50%.
Córdoba
son
muy
tímidos
dichos
avances”,
dice
a
La
Nueva
Mañana
Solana
Yoma,
doctora
en
psicología,
docente
de
la
UNC
y
parte
del
Observatorio
de
Salud
Mental
y
Derechos
Humanos
de
la
Universidad
Nacional
de
Córdoba
(UNC)
que
este
año
reportó
que
la
inversión
en
los
programas
vinculados
a
salud
mental
y
consumos
problemáticos
en
la
provincia
sufrieron
un
ajuste
de
más
del
50%
en
el
presupuesto.
Desde
2015,
el
gasto
en
el
sector
“tiene
una
tendencia
a
la
baja
de
manera
permanente
y
bajo
cualquier
circunstancia
general”
plantea
el
informe.
Presupuesto
en
picada
El
estudio
sobre
los
avances
de
la
ley
de
Salud
Mental
en
Córdoba
en
medio
del
ajuste
fue
realizado
por
los
docentes
e
investigadores
de
la
UNC
Iván
Ase
y
Jaschele
Burijovich,
ambos
del
Instituto
de
Investigación
y
Formación
en
Administración
Pública
(IIFAP)
de
la
Facultad
de
Ciencias
Sociales,
quienes
analizaron
que
entre
el
2015
y
2024,
no
sólo
el
gobierno
provincial
no
asignó
nuevos
recursos
-lo
que
mantuvo
el
gasto
provincial
en
salud
mental
por
debajo
de
los
estándares
internacionales-,
sino
que
“tampoco
recondujo”
los
ya
asignados
hacia
dispositivos
orientados
por
la
Ley
26.657.
Es
decir,
que
ante
el
cierre
de
instituciones
monovalentes
-como
el
hospital
Vidal
Abal,
Hospital
Santa
María
e
Instituto
Provincial
de
Alcoholismo
y
Drogadicción
(IPAD)-,
en
vez
de
transformarlos
en
espacios
que
brinden
una
atención
integral
a
las
y
los
usuarios
de
los
servicios
de
salud
mental,
directamente
se
cerraron
sin
reasignar
esas
partidas.
En
esa
línea,
Ase
y
Brijovich
consignan
que
“la
evidencia
más
tangibles
del
espíritu
reformista
del
Gobierno
de
la
Provincia”
sería
la
apertura
de
“algunas
camas”
de
internación
para
salud
mental
en
hospitales
generales.
Algo,
sin
dudas,
insuficiente.
Por
lo
que
más
presupuesto
y
la
implementación
efectiva
de
la
ley,
siguen
en
espera.
La
salud
mental
como
hecho
comunitario
En
la
ciudad
de
Córdoba
hay
100
centros
de
salud,
pero
solamente
hay
24
psicólogos
y
psicólogas
trabajando
en
ellos.
Es
decir
que
solo
un
cuarto
de
la
población
de
Córdoba
puede
tener
atención
en
los
servicios
de
psicología
en
el
sector
público.
En
tanto,
que
los
trabajadores
sociales
son
menos:
para
todo
el
sistema
en
la
Ciudad
solo
hay
19
contratados.
“La
primera
atención
es
prioritario
que
se
refuerce
porque
muchos
padecimientos
de
personas
terminan
en
el
hospital,
pero
podrían
solucionarse
en
el
primer
nivel
de
atención,
en
los
centros
barrios,
dispensarios,
consultorios
barriales,
eso
es
mucho
menos
onerosos
que
sostener
una
estructura
hospitalaria
y
dejaría
los
hospitales
para
situaciones
que
requieren
mayor
complejidad”,
dice
a
La
Nueva
Mañana
Martín
Passini,
licenciado
en
Psicología
y
también
parte
del
Observatorio
de
Salud
Mental
y
DD.HH.
que
monitorea
las
prácticas
y
políticas
públicas
en
la
materia,
en
Córdoba.
En
ese
marco,
para
Passini
la
atención
en
salud
mental
en
el
primer
nivel
de
atención
“es
deficiente”
en
el
sentido
que
tiene
que
hacerse
no
solo
en
el
consultorio
sino
desplegando
una
serie
de
políticas
en
los
territorios:
“Los
equipos
hacen
todo
lo
mejor
posible,
pero
en
términos
de
estructuras,
asignación
de
recursos,
de
promoción
de
políticas
que
articulen
no
solo
en
la
salud
mental
sino
el
acceso
a
otros
derechos,
es
necesario
que
el
Estado
aplique
una
batería
de
políticas
que
refuercen
la
salud
mental
de
manera
transversal”.
En
esa
misma
línea,
Yoma
agrega
que
cuando
se
habla
del
primer
nivel
de
atención,
también
se
habla
de
la
necesidad
que
hayan
equipos
interdisciplinarios
completos
en
todos
los
territorios
para
poder
hacer
acompañamiento
en
estas
temáticas
de
salud
mental
en
las
condiciones
en
que
se
generan.
Para
ello,
también
es
vital
que
las
y
los
trabajadores
estén
bien
remunerados
y
que
las
condiciones
laborales
sean
dignas
ya
que
el
pluriempleo
al
que
se
someten
las
y
los
trabajadores
de
Salud
por
la
crisis
económica,
afecta
también
la
calidad
de
atención.
El
trabajo
en
salud
mental
requiere
además
mucho
compromiso,
mucha
presencia
y
mucho
acompañamiento
por
parte
de
los
profesionales,
los
cuales
muchas
veces
tienen
remuneraciones
por
abajo
de
la
línea
de
pobreza.
“Por
un
lado,
hay
una
idea
despolitizada
y
de
bienestar
individual
respecto
a
cómo
se
concibe
la
idea
de
salud
mental,
pero
hay
otra
perspectiva,
que
la
pensamos
como
una
construcción
profundamente
política,
que
tiene
que
ver
con
una
idea
de
que
el
malestar
es
colectivo
y
nos
atraviesa
como
sociedad
y
por
lo
tanto
está
vinculado,
no
solo
con
cuestiones
individuales,
con
los
microespacios
donde
cada
uno
se
mueve,
vive,
se
vincula
con
otros,
sino
también
con
el
espacio
social,
con
lo
político,
con
el
ejercicio
de
derechos»,
dice
Passini
y
agrega
es
importante
pensar
a
la
salud
mental
como
un
derecho
que
se
entrelaza
y
construye
en
ese
tejido
de
ejercicio
de
otros
derechos
como
el
económico
sociales,
culturales.
Se
entiende
que
el
malestar
vinculado
a
la
vida
social,
a
la
situación
económica,
política,
a
la
proliferación
de
los
discursos
que
excluyen,
de
discursos
y
políticas
que
producen
odio,
miedo,
alejamiento,
desconexión
entre
las
personas,
impacta
en
las
condiciones
de
salud
mental
de
las
personas.
“Por
lo
tanto,
creemos
que
la
intervención
necesaria,
posible,
no
se
tiene
que
limitar
a
la
individual
si
no
que
tiene
que
estar
pensando
desde
una
construcción
también
colectiva”,
subraya
el
psicólogo.
“Manicomios”
y
la
vulneración
de
derechos
“El
plazo
para
la
sustitución
de
los
manicomios,
de
acuerdo
a
la
ley,
era
el
año
2020
y
estamos
a
2024
y
siguen
existiendo
instituciones
manicomiales
públicas
y
privadas
en
la
provincia
donde
suceden
gravísimas
vulneraciones
a
los
derechos
humanos
de
las
personas”,
plantea
Yoma
y
agrega
que
ahí
surge
otro
reclamo
que
tienen
que
ver
con
las
vulneraciones
de
derechos
de
las
personas
internadas
y
sobre
todo
de
situaciones
que
configuran
torturas
y
tratos
crueles,
inhumanos
y
degradantes
que
producen
en
estas
instituciones
y
que
incluso
han
acabado
con
la
vida
de
algunos
jóvenes
u
otras
personas
que
estaban
internadas.
Tal
como
es
el
caso
de
Ezequiel
Castro
de
21
años,
por
ejemplo,
que
murió
hace
ocho
meses
luego
de
pasar
por
el
Centro
Psico
Asistencial
(CPA)
-que
depende
de
la
Secretaría
de
Salud
Mental-,
donde
recibió
maltratos
y
su
cuerpo
presentaba
signos
compatibles
con
tortura.
Por
esta
causa,
hay
cerca
de
26
personas
investigadas
entre
personal
de
salud
y
de
las
fuerzas
de
Seguridad,
ya
que
su
detención
ocurrió
bajo
un
procedimiento
dudoso.
A
la
lista,
se
suma
el
caso
de
Matías
Mariño,
quien
tras
ser
alojado
en
el
CPA,
terminó
en
estado
vegetativo.
Antes
de
eso,
le
contó
a
su
familia
que
recibió
malos
tratos,
sobremedicalización
y
torturas.
A
dos
años
de
lo
ocurrido,
Matías
no
habla,
no
puede
comer
por
sus
propios
medios
ni
moverse
de
la
cama,
sigue
necesitando
costosos
tratamientos
que
apenas
está
recibiendo
porque
su
familia
no
puede
costearlos.
Por
otro
lado,
Dolores
Sepúlveda
Broky,
de
45
años,
murió
mientras
estaba
internada
en
el
Neuropsiquiátrico
de
barrio
Juniors,
en
noviembre
de
2023
en
circunstancia
que
hasta
el
día
de
hoy
ni
el
hospital
ni
la
Justicia
han
podido
explicar
y
cinco
meses
antes
de
esa
muerte
murió
el
9
de
junio
de
ese
año,
Julieta
Amaya,
de
27
años.
Su
fallecimiento
fue
en
el
Neuropsiquiátrico
de
Córdoba
mientras
estaba
esposada
y
con
custodia
policial.
Estás
sólo
son
algunas.
“Muchas
de
las
muertes
no
son
investigadas
y
al
ocurrir
en
instituciones
de
encierro,
sobre
personas
que
estaban
privadas
de
su
libertad,
el
Estado
es
responsable
porque
esas
personas
estaban
a
su
cuidado.
Por
lo
tanto,
desde
el
Colectivo
que
organiza
la
Marcha
por
el
Derecho
a
la
Salud
Mental
-que
se
realizó
este
viernes
en
Córdoba-
reclamamos
que
cesen
las
situaciones
de
violencia
y
abuso
en
estas
instituciones
sino
también
que
se
puedan
investigar
estos
casos
y
pueda
haber
justicia
por
las
personas
que
sufrieron
terribles
atrocidades
en
las
internaciones
de
salud
mental”,
cierra
Yoma.
Eso
también
puede
dar
paz
y
salud
mental
a
las
familias
que
no
son
escuchadas
y
siguen
reclamando
justicia.
