Unidos Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley Orgánica de «Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y la Adolescenci»a, con la que pretende prohibir toda clase de violencia ejercida a los niños, por leve que sea.
La proposición de Ley tiene además como objetivo generar un cambio cultural, y que ciertas formas de violencia hacia los niños, como el azote o la bofetada, no sean vistas como métodos educativos o formas lícitas de corregir un comportamiento. Así mismo, la norma establece la obligación de denunciar cualquier tipo de violencia ejercida hacia los menores.
Proteger a los menores de la violencia
El Gobierno dispone, desde la etapa de Mariano Rajoy, de un documento elaborado por Save the Children y la Cátedra Santander de Derecho y Menores, donde se propone una ley de protección integral contra la violencia en la infancia.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez está trabajando en ello, aunque de momento no ha dado plazos, por lo que Unidos Podemos ha decidido presentar una nueva propuesta que ha puesto a disposición del Gobierno, con el fin de agilizar la entrada en vigor de esta ley.
«Ahora es impensable que alguien pueda decir que ha pegado un bofetón a su novia, a su chica o a su mujer, y en cambio esa misma afirmación trasladada a un niño o una niña no causa ningún tipo de impacto o no interpela a la persona que lo escucha», ha indicado la coordinadora del equipo que ha elaborado el texto, Violeta Assiego, experta en análisis, investigación y comunicación de temas relacionados con los derechos humanos de colectivos vulnerables.
«Nuestro objetivo es que esta proposición de Ley sea tomada en consideración por el Gobierno para que antes de que acabe esta legislatura, tengamos una ley integral que nos de un marco general de actuación y nos permita asegurar un cambio cultural en nuestro país, que haga que la violencia hacia los niños ya no sea tolerable» – manifestaba en rueda de prensa Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos.
Estas son algunas de las medidas que incluye la proposición de ley de Podemos:
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La obligación de todo funcionario público o de cualquier persona en contacto con niños de denunciar los casos de violencia ejercida contra ellos.
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Que los delitos de agresión sexual a menores empiecen a computar a partir de que estos cumplan 30 años, y están dispuestos a elevar la cifra a 50 años o a hacer que este tipo de delitos no prescriban.
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Incluye nuevas formas de violencia, como la que se genera en Internet o la violencia institucional, por ejemplo, la generada a partir del hacinamiento en centros de menores.
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Incluir como víctimas a los menores cuyas madres sufren violencia de género.
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El establecimiento de una figura de acompañamiento social que haga más amable el proceso judicial para el menor víctima de violencia.
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La creación de un registro online de casos de violencia contra menores, así como de una línea telefónica abierta 24 horas para atender a los niños que sufren violencia.
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Propone que la Justicia se adapte a los niños y adolescentes, estableciendo la prueba preconstituida como único requisito, es decir, que un menor solo declare una vez en un juicio y esto sea suficiente para todo el procedimiento.
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La creación de la figura de un comisionado para los derechos humanos de la infancia y adolescencia, con regulación específica y elegido por la ciudadanía.
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Dotar a los centros escolares de protocolos de actuación y formación específica al profesorado para detectar y atender los casos de violencia entre los alumnos.
Según datos publicados por Save The Children, sólo un 15% de los casos de violencia sexual contra niños y niñas se denuncia; uno de cada dos abusos sexuales en España son contra menores de edad; uno de cada diez estudiantes afirma ser víctima de acoso escolar; y decenas de niños y niñas pierden la vida cada año por causas directamente relacionadas con la violencia.
Tomar medidas es urgente y necesario, por lo que ojalá muy pronto la Ley contra la violencia en la infancia se convierta en una realidad.
Un cambio de mentalidad social
Pero además, la aprobación de esta Ley llevaría aparejado un cambio de mentalidad en la sociedad, algo que se necesita con urgencia pues aún hoy hay gente que defiende el autoritarismo y el castigo físico como una forma de educar a los hijos.
Entre las razones que se dan para apoyar este método está la clásica frase «se ha hecho toda la vida y no hemos salido tan mal». Pero pegar a alguien nunca es lícito, y si la sociedad tiene asumido que la violencia entre adultos debe ser denunciada y castigada, ¿por qué se sigue haciendo la vista gorda cuando esta es ejercida contra los menores?
El hecho de enseñar a los niños unos límites, educarles en lo que está bien y lo que no es correcto, o mostrarles las consecuencias de sus actos, no debería hacerse recurriendo a los castigos, los cachetes ni las amenazas. Hacerlo implica que, como adulto, has perdido el control de la situación y te sientes incapaz de resolverla de una forma verdaderamente educativa y positiva.
Por otro lado, la ciencia ha concluido que los azotes o los cachetes no sólo no son un método educativo sino que tienen múltiples efectos negativos en los niños, haciendo que aumenten las probabilidades de convertirse en personas desafiantes, antisociales y agresivas, además de ocasionarles problemas de salud mental y dificultades cognitivas.
Ojalá la sociedad comience a tomar conciencia de lo que realmente implican los castigos físicos hacia los niños, y se dejen de justificar este tipo de comportamientos.
Pero además, pegar es delito
Suecia fue el primer país en prohibir específicamente los castigos físicos y el maltrato a menores. Desde entonces, alrededor de 50 países han seguido sus pasos, incluyendo España.
En nuestro país pegar a un niño es delito, y así lo recoge el Código Penal en su artículo 153, donde sanciona explícitamente todo tipo de violencia ejercida en el hogar contra los niños con «pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad».
Sin embargo, la Ley no es del todo tajante y también contempla que los padres, en casos justificados, puedan ejercer su derecho de corrección. En este sentido, hace algo más de un año conocimos el caso de una madre que había sido absuelta por un juez por darle un bofetón a su hija de 11 años, por considerar que «estaba justificado».
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Vía | Europa Press