Si algo nació mal y murió peor, son los puentes del ferrocarril. La mayoría de los vecinos se preguntó en algún momento: Son necesarios? Pregunta a la que el tiempo dio la respuesta, porque vivimos seis años sin necesidad de esos puentes y con los armazones colgando.
Vayamos al principio. La razón de no estar terminados, es simple, nunca estuvieron autorizados su construcción. El expediente N° S02:0010093/2014 (nótese el año) del Ministerio de Transporte de la Nación, lleva la caratula de pedido de autorización para construir puentes.
Es decir, podían aprobarse o rechazarse, pero el deber del funcionario público era no empezar a construir, ni emplazar hasta estar aprobado por el ministerio.
Hoy no se puede argumentar que se puede terminar algo nunca se permitió. Mucho más cuando salió la resolución N° RESOL-2018-120-APN-SECGT#MTR de Agosto de 2018, que resuelve: Artículo 1°. – Rechazase la solicitud de aprobación de la Municipalidad de Marcos Juárez y da motivos insalvables.
Más grave es cuando el Artículo 3° de la resolución establece: “…en caso que la construcción del cruce ferrovial referido… ….haya sido total o parcialmente ejecutada, adopte las medidas sancionatorias correspondientes.”
En definitiva, un funcionario que cumpliera con sus deberes, no debía hacer nada sin autorización. Se entiende?. No hace falta trabajar en el poder judicial para buscar en el código penal esas palabras “funcionarios”, “deberes” “incumplimiento”. En todo caso pruebe con google y posiblemente encuadre en alguna tipología de delito.
Dejaron una obra sin terminar, con mucho por gastar y sin autorización. Es imposible que otro gobierno distinto se inmole en llevar adelante una obra costosa e innecesaria. No le pueden pedir a otro gobierno, algo que ellos no fueron capaces de hacer.
Si además de un incumplimiento de deberes de funcionario público, existe perjuicio económico, el tema es bastante más escandaloso. Ésta propuesta de venta de los hierros con los que se quería hacer un puente (o sea, bienes muebles en desuso, porque nunca fue un puente), deja al descubierto la magnitud del gasto indebido.
Si pensamos cuanto cuesta desmontar, trasladar y/o desarmar esas estructuras, lo barato es caro. La aparición de un comprador se la debemos a un marcosjuarense que ahora vive en Cosquín (Patricio Gutierrez), a quien se le ocurrió esta idea y junto con el gobierno de la provincia e ingeniería del ejercito, hacen posible el negocio, de lo contrario seguirían siendo parte de nuestro paisaje varios lustros más.
El precio disminuye un poco tremendo perjuicio y pone claridad en cuanto perdimos y de cuanto nadie se va a hacer cargo. Por los terrenos que se vendieron (ex productiva), Tramita en Bell Ville la denuncia que naufraga de la manera que “la justicia” trata éstos casos, con pocas esperanzas que alguna vez se conozca la verdad.
Por ésta obra fallida y en ruinas no existe actuación en el poder judicial, y ahora con la venta de los rezagos, se torna totalmente evidente de que se ha mal gastado fondos públicos.
Como pinta la cosa, esto va a quedar totalmente impune, aún cuando por calle Lardizábal están tanto los Tribunales como los pedazos del abandonado puente, como en una avenida de injusticia y el escándalo.
