Los expertos ya avisaban: una vez terminada la pandemia, habrá que hacer frente a todos los desafíos económicos que la crisis sanitaria ha provocado. Por encima de todos, las empresas se enfrentan a un aumento de la morosidad que puede dejarlas en quiebra técnica si no se ataja correctamente.
España es uno de los países más pesimistas con respecto al futuro de sus empresas. No en vano, según el último Informe Europeo de Pagos de Intrum, se ha incrementado en 38 puntos porcentuales el número de entidades españolas que cree que el riesgo financiero de los clientes más vulnerables crecerá en los próximos 12 meses.
Una visión que se ha disparado a raíz de la pandemia. Si antes de la crisis sanitaria, tan solo el 10 por ciento de las organizaciones tenía esa percepción, ahora ese porcentaje se ha incrementado hasta el 48 por ciento. Es decir, casi la mitad de las empresas españolas no augura un buen futuro a sus compromisos de pagos y cobros.
Con respecto a aquellas organizaciones que creen que el escenario futuro será similar al de meses precedentes, donde el riesgo de aquellos clientes con pagos pendientes se mantiene sin variaciones, el porcentaje ahora es del 32 por ciento, frente al 75 por ciento de antes de la COVID-19.
A la cabeza de Europa
Esta situación coloca a España entre los cinco países europeos en los que más empresas están convencidas de que el riesgo deudor aumentará en los próximos 12 meses. Al mismo nivel que nuestro país se sitúa Noruega (48 por ciento), y encabezan el ranking República Checa (70 por ciento), Italia (65 por ciento), Portugal (54 por ciento) y Bélgica (49 por ciento).
España se sitúa por encima de países como Reino Unido (46 por ciento), Alemania (42 por ciento) y Francia (35 por ciento).
Los motivos que explican este cambio de percepción
No hay una sola explicación que sirva para reforzar este argumento. La restauración, el turismo y el ocio han sido los sectores que han sido especialmente afectados por los problemas de liquidez y de deuda. Además, en su mayoría son microempresas, que cuentan con un menor músculo financiero que las medianas y grandes empresas.
Tampoco ha ayudado la incertidumbre transmitida por las administraciones públicas en torno a la canalización de las ayudas directas, muchas de las cuales aún no han sido cobradas. Además, hay una tensa calma por la finalización de las ayudas, especialmente los ERTEs y el cese de actividad. Esta situación podría incluso acentuarse en unos meses y provocar un aumento considerable de la morosidad cuando se desactiven algunas de las medidas actuales.
