Jesús María. La Mesa de Enlace Córdoba se reunió en esta ciudad con legisladores nacionales del bloque Juntos por el Cambio.
El encuentro se llevó a cabo en uno de los salones del predio de la Sociedad Rural de Jesús María en B° Malabrigo.
El objetivo fue exponerles a los funcionarios nacionales la creciente preocupación del sector por las derivaciones que pudiera ocasionar la expropiación de la empresa Vicentín.
En representación de La Rural, participaron Luis Magliano, Álvaro Gómez Pizarro, Pablo Martínez y Bibiana Rosa.
Por la Mesa de Enlace Córdoba estuvieron Gabriel De Raedemaeker (CRA), Javier Rotondo (CARTEZ), Alejandro Buttiero (CONINAGRO), Agustín Pizzichini (FAA) y Guillermo Vitelli (SRA).
Y asistieron los Diputados y Senadores de Juntos por el Cambio: Mario Negri, Luis Juez, Héctor Baldassi, Gabriel Frizza, Diego Mestre, Soledad Carrizo, Soher El Sukaria, Víctor Romero, Adriana Ruarte, Leonor Martínez, Brenda Austin, Ernesto Martínez, y Laura Rodríguez.
Al cabo de la reunión, el diputado Gabriel Frizza publicó en su cuenta de Facebook: “Los diputados nacionales por Córdoba de Juntos por el Cambio estamos muy preocupados por el avance del Gobierno nacional sobre el sector privado productivo, a través del proyecto de expropiación de la empresa Vicentín que lleva adelante el Presidente Alberto Fernández. Por eso nos reunimos en Jesús María con miembros de la Mesa de Enlace Córdoba y la Sociedad Rural de Jesús María para ver cómo paramos este atropello, que es además una pésima señal hacia el mundo cuando más necesitamos generar confianza e inversiones”.
El martes de la semana pasada, CARTEZ había hecho una convocatoria los legisladores nacionales por Córdoba para “ponerle un límite a este avasallamiento” y “que no acompañen con su voto este manotazo sobre la propiedad privada, que puede sentar graves precedentes”.
Y aumentaban la apuesta: “Es imprescindible entonces que los legisladores cordobeses, más allá del signo político, manifiesten una encendida defensa de los intereses de la provincia en cuanto a la producción agropecuaria y no avalen la posibilidad de una distorsión de mercados transparentes”.
Los diputados Pablo Carro, Paulo Cassinerio, Gabriela Estevez, Eduardo Fernández, Carlos Gutierrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo y el Senador Eduardo Caserío no asistieron a la reunión de este lunes. Sólo Eduardo Fernández justificó su postura por nota (ver aparte).
El viernes, la Sociedad Rural había adelantado el tenor de la reunión en un comunicado y no dejaba dudas de su postura política al respecto. El texto completo es:
“La decisión del Gobierno Nacional de intervenir la firma Vicentín no hace más que aumentar nuestra preocupación y confirmar nuestros dichos recientes. De efectivizarse su expropiación, el impacto sería nocivo no sólo para nuestro sector, sino también para el comercio en general.
Los productores conocemos perfectamente la situación de la compañía y lo que la ha llevado a este desenlace. Pero el punto no es defender a Vicentín, sino advertir el modo en que el Ejecutivo está manejando esto. Si el argumento es que los productores puedan cobrar, pues deberíamos atenernos a la Justicia y a la legislación vigente de concursos y quiebras. Se supone que sólo un juez puede disponer la intervención de una sociedad comercial.
En primera instancia, rechazamos que el Ejecutivo eluda la postura del Gobierno de Santa Fe. En segundo lugar, nos preguntamos si la “soberanía alimentaria” será la misma que nos llevó a importar trigo y perder diez millones de cabezas. Sepan señores gobernantes que en el país somos miles los productores que, con nuestro trabajo diario, contribuimos a la soberanía alimentaria. Generamos riquezas en el marco de la ley y aportamos a las arcas del Estado el mayor ingreso de divisas de su historia.
Lo que necesitamos es defender el contrato social expresado en nuestra Constitución Nacional. Si la seguridad jurídica entra en riesgo, ¿quiénes se animarán a invertir? Al mercado de granos no le hace falta un testigo para garantizar su transparencia. Consideramos que la solución no es la intervención y mucho menos la implementación de estrategias ruinosas como el desdoblamiento cambiario.
Por ésta y otras razones, la SRJM se declara en estado de alerta permanente junto a sus socios. Velaremos por nuestros derechos y la propiedad privada, buscando el apoyo de la sociedad, las fuerzas vivas y representantes de diversos estamentos.
La Sociedad Rural de Jesús María ve con suma preocupación la intervención del Estado al Grupo Vicentín. Consideramos que debería ser la Justicia –y no el Ejecutivo- el Poder encargado de canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos.
A través de este DNU, el Gobierno Nacional no hace más que quebrantar la división de poderes. Se supone que sólo un juez puede disponer la intervención de una sociedad comercial. Pensemos entonces en tantas otras empresas en la misma situación. ¿En qué nos convertiríamos en un futuro?
Señores: están conculcando nuestros derechos. No sólo es un alzamiento contra la Ley, sino un avasallamiento a la empresa concursada. La historia nos demuestra que las expropiaciones –y todo intento similar- no dan buenos resultados, sino todo lo contrario.
No puede ser que, en nombre de la “soberanía”, los argentinos terminemos costeando con nuestros impuestos compañías totalmente deficitarias en las cuales los ciudadanos somos socios sólo en las pérdidas. En conclusión: estamos convencidos de que el mercado granario es lo suficientemente legítimo, transparente y auditable como para requerir del Estado su intervención. ¡No vayamos por ese camino!».
15-06-2020
