Llega
el
verano,
y
muchos
europeos
(a
uno
y
otro
lado
de
los
Pirineos)
buscan
refrescarse
en
piscinas.
Sin
embargo,
estas
instalaciones
pueden
traer
bajo
el
brazo
complicaciones
con
el
fisco…
por
obra
y
gracia
de
las
nuevas
tecnologías.
mejorar
la
SEGURIDAD
EN
INTERNET:
VPN,
DNS
y
páginas
con
HTTPS
El
caso
de
Daniel
y
su
piscina
desmontable
Daniel,
vecino
de
una
región
al
norte
de
París,
decidió
aliviar
el
calor
veraniego
invirtiendo
en
una
piscina
desmontable.
Su
piscina,
aunque
no
permanente,
tampoco
era
pequeña:
10
metros
de
largo,
5
de
ancho
y
1,30
metros
de
profundidad,
con
capacidad
para
54.368
litros
de
agua.
Esta
estructura
la
montó
sobre
una
base
de
hormigón
en
su
jardín,
destinada
a
almacenar
leña
durante
el
invierno.
Consciente
de
que
en
Francia,
al
igual
que
en
España,
las
nuevas
construcciones
deben
registrarse
para
el
Impuesto
de
Bienes
Inmuebles
(IBI),
Daniel
eligió
una
piscina
que,
en
teoría,
no
superaba
los
límites
para
considerarse
un
bien
inmueble.
Pese
a
sus
precauciones,
Daniel
recibió
una
notificación
del
catastro
francés,
informándole
que
una
detección
automática
había
identificado
su
piscina
no
declarada.
Esta
debía
regularizarse,
lo
cual
aumentaría
su
IBI.
Aunque
todo
parecía
indicar
que
su
piscina
cumplía
con
la
normativa,
su
caso
quedó
en
un
limbo
legal,
dejando
en
manos
de
un
organismo
arbitral
la
decisión
final.
Pero
casos
como
éste
no
son
exclusivos
de
Francia.
Francia:
Skynet
no
destruirá
el
mundo…
nos
coserá
a
impuestos
Francia
dio
hace
dos
años
un
paso
significativo
en
la
fiscalización
de
propiedades
con
el
uso
de
tecnología
de
inteligencia
artificial
para
detectar
piscinas
y
otras
estructuras
no
declaradas.
Pero
esta
iniciativa
no
sólo
ha
generado
un
aumento
considerable
en
la
recaudación
de
impuestos…
también
ha
generado
debates
sobre
el
derecho
a
la
privacidad.
Nuestros
vecinos
franceses
implementaron
un
sistema
que
combina
imágenes
aéreas
proporcionadas
por
el
Instituto
Nacional
de
Información
Geográfica
y
Forestal
(IGN)
con
algoritmos
de
IA
desarrollados
en
colaboración
con
Google
y
Capgemini.
Este
sistema
permite
identificar
anomalías
en
las
propiedades
al
comparar
las
imágenes
aéreas
con
los
datos
declarados
por
los
contribuyentes.
La
tecnología
de
IA
utilizada
se
basa
en
algoritmos
de
aprendizaje
automático
capaces
de
reconocer
patrones,
como
la
forma
y
el
tamaño
de
las
piscinas,
en
las
imágenes
aéreas.
Estas
detecciones
son
luego
verificadas
por
humanos
antes
de
realizar
notificaciones
a
los
propietarios.
Sin
ir
más
lejos,
el
año
pasado
el
uso
de
esta
tecnología
reveló
140.000
piscinas
no
declaradas,
una
cifra
que
representa
un
aumento
de
700%
en
comparación
con
las
20.000
piscinas
descubiertas
en
2022.
Este
incremento
ha
resultado
en
una
recaudación
adicional
de
40
millones
de
euros
en
impuestos
sobre
la
propiedad.
Aunque
las
piscinas
han
sido
el
objetivo
principal,
la
Hacienda
francesa
está
ampliando
su
alcance
para
incluir
otras
estructuras
no
declaradas,
como
extensiones
de
viviendas
y
grandes
cobertizos.
¿Y
en
España?
En
España,
las
normativas
locales
sobre
piscinas
desmontables
son
similares
a
las
francesas.
Aunque
las
piscinas
desmontables
de
menos
de
5
m³
están
exentas
del
IBI,
aquellas
de
mayor
tamaño
pueden
encontrarse
en
una
zona
gris
sujeta
a
interpretaciones
locales.
Es
crucial
consultar
las
regulaciones
específicas
del
municipio
para
evitar
sorpresas.
Desde
2013,
el
Catastro
Inmobiliario
español
ha
venido
utilizando
imágenes
por
satélite
y
drones
para
detectar
nuevas
construcciones
y
piscinas
no
declaradas.
Estos
métodos
permiten
identificar
estructuras
ocultas
en
patios
y
jardines,
aunque
no
están
exentos
de
errores,
pudiendo
confundir
piscinas
desmontables
grandes
con
piscinas
fijas.
En
2020,
se
detectaron
miles
de
piscinas
no
regularizadas
sólo
en
Galicia
y
Madrid.
Al
detectar
una
infraestructura
no
declarada,
el
Catastro
notifica
al
propietario,
quien
tiene
15
días
para
regularizar
la
situación.
Esto
incluye
proporcionar
pruebas
y
presentar
alegaciones
para
evitar
que
una
piscina
desmontable
se
considere
fija,
lo
que
podría
incrementar
el
IBI
entre
un
5%
y
un
15%.
Otro
ejemplo
de
monitorización
tecnológica
de
piscinas
en
España
Hace
10
meses,
la
persistente
sequía
que
afectó
a
Cataluña
llevó
a
varios
ayuntamientos
a
adoptar
una
medida
tan
innovadora
como
polémica
para
asegurar
el
cumplimiento
de
las
restricciones
de
agua:
recurrir
al
uso
de
drones
para
detectar
y
multar
el
llenado
de
piscinas.
Este
fue
el
caso,
por
ejemplo,
del
municipio
de
Calafell,
en
la
comarca
del
Bajo
Penedés,
implementó
un
sistema
de
vigilancia
aérea
con
drones
para
monitorizar
aproximadamente
2.500
piscinas
particulares,
ante
la
alegada
imposibilidad
de
recurrir
a
la
mera
vigilancia
terrestre.
La
medida
buscaba
controlar
que
no
se
infrinja
la
normativa
que
prohíbe
el
llenado
de
piscinas
con
agua
dulce
debido
a
la
escasez
de
agua.
Según
el
ayuntamiento,
los
drones
solo
operan
durante
el
día
y
las
imágenes
captadas
que
incluyan
a
personas
serán
eliminadas
para
proteger
la
privacidad.
Son
numerosos,
sin
embargo,
los
expertos
en
derecho
que
se
pronunciaron
en
su
momento
contra
esta
clase
de
medidas,
alegando
que
la
normativa
de
protección
de
datos
es
aplicable
cuando
las
imágenes
captadas
permiten
la
identificación
de
personas,
y
que,
de
hecho,
cualquier
prueba
obtenida
mediante
drones
podría
ser
considerada
inadmisible
en
un
tribunal
si
no
se
cuenta
con
una
autorización
judicial
previa,
a
menos
que
se
trate
de
un
delito
flagrante.
Imagen
|
Marcos
Merino
mediante
IA
En
Genbeta
|
Descubren
una
inteligencia
artificial
capaz
de
controlar
todo
lo
que
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