Cloudflare
y
RootedCON
perdieron
hace
unos
días
su
primer
asalto
contra
los
bloqueos
masivos
de
IPs
ordenados
por
LaLiga.
La
reciente
negativa
judicial
a
la
petición
de
nulidad
presentada
por
ambas
entidades
nos
ha
llevado
a
hablar
con
Román
Ramírez,
director
general
de
RootedCON
(asociación
organizadora
del
congreso
de
ciberseguridad
homónimo),
para
saber
más
sobre
los
motivos
enarbolados
por
el
juez…
y
sobre
los
siguientes
pasos
que
piensan
dar.
mejorar
la
SEGURIDAD
EN
INTERNET:
VPN,
DNS
y
páginas
con
HTTPS
La
no-nulidad
del
bloqueo
Tras
la
resolución
judicial
que
obligaba
a
varios
operadores
de
telecomunicaciones
—entre
ellos
Vodafone,
Orange
y
Telefónica—
a
bloquear
el
acceso
a
determinados
dominios
web
para
evitar
la
difusión
de
eventos
deportivos,
RootedCON
decidió
presentar
una
petición
de
nulidad
de
esa
orden
judicial.
¿El
motivo?
Porque
esos
bloqueos
están
afectando
a
terceros
(gente
y
proyectos
que
no
tienen
nada
que
ver
con
el
fútbol
ni
con
su
difusión
no
autorizada)
y,
por
tanto,
vulneran
derechos
fundamentales.
Para
apoyar
su
postura,
RootedCON
elaboró
un
informe
técnico
donde
se
explicaban
estos
perjuicios.
Pero
el
juez
rechazó
la
petición,
negando
el
valor
probatorio
del
informe…
y
argumentando
que
RootedCON
no
es
una
parte
directamente
afectada
en
el
caso
y,
por
tanto,
no
tiene
derecho
a
recurrir.
El
juez
alega
que
RootedCON
no
estaba
legitimada
para
actuar
como
parte
afectada: «Mentira,
porque
nosotros
hemos
sido
afectados
por
los
bloqueos»,
contesta
Ramírez
Las
operadoras,
en
el
ajo
Uno
de
los
puntos
más
controvertidos
en
el
desarrollo
del
caso
ha
sido
la
intervención
de
Vodafone:
que
antes
de
que
el
juez
tomara
una
decisión,
se
personó
para
rechazar
la
presencia
de
RootedCON
en
el
proceso
legal:
la
operadora
sostenía,
ahora
con
el
respaldo
del
juez,
que
los
únicos
legitimados
para
impugnar
la
sentencia
eran
las
operadoras
que
fueron
denunciadas
en
su
momento
por
LaLiga
y
Telefónica.
Sin
embargo,
ellos
mismos
no
han
presentado
su
propia
solicitud
de
nulidad. «Con
lo
que
Vodafone,
de
facto,
lo
que
está
diciendo
es
que
los
operadores
están
de
acuerdo
con
que
les
obliguen
a
bloquear».
Antes
de
llegar
al
Constitucional
En
opinión
de
Ramírez,
el
uso
del
poder
económico
para
limitar
libertades
esenciales
constituye
un
peligroso
precedente:
«LaLiga
defiende
un
derecho
legítimo,
el
de
proteger
su
propiedad
intelectual.
Pero
es
un
derecho
de
menor
rango
frente
a
los
derechos
fundamentales
que
se
están
vulnerando
aquí».
«El
juez
hace
referencia
al
tema
del
dolo,
al
de
ser
afectados
o
no…
pero
no
hace
referencia
al
tema
de
los
derechos
de
libertad
de
prensa
y
libertad
de
expresión».
Por
ello,
su
abogado
ha
presentado
una
consulta
al
juez
para
que
matice
y
aclare
si
esos
dos
derechos
están
incluidos
en
su
rechazo
a
la
solicitud.
«Una
vez
hayamos
cumplido
esa
formalidad
(porque
es
una
formalidad,
porque
sabemos
lo
que
va
a
contestar
el
juez),
creo
que
el
juez
tiene
como
unas
15
días
para
contestar,
y
posteriormente
será
cuando
presentemos
al
Constitucional
el
recurso
de
amparo».
«El
juez
se
ha
retratado
claramente
en
la
sentencia
y
ya
sabemos
todos
a
qué
atenernos.
Así
que
habrá
que
pedir
amparo
al
Constitucional,
porque
esto
ya
no
tiene
que
ver
realmente
con
un
tema
de
pérdida
de
conexión
por
Internet
o
de
neutralidad
de
la
red,
sino
que
aquí
están
en
juego
derechos
fundamentales».
Más
allá
del
Constitucional
«No
tengo
claro
cómo
va
a
terminar
esto
en
el
Constitucional»,
reconoce
Ramírez,
con
lo
que
ya
tiene
la
vista
puesta
en
la
posibilidad
de
una
siguiente
fase
basada
en
la
reivindicación ‘hacktivista’,
en
la
liberación
de «herramientas
técnicas
para ‘tocar
los
c*j*nes'»,
pero
siempre
dentro
de
la
más
estricta
legalidad.
En
ese
sentido,
nos
ha
revelado
que
los
gestores
de
los
dominios
.cat
ya
han
decidido
emprender
la
monitorización
de
todos
sus
websites:
«Cada
vez
que
pase
algo
[relacionado
con
los
bloqueos
de
LaLiga]
lo
van
a
reportar
y
lo
van
a
añadir
a
un
expediente,
para
luego
ir
por
la
vía
de
daños
y
perjuicios».
Pero
la
vía
jurídica
no
finaliza
en
el
Constitucional.
¿No
queda
siempre
la
opción
de
recurrir
a
la
justicia
europea
si
el
posicionamiento
de
nuestro
alto
tribunal
no
fuera
favorable?
«Es
muy
caro,
porque
tienes
que
recurrir
a
abogados
expertos
en
altas
instituciones
[…]
Si
tuviéramos
que
llevarlo
hasta
Europa,
es
posible
que
tuviéramos
que
cerrar
el
proyecto
porque
no
habría
dinero».
De
hecho,
Ramírez
ya
espera
perder
dinero
por
el
mero
hecho
de
ir
al
Constitucional: «a
algunos
patrocinadores
no
les
va
a
hacer
gracia
que
hagamos
este
tipo
de
cosas».
Esto
va
mucho
más
allá
del
fútbol
«Somos
cuatro
pelados
frente
a
empresas
que
facturan
cientos
de
millones»
y
Ramírez
admite
que
los
jueces,
ante
semejante
desequilibrio
de
poder,
tienden
a «atender
al
status
quo»
cuando
tienen
que
prestar
oído
a
una
interpretación
u
otra
sobre
temas
tecnológicos
que
no
comprenden.
(Durante
nuestra
conversación
al
respecto
sale
a
colación
el
famoso
caso
de
la
nunca
implementada
prohibición
de
Telegram
dictaminada
por
el
juez
Pedraz).
Pero
no
es
la
falta
de
pericia
técnica
de
los
magistrados
lo
que
más
le
preocupa: «tengo
la
sospecha
de
que
hay
intereses
más
profundos
detrás,
que
están
aprovechando
para
ver
hasta
dónde
pueden
llegar»,
afirma,
y
no
oculta
su
preocupación
por
la
posible
normalización
de
prácticas
de
censura
digital
encubierta
bajo
el
pretexto
de «combatir
la
piratería».
Para
Ramírez,
la
actual
ofensiva
política
contra
el
cifrado
y
el
anonimato
es
una
muestra
de
que
el
conflicto
va
más
allá
de
LaLiga
o
de
RootedCON:
«El
relator
especial
de
DDHH
de
la
ONU
lleva
17
años
afirmando
inequívocamente
que
el
anonimato
y
el
cifrado
son
esenciales
para
el
libre
ejercicio
de
la
libertad
de
expresión.
[…]Y
el
presidente
del
Gobierno
diciendo
que
hay
que
acabar
con
el
anonimato«.
«Están
intentando
asentar
una
nueva
realidad
donde
todo
el
mundo
acepte
que
tiene
que
permitir
que
le
exploren
el
tráfico».
Imagen
|
Fotomontaje
a
partir
de
ilustración
de ‘Astérix
y
Obélix’
En
Genbeta
|
Multazo
a
LaLiga:
un
millón
de
euros
por
el
uso
de
datos
biométricos
para
el
acceso
a
los
estadios
