A
finales
de
abril
una
exclusiva
del
Wall
Street
Journal
a
través
de
datos
satelitales
mostraba
una
serie
de
movimientos
estratégicos
del
ejército
ruso
sobre
enclaves
fronterizos.
Unos
días
antes,
el
New
York
Times
contaba
cómo
Finlandia
se
estaba
preparando
para
una
eventual
guerra.
Luego
fueron
los
países
bálticos
los
que
comenzaron
a
rodear
Rusia
con
600
búnkeres.
Ahora
todos
estos
países
han
dado
un
paso
inédito.
Una
sombra
del
pasado.
Durante
décadas,
las
minas
antipersona
marcaron
las
fronteras
del
bloque
soviético,
no
tanto
como
una
defensa
militar
eficaz,
sino
como
un
medio
brutal
de
evitar
la
huida
de
sus
ciudadanos
hacia
Occidente.
Tras
el
colapso
de
la
URSS,
la
comunidad
internacional
se
embarcó
en
una
compleja
y
laboriosa
campaña
de
desminado
que
culminó
con
la
firma
del
Tratado
de
Ottawa
en
1997,
respaldado
por
más
de
160
países.
Ocurre
que
ese
legado
de
desarme
humanitario,
que
parecía
sellado
para
siempre,
ahora
se
está
resquebrajando.
A
raíz
de
la
invasión
rusa
de
Ucrania,
cinco
países
europeos
(Polonia,
Finlandia,
Lituania,
Letonia
y
Estonia)
han
decidido
iniciar
el
proceso
legal
para
abandonar
el
tratado,
reabriendo
así
la
posibilidad
del
uso
sistemático
de
minas
antipersona
en
suelo
europeo.
Pragmatismo
militar.
La
decisión
no
implica
una
colocación
inmediata
de
minas
en
sus
fronteras,
pero
sí
marca
un
cambio
de
enfoque
drástico
y
cargado
de
implicaciones.
Durante
años,
las
doctrinas
militares
modernas
minimizaron
el
valor
táctico
de
estas
armas
en
conflictos
convencionales,
subrayando
su
carácter
indiscriminado
y
su
escasa
utilidad
frente
a
unidades
blindadas.
Sin
embargo,
la
guerra
en
Ucrania
ha
alterado
ese
razonamiento:
los
extensos
campos
de
minas
colocados
por
Rusia
fueron
uno
de
los
factores
decisivos
en
la
contención
de
la
contraofensiva
ucraniana.
Si
bien
no
detienen
una
división
mecanizada
por
sí
solas,
obligan
al
adversario
a
ralentizar
su
avance,
canalizar
sus
movimientos
y
gastar
recursos
valiosos
en
operaciones
de
limpieza,
ofreciendo
así
una
ventaja
defensiva
asimétrica
que
muchos
ahora
ven
como
irrenunciable.
Mina
antipersona
italiana
Valmara
69
Consecuencias
legales
y
morales.
El
Tratado
de
Ottawa
fue
más
que
un
pacto
militar
firmado
por
más
de
160
países
(importante:
sin
Rusia,
China
y
Estados
Unidos):
representó
un
hito
moral
en
la
historia
del
derecho
humanitario.
Su
éxito
permitió
reducir
el
número
de
víctimas
por
minas
de
más
de
20.000
al
año
en
los
años
noventa
a
cerca
de
3.500
en
la
actualidad.
La
salida
de
varios
países
europeos
no
solo
debilita
el
tratado
en
términos
prácticos,
sino
que
socava
la
arquitectura
jurídica
que
desde
el
final
de
la
Guerra
Fría
ha
buscado
humanizar
los
conflictos.
Para
muchos
activistas,
como
Mary
Wareham
de
Human
Rights
Watch,
esta
retirada
representa
una
peligrosa
grieta
en
un
consenso
que
también
protege
contra
armas
químicas,
biológicas
y
nucleares.
En
sus
palabras,
una
vez
que
la
idea
de
abandonar
acuerdos
internacionales
gana
legitimidad,
es
difícil
frenar
el
efecto
dominó.
Lo
que
está
en
juego
no
es
solo
un
arma,
sino
el
principio
mismo
de
que
hay
límites
en
la
guerra,
aclara.
Golpe
al
corazón
de
Europa.
La
presión
sobre
los
gobiernos
ha
sido
intensa
y
transversal.
En
Finlandia,
cuyo
parlamento
votó
por
amplia
mayoría
a
favor
de
abandonar
el
tratado,
incluso
legisladores
contrarios
a
las
minas
reconocen
que
el
temor
a
una
invasión
rusa
ha
alterado
las
prioridades
de
seguridad
nacional.
La
frontera
terrestre
de
1.300
kilómetros
con
Rusia,
unida
a
una
historia
marcada
por
guerras
con
Moscú,
ha
generado
una
sensibilidad
particular
que
ha
dado
alas
a
propuestas
que
hace
apenas
cinco
años
habrían
sido
impensables.
El
detonante
político,
sin
embargo,
vino
de
Lituania,
donde
el
entonces
ministro
de
Defensa,
tras
visitar
Ucrania,
afirmó
que
la
prohibición
de
las
minas
estaba
obstaculizando
la
defensa
frente
a
Rusia.
A
partir
de
ahí,
la
idea
se
propagó
entre
los
aliados
más
expuestos
geográficamente.
Solo
Noruega,
entre
los
países
con
frontera
directa
con
Rusia,
ha
reiterado
su
compromiso
firme
con
el
tratado.
El
pasado
como
advertencia.
Ucrania,
firmante
del
tratado
en
2006,
había
mantenido
en
reserva
más
de
tres
millones
de
minas.
La
frustración
tras
el
fracaso
parcial
de
su
contraofensiva,
junto
al
uso
masivo
de
minas
por
parte
de
Rusia,
llevó
al
gobierno
de
Zelensky
a
reconsiderar
su
postura.
De
hecho,
el
presidente
anunció
este
mes
formalmente
la
salida
del
tratado,
argumentando
que
no
se
podía
combatir
una
amenaza
existencial
con
una
mano
atada
por
tratados
que
Moscú
nunca
firmó
ni
respetó.
Estados
Unidos,
aunque
tampoco
es
parte
del
tratado,
había
mantenido
restricciones
al
uso
de
minas,
pero
las
levantó
parcialmente
para
suministrar
a
Ucrania.
Esto
ha
marcado
una
ruptura
tácita
con
décadas
de
esfuerzos
diplomáticos
y
de
desarme.
Para
muchos,
como
el
británico
Paul
Heslop
(experto
de
la
ONU
en
desminado),
lo
que
estamos
presenciando
es
una
traición
a
la
memoria
de
quienes
lucharon
(y
murieron)
por
erradicar
estas
armas.
Imagen
|
DFID,
United
Nations,
PH1
Dewayne
Smith
