En
el
fútbol
moderno,
los
conflictos
ya
no
se
juegan
únicamente
en
el
terreno
de
juego.
La
tecnología,
la
protección
de
derechos
audiovisuales
y
los
intereses
económicos
han
generado
un
tablero
donde
cada
movimiento
puede
provocar
un
seísmo
institucional.
La
dimisión
de
Chema
Alonso
como
asesor
del
Comité
Técnico
de
Árbitros
(CTA)
apenas
17
días
después
de
su
nombramiento
es
un
ejemplo
paradigmático:
muchas
voces
se
han
alzado
para
señalar
la
supuesta ‘incompatibilidad’
entre
ambos
cargos,
en
una
polémica
que
tiene
el
control
de
los
derechos
audiovisuales
como
telón
de
fondo.
De
Telefónica
al
CTA:
una
llegada
con
expectativas
El
21
de
julio
de
2025,
el
CTA,
presidido
por
Fran
Soto,
anunciaba
la
incorporación
de
Chema
Alonso,
ingeniero
informático
y
ex
Chief
Digital
Officer
de
Telefónica,
como
asesor
externo
en
Innovación
Tecnológica
e
Inteligencia
Artificial.
Su
misión:
implementar
herramientas
de
IA
en
el
arbitraje,
asegurando
el
cumplimiento
del
AI
Act
europeo
y
del
GDPR,
así
como
prevenir
sesgos
y
errores
en
sistemas
tecnológicos.
El
fichaje
no
era
menor:
Alonso
es
conocido
como
el
“hacker
de
Telefónica”
y
durante
su
trayectoria
había
liderado
proyectos
de
ciberseguridad
y
colaborado
en
estrategias
contra
la
difusión
no
autorizada
de
material
multimedia
junto
a
LaLiga
y
operadores
como
Vodafone
u
Orange.
El
fichaje
por
Cloudflare:
detonante
del
conflicto
El
5
de
agosto,
Alonso
anunciaba
su
fichaje
como
vicepresidente
y
director
de
Desarrollo
Internacional
de
Cloudflare,
empresa
estadounidense
de
ciberseguridad
y
computación
en
la
nube.
Este
movimiento
encendió
todas
las
alarmas:
LaLiga
acusa
a
Cloudflare
de
proteger
hasta
el
50%
de
las
webs
que
emiten
fútbol
pirata.
Cloudflare
ha
sido
señalada
por
Javier
Tebas,
presidente
de
LaLiga,
como
un
obstáculo
en
la
lucha
contra
difusores
no
autorizados
de
retranmisiones
deportivas,
al
ofrecer
su
tecnología
para
anonimizar
sitios
ilegales
y
oponerse
a
bloqueos
masivos
de
IPs,
alegando
que
afectan
a
webs
legítimas.
La
compañía
incluso
ha
recurrido
al
Tribunal
Constitucional
y
a
la
Comisión
Europea
para
frenar
estas
medidas.
La
simultaneidad
de
cargos
—asesor
del
CTA
(organismo
de
la
RFEF,
rival
de
LaLiga)
y
alto
directivo
en
una
empresa
enfrentada
jurídicamente
con
LaLiga—
generó
un
conflicto
institucional
de
alto
voltaje.
Aunque
Alonso
alegó
“motivos
personales”
para
dejar
el
CTA,
fuentes
del
sector
señalan
que
se
buscaba
evitar
una
escalada
en
el
enfrentamiento
entre
RFEF
y
LaLiga.
Este
caso
se
agrava
por
el
contexto:
los
derechos
audiovisuales
de
LaLiga
para
el
periodo
2022-2027,
valorados
en
4.950
millones
de
euros
y
repartidos
entre
Telefónica
y
DAZN,
son
el
principal
ingreso
de
los
clubes.
La
piratería,
que
LaLiga
estima
en
pérdidas
de
600-700
millones
anuales,
amenaza
directamente
esta
fuente
de
financiación.
El
impacto
en
el
arbitraje
español
La
marcha
de
Alonso
deja
en
pausa
el
plan
para
modernizar
el
arbitraje
español
mediante
IA.
Además,
se
suma
a
la
dimisión
de
Aitor
Villate
Martínez,
jefe
de
asistentes,
ocurrida
apenas
unos
días
antes.
Dos
bajas
clave
que
han
golpeado
al
CTA
antes
del
inicio
de
la
temporada,
dejando
vacantes
en
áreas
críticas.
La
falta
de
continuidad
ha
alimentado
las
críticas
por
improvisación
en
los
nombramientos
y
por
la
ausencia
de
planificación
estratégica
en
el
organismo
arbitral.
Estamos
en
un
escenario
de
creciente
interdependencia
entre
tecnología
y
deporte
profesional:
LaLiga
busca
endurecer
el
control
sobre
la
distribución
no
autorizada
de
contenidos,
mientras
Cloudflare
se
opone
a
bloqueos
masivos
Imagen
|
Marcos
Merino
mediante
IA
En
Genbeta
|
Javier
Tebas
señala
a
Cloudflare
como
cómplice
de
delitos,
pero
hasta
su
propio
bufete
de
abogados
lo
usa
