“Muy mala noticia la intervención de Vicentin por decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta”.
Tres meses y medio pasaron desde esta frase de Luis Miguel Etchevehere sobre el conflicto con la cerealera agroexportadora, que significó para el Gobierno el primer cimbronazo fuerte por fuera de la pandemia.
Desde entonces, la gestión de Alberto Fernández empezó a perder el consenso social que tuvo por su abordaje inicial de la situación sanitaria. En adelante, los dolores de cabeza se fueron sucediendo: entre ellos, las tomas de tierras.
El exministro de Agroindustria ahora vive en carne propia un enfrentamiento familiar que se volvió causa nacional y en el que intervienen algunos sectores del Gobierno. Y el campo está decidido a intervenir en su defensa.
Dirigentes y productores rurales convocaron a un “banderazo federal” en contra de la ocupación de la estancia Casa Nueva. Se llevará a cabo este domingo a las 17 en la localidad entrerriana de Santa Elena, donde se encuentra el terreno en disputa.
La movilización será para pronunciarse a favor de “la libertad de expresión y la propiedad privada”, así como para reclamar el desalojo del lugar del dirigente social Juan Grabois y las personas que lo acompañan.
Horas antes, desde las 9, habrá una conciliación obligatoria entre las partes dictada por el juez subrogante Raúl Flores, quien interviene en el conflicto. Mientras tanto, el magistrado ordenó la “libre circulación” por el terreno de los dos sectores enfrentados.
La resolución judicial llegó tras la apelación realizada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, que insisten con el desalojo: pidieron que el grupo liderado por Dolores Etchevehere abandone Casa Nueva, y que la estancia sea restituida a sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, y a su madre, Leonor Barbero Marcial.
El conflicto con el campo
El malestar dentro del sector agropecuario venía en aumento y terminó de explotar tras la decisión del juez Flores de rechazar el desalojo. A eso se le sumó una medida de protección que el magistrado dictó este viernes a favor de Dolores, por la que instó a la familia a no realizar “actos violentos, molestos o perturbadores” en contra de la mujer ni a “difamarla”.
Pero cada día es una fábrica de nuevos capítulos en este conflicto. Y este sábado pasó de todo: Luis Etchevehere denunció la llegada de “11 vehículos y más de 30 personas” para reforzar la toma. Y Leonor Barbero Marcial alzó la voz por primera vez ante los medios: «Mis hijos y yo nos vamos a parar frente al cartel que dice Casa Nueva y que nos pasen por encima. Si se animan, que nos lleven presos”, desafió.
“Todos a Santa Elena por la libertad de expresión y la propiedad privada. Fuera Grabois”, señala la consigna del banderazo convocado por los productores rurales. Y el domingo promete sumar nuevos ribetes a esta disputa.
El Gobierno, en alerta
Los funcionarios de primera plana del Gobierno siguen de cerca la trama casi desde el inicio.
El conflicto trascendió a nivel nacional luego de que Dolores Etchevehere autorizara a trabajadores rurales y movimientos sociales vinculados a Juan Grabois, también su abogado, a desarrollar allí el Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica. Todo en medio de la disputa familiar por los bienes de la sucesión de Luis Félix, quien murió hace once años.
“Respeto a la gente de campo. Vengo de familia chacarera, entrerriana del lado paterno, santafesina del materno. Etchevehere no es eso. Es un estafador, cobarde, corrupto y violento que se cree impune. Muchos le tienen miedo. Nosotros no. Su mafia va a caer y el Artigas va a vencer”, tuiteó en la noche del domingo el dirigente social cercano al oficialismo.
Respeto a la gente de campo. Vengo de familia chacarera, entrerriana del lado paterno, santafesina del materno. Etchevehere no es eso. Es un estafador, cobarde, corrupto y violento que se cree impune. Muchos le tienen miedo.Nosotros no. Su mafia va a caer y el Artigas va a vencer pic.twitter.com/goeq0p2rAL
— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 25, 2020
Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, se sumó al grupo este jueves. Incluso, de forma inesperada la titular del INADI, Victoria Donda, irrumpió en una audiencia judicial a favor de Dolores.
Este sábado se pronunció otra funcionaria nacional: Elizabeth Gómez Alcorta, que criticó a Luis Etchevehere en un video que lo mostró en actitud desafiante en la puerta de Casa Nueva.
“Las medidas judiciales tienen como objetivo proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La restricción perimetral busca asegurar la integridad física y psíquica de las personas y, en casos como este, son herramientas para frenar las violencias de género”, cuestionó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Las medidas judiciales tienen como objetivo proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La restricción perimetral busca asegurar la integridad física y psíquica de las personas y, en casos como este, son herramientas para frenar las violencias de género. pic.twitter.com/Y94LnnNwRa
— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) October 24, 2020
“La cuestión de fondo es que acá un estudio de abogados presta una fuerza de choque, mete 40 tipos en un campo, tiene la Justicia a favor, los funcionarios nacionales a favor, complicidad del Gobierno nacional y Gobierno provincial, a cambio de un 40 por ciento: ese es el negocio de Grabois”, había lanzado, horas atrás, el expresidente de la Sociedad Rural.
