En un hecho sin precedentes para un jefe de Estado, Alberto Fernández confirmó que no acatará el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir parcialmente el porcentaje de fondos de coparticipación que el Ejecutivo nacional le recortó a la Ciudad de Buenos Aires en 2020. El Gobierno porteño anunció que iría al máximo tribunal a denunciar el incumplimiento y a pedir la ejecución de los fondos. Sin embargo, todavía no llegó ningún planteo a la Corte y la batalla por los recursos podría extenderse hasta febrero.
En un comunicado conjunto acordado entre el Presidente y una quincena de gobernadores oficialistas, el Gobierno nacional también anunció que recusará a los miembros de la Corte Suprema y presentaría un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución tomada por unanimidad por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Ambos planteos tendrían nulas chances de prosperar.
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Por un lado, la Corte Suprema no negocia los fallos que toma y en los últimos seis años de la actual composición no ha revisado ninguna resolución. Por otro, sostienen fuentes judiciales, los planteos serían improcedentes. La revocatoria in extremis se plantea ante un evidente error material, no para discutir los fundamentos jurídicos de un fallo: como ejemplo mínimo, confundir el nombre de un sentenciado con el de otra persona con el mismo apellido, pero otro nombre.
En cuanto al otro planteo, las mismas fuentes del Palacio de Tribunales advierten que las recusaciones (apartamiento de un juez del proceso) se plantean con anterioridad a la definición de un juicio, no luego del fallo. En los últimos años se sucedieron audiencias conciliatorias de las que participaron funcionarios nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires, jueces y secretarios de la Corte.
El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, la entonces secretaria de la cartera y hoy directora del Banco Nación, Silvina Batakis; y el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, respondieron preguntas de los magistrados que ahora el Gobierno busca considerar “inválidos”. Es decir, los habían reconocido como válidos.
Más allá del conflicto de poderes que abre de hecho la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema, y de las consecuencias económicas que podría tener según denuncias de la oposición y del empresariado, el máximo tribunal no puede tomar una decisión o emitir opinión sin presentaciones formales.
Según confirmaron a TN en el Gobierno de la Ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta, recién el lunes la administración porteña denunciaría ante la Corte el incumplimiento del fallo por parte del Presidente, y presentaría el reclamo para que se intime al Banco Nación a iniciar el giro de los fondos que según la resolución le corresponden a CABA.
Por el asueto del próximo viernes 30 de diciembre decretado por Alberto Fernández, la que viene será una semana corta. Según indican en el Palacio de Justicia, como se trata siempre de un conflicto entre partes, una vez que reciba las presentaciones, la Corte debe correr traslado, es decir, debe poner en conocimiento a la otra parte involucrada en el proceso.
Esto puede demorar entre 3 y 5 días. El 1 de enero, no obstante, comienza la feria judicial (receso) que se extenderá hasta el 31 de enero. Así las cosas, aunque la pelea política pueda traer novedades de forma inmediata y todos los días, la salida judicial por los fondos podría demorar hasta febrero.
