Damián
Bernarte
solicitó
ampliar
la
jurisdicción
de
la
Justicia
Federal
de
Córdoba
para
actuar
en
el
límite
con
Santa
Fe.
El
asesinato
de
Zamir
Torres
(4)
marcó
un
punto
de
inflexión
en
el
abordaje
de
la
seguridad
regional.
El
intendente
de
San
Francisco,
Damián
Bernarte,
pidió
formalmente
que
se
avance
en
una
intervención
del
conglomerado
urbano
que
comparten
San
Francisco
(Córdoba),
Frontera
y
barrio
Acapulco
de
Josefina
(Santa
Fe),
con
el
objetivo
de
dar
respuestas
rápidas
y
eficaces
frente
al
crecimiento
del
delito
en
la
región.
La
solicitud,
dirigida
tanto
al
Gobierno
Nacional
como
al
Congreso,
busca
ampliar
el
límite
de
jurisdicción
de
la
Justicia
Federal
de
Córdoba
para
que
pueda
actuar
también
del
lado
santafesino.
Este
reclamo
se
realizó
en
el
marco
de
la
presentación
de
la
Comunidad
Regional
de
Seguridad
de
la
Región
Centro,
una
iniciativa
reciente
que
busca
enfrentar
el
delito
en
los
márgenes
interprovinciales
de
San
Francisco,
Morteros
y
Marcos
Juárez.
El
asesinato
de
Zamir
Torres,
un
niño
de
4
años
baleado
en
Frontera,
fue
el
hecho
que
precipitó
la
formación
de
este
organismo
y
dio
impulso
a
los
pedidos
políticos
para
intervenir
el
área
con
más
decisión.
“El
crimen
de
Zamir
fue
un
quiebre.
Necesitamos
tomar
la
decisión
política
de
intervenir
en
este
sector
y
restablecer
la
tranquilidad
en
la
comunidad”,
sostuvo
Bernarte
en
su
discurso.
Y
remarcó:
“Hay
que
dar
batalla
seria
y
responsable
ante
el
delito
organizado,
que
no
reconoce
fronteras,
ni
de
países
ni
mucho
menos
provinciales”.
Una
zona
con
más
de
100
mil
habitantes
y
problemas
comunes
El
conglomerado
urbano
San
Francisco–Frontera–Acapulco-Josefina
tiene
más
de
100
mil
habitantes,
donde
los
problemas
de
inseguridad
son
compartidos.
Sin
embargo,
las
jurisdicciones
judiciales
y
policiales
se
dividen
por
una
línea
provincial,
generando
vacíos
y
demoras
en
la
actuación.
Bernarte
criticó
abiertamente
esta
fragmentación:
“No
puede
ser
que
las
fuerzas
nacionales
solo
puedan
llegar
hasta
el
límite
interprovincial
en
San
Francisco
y
del
otro
lado
tengan
que
esperar
a
las
de
Rafaela”.
Por
eso,
el
intendente
solicitó
que
se
extienda
la
jurisdicción
del
Juzgado
Federal
de
San
Francisco
para
poder
actuar
más
allá
de
los
límites
cordobeses,
al
menos
en
lo
que
respecta
a
causas
complejas
como
narcotráfico,
trata
de
personas,
extorsión
y
crimen
organizado.
¿Es
viable
el
pedido?
Según
fuentes
de
la
Justicia
Federal
de
Córdoba
consultadas,
la
propuesta
no
es
imposible
ni
compleja,
pero
requiere
una
decisión
política
conjunta
entre
los
gobiernos
de
Córdoba
y
Santa
Fe,
y
eventualmente
del
Congreso
Nacional.
Existen
herramientas
legales
que
permitirían
avanzar,
como
la
Ley
27.786,
conocida
como
la
“Ley
Antimafias”,
que
contempla
la
posibilidad
de
declarar
ciertas
áreas
como
“zonas
sujetas
a
investigación
especial”,
lo
que
habilitaría
la
actuación
conjunta
de
fiscales
federales,
fuerzas
de
seguridad
y
autoridades
provinciales
en
el
combate
contra
el
crimen
organizado.
Otra
vía
es
la
“prórroga
de
jurisdicción”,
una
medida
menos
burocrática
que
ya
ha
sido
utilizada
en
otras
oportunidades,
cuando
investigaciones
iniciadas
en
San
Francisco
se
extendieron
a
otras
provincias.
El
ruido
en
Santa
Fe
El
pedido
de
Bernarte
no
pasó
desapercibido
en
Santa
Fe.
Si
bien
existe
un
compromiso
firmado
entre
las
provincias
y
la
Nación,
bajo
la
coordinación
de
la
ministra
de
Seguridad
Patricia
Bullrich,
en
el
gobierno
de
Maximiliano
Pullaro
algunos
sectores
vieron
con
cierta
incomodidad
la
propuesta
de
ampliar
la
jurisdicción
cordobesa
sobre
territorio
santafesino.
Desde
Santa
Fe
destacaron
que
el
acuerdo
en
marcha
apunta
a
la
cooperación
entre
fuerzas
federales
y
provinciales,
la
articulación
judicial
y
la
implementación
de
programas
de
prevención
social
del
delito,
pero
sin
invadir
los
límites
jurisdiccionales.
A
pesar
de
estas
tensiones,
lo
cierto
es
que
el
crimen
de
Zamir
y
la
escalada
de
violencia
en
la
zona
reforzó
la
urgencia
de
buscar
mecanismos
más
ágiles,
integrados
y
efectivos
para
responder
a
los
desafíos
que
plantea
un
territorio
urbano
dividido
por
una
frontera
provincial,
pero
unificado
por
la
misma
problemática:
el
avance
del
delito.
Bernarte,
por
su
parte,
reiteró
que
la
seguridad
de
los
vecinos
no
puede
depender
de
tecnicismos
geográficos
o
judiciales,
y
llamó
a
construir
un
modelo
de
intervención
que
ponga
por
delante
la
vida
y
la
paz
social.
“Lo
que
pedimos
no
es
más
que
sentido
común:
si
los
delitos
se
mueven
sin
fronteras,
las
respuestas
también
deben
hacerlo”,
concluyó.
Se
conformó
la
Comunidad
Regional
Interprovincial
de
Seguridad
