En junio, un mes antes de que fuese condenado a 50 años de prisión por el robo de bebés durante la dictadura cívico-militar, que gobernó al país entre 1976 y 1983 y lo tuvo a él como presidente en los primeros cinco años, Jorge Rafael Videla recibió una noticia que más que una condena fue un cachetazo: lo iban a trasladar de la prisión militar de Campo de Mayo a una celda común en el Penal de Marcos Paz.
Si bien desde 2008 había sido obligado a dejar la prisión domiciliaria (en su departamento del barrio porteño de Belgrano) y trasladado a Campo De Mayo, ir a una cárcel común tenía un significado distinto para el ex Teniente General del Ejército, grado que la propia fuerza le quitó. Era bajar al peor de los escenarios, al de un reo más.
Un mes después de ser condenado, Videla cumplió 87 años en esa pequeña celda en Marcos Paz, en la misma donde fue encontrado muerto en mayo de 2013, menos de un año después de escuchar la sentencia por “sustracción, retención, ocultamiento y hacer incierto el estado civil de 20 menores de 10 años”.
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O como lo explicó en su fallo el Tribunal Oral Federal Nº 6 en boca de su presidenta, la jueza María del Carmen Roqueta, quien afirmó que hubo “terrorismo de Estado mediante la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años, bajo un plan general de aniquilación”.
Jorge Videla: un dictador que nunca se hizo cargo
Hasta el último de sus días Videla habló de una “guerra” e, incluso, con la llegada al poder de Néstor y Cristina Kirchner, afirmaba que la guerra “aún no había terminado”. De hecho, esas declaraciones, unos meses antes de la última condena de su vida, fueron las que lo llevaron a Marcos Paz.
Sus últimas palabras en el juicio fueron en ese tono: “Todas las parturientas aludidas por la querella, así como por la fiscalía, eran militantes activas de la maquinaria del terror. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes”.
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Esos “escudos humanos”, según el dictador, fueron precisamente los robados sistemáticamente (ese fue siempre el argumento de las Abuelas de Plaza de Mayo) aunque en el juicio se trataron 35 casos de nietos desaparecidos y de éstos, solo por 20 prestaron su declaración hubo condena.
Diez hombres y una mujer, los condenados
De los 11 que fueron sentados en el banquillo de los acusados, el que se llevó la condena más importante fue Jorge Rafael Videla, con 50 años de cárcel. Uno de sus argumentos de defensa fue aceptar la posibilidad de que pudo haber casos de bebés nacidos en cautiverio y que hayan sido cedidos en adopción, pero que corrió por responsabilidad de quien tomó la decisión en el momento.
El Tribunal, al darle la mayor condena a Videla, estaba juzgando que fue un plan sistemático y no algunos hechos aislados. Y que, de este modo, la cabeza era quien se encontraba en la cima del poder, o sea el que entonces era el Teniente General del Ejército y Presidente de la Nación.
Pero hubo otros condenados por esta causa, uno de ellos fue también Presidente de la Nación: Reynaldo Bignone, quien estuvo al frente del gobierno en la etapa final de la dictadura, entre el 1° de julio de 1982 y el 9 de diciembre de 1983.
Los otros acusados condenados fueron: Oscar Franco, Antonio Vañek, Jorge “el Tigre” Acosta, Santiago Riveros, Eduardo Ruffo, Jorge Luis Magnacco, Antonio Azic, Víctor Gallo y Susana Colombo.
