Al filo del plazo para hacerlo, entre malabares para alcanzar el número necesario y en lo que parece ser el último acto legislativo de peso previo al recambio parlamentario, el oficialismo finalmente aprobó este martes un dictamen de acusación contra todos los miembros de la Corte Suprema en la comisión de Juicio Político de Diputados.
El kirchnerismo no tiene los votos necesarios para avanzar en el recinto y tampoco lo tendrá con el cambio de Gobierno. Como informó TN, la decisión abre, por otra parte, una oportunidad para Javier Milei y para su futura relación con el Poder Judicial.
La comisión, comandada por la oficialista Carolina Gaillard, tiene 31 miembros. El Frente de Todos cuenta con 16, número que le alcanza para el quorum y dictaminar. Sin embargo, para asegurarse esa mayoría esta vez debió reemplazar a seis integrantes. Es decir, aunque no es la primera vez que se hacen reemplazos, terminaron firmando las acusaciones contra los jueces algunos diputados que no participaron activamente del proceso durante todo el año en el que se llevó adelante.
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En contra se manifestaron los 14 miembros de la comisión que pertenecen a Juntos por el Cambio, entre ellos el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, el titular del de la UCR, Mario Negri, y referentes del PRO como Pablo Tonelli y Alejandro Finocchiaro. También el peronista Alejandro “Topo” Rodríguez, que hasta hace poco integraba el bloque que incluye a Florencio Randazzo y al peronismo cordobés de Juan Schiaretti, de quienes se distanció por sus guiños con Javier Milei.
El oficialismo acusó a Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti de “mal desempeño” en sus funciones por fallos como el del 2×1 a favor de represores, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, el que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación con el Gobierno nacional y por la administración de la Obra Social del Poder Judicial.
Un largo debate que terminó atravesado por las tensiones electorales
El proceso comenzó en enero, implicó 26 audiencias, el desfile de 65 “testigos” y cruces durísimos entre los diputados del oficialismo y la oposición. La tensión llegó a su punto máximo cuando estalló el escándalo de espionaje ilegal contra jueces, dirigentes y empresarios en el que quedó involucrado Rodolfo Tailhade, uno de los diputados K más activos en la comisión de Juicio Político.
El Frente de Todos tenía originalmente pensado dictaminar en la segunda quincena de noviembre, pero el tema se convirtió en un problema en la previa del balotaje entre Sergio Massa y Milei, y el Gobierno lo postergó para intentar evitar complicar aún más la campaña del ministro de Economía, que finalmente terminó perdiendo. La última reunión de comisión, este martes, no estuvo exenta de cruces ni de mensajes internos.
El diputado del FdT Leopoldo Moreau defendió el proceso. “Nosotros no hemos hecho otra cosa que cumplir con una manda constitucional”, dijo, negó cualquier acto “arbitrario o revanchista” y aseguró que los jueces han utilizado sus sentencias como “instrumento de una grave desviación de poder”.
La oposición respondió con duros cuestionamientos. “Esto ratifica que para ustedes gobernar con poder judicial independiente es un problema. Esto va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que se haya conocido, dijo el radical Negri, que dejará el Congreso en las próximas semanas, luego de 24 años como diputado nacional en distintos periodos.
“No han podido convencer a nadie, incluso han tenido que cambiar diputados que trabajaron mucho durante todo el año porque no se animaron a firmar el dictamen. En la Argentina que se viene tener al máximo tribunal del país enjuiciado por cuestiones políticas le hace un mal terrible al país”, agregó por su parte el diputado del PRO Álvaro González.
“Somos 31 integrantes. Hay 11 de los que estamos acá que no estábamos en enero. Seis son de nuestro bloque, cinco de ustedes. Cuando uno se pone la gorrita de cana hay que sostener en los hechos lo que dice. Hubo 39 diputados nuestros que participaron del juicio político en todo el año. Lo que no entienden es que nosotros somos un bloque. Si ustedes no son un bloque es un problema de ustedes”, disparó Germán Martínez, jefe del bloque FdT, que recordó así la crisis interna que atraviesa la coalición opositora.
“Se dijo que estuvimos apretando a una justicia independiente. Primero que no apretamos a nadie, los diputados de nuestro bloque han sido víctimas de los aprietes. Hemos hecho una gran tarea colectiva. Cuando hay unidad, coherencia y objetivos en común los resultados se terminan viendo”, agregó luego, en su cierre, en lo que pareció un mensaje interno para lo que se viene en el Congreso.
“Este juicio es voluntad de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa; todos por motivaciones distintas, todas malas. Desprestigiaron la institución del Juicio Político ye eso tiene consecuencias para la república. Van a pedir república y libertad y democracia en el mediano plazo, y le están dando mayor debilidad a la institucionalidad argentina”, le advirtió López, de la CC, al oficialismo, también teniendo en cuenta el inminente cambio de gobierno.
La encargada de cerrar la reunión fue la presidenta de la comisión: “Una amiga me dijo que se me iba a acabar la carrera política. Le dije que prefiero que se me termine la carrera política y no ser una mediocre dirigente que surfea la ola y va acomodándose en cargos políticos y no hace lo que hay que hacer. Lo que teníamos que hacer era investigar”, concluyó la oficialista Gaillard.
Cómo sigue el juicio político a la Corte Suprema
Según el oficialismo, el dictamen de acusación contra los magistrados mantendría estado parlamentario durante dos años, hasta el febrero del 2025. El Frente de Todos/Unión por la Patria no tiene ni tendrá en el corto plazo los dos tercios necesarios para aprobarlo en el recinto y permitir que el Senado continúe con el proceso de juicio político.
De llegar al recinto antes y no contar con los votos, quedará rechazado. Es por eso que, coinciden diputados de la oposición, la decisión del oficialismo de emitir dictamen le da al próximo gobierno la oportunidad de ponerlo inmediatamente en tratamiento, descartarlo definitivamente y dar así una señal al Poder Judicial desde el inicio de la nueva gestión.
“En el próximo ejercicio parlamentario se debería pedir con velocidad el tratamiento en el recinto para que el debate tenga mucha más luz que el que ha tenido”, sugirió el radical Negri este martes en la última reunión de comisión.
Tanto Milei, como quien será su futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya se manifestaron públicamente en contra del juicio político contra la Corte y prometieron ponerle fin después del 10 de diciembre.
