A horas de su asunción, Javier Milei se encuentra trabajando a fondo en la reforma del Estado que buscará aplicar a partir de la semana que viene.
Con el gabinete ya confirmado casi al 100%, el presidente electo reunió a sus equipos y sumó al encuentro a un funcionario del gobierno de Carlos Menem que participó en algunas reformas de los ‘90. Se trata de Armando Guibert, ex subsecretario de Reforma y Modernización, que tuvo un rol de reparto durante el menemismo.
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“Durante el encuentro se debatieron los principales lineamientos para las reformas de Estado que llevará adelante el nuevo gobierno y los primeros objetivos para cada área”, se informó en un comunicado de la oficina del presidente electo.
Más allá del acercamiento, en La Libertad Avanza aclaran que Guibert tuvo “un rol secundario” en las reformas de los ‘90, y que fue Roberto Dromi -exsecretario de Estado para la Reforma del Derecho de la Nación- quien “diseñó y ejecutó” aquellos cambios estructurales.
Dromi también es fuente de consulta para los libertarios. En los días previos al balotaje, Victoria Villarruel mantuvo una reunión secreta con él y con Roque Fernández -exministro de Economía y presidente del Banco Central durante el menemismo, y actual asesor de Milei- para pedirles algunos consejos sobre cómo encarar las reformas a partir del 10 de diciembre.
En LLA aseguran que la reforma del Estado que plantea Milei es la “más ambiciosa de los últimos 40 años”. El proyecto que discuten los equipos técnicos tiene más de 500 páginas y contempla cambios profundos en la actual estructura.
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La denominada reforma del Estado es uno de los principales ejes del plan económico de Milei, aunque no integran el paquete económico de leyes (”ley ómnibus”) que la semana próxima enviará al Congreso.
Uno de los puntos claves de las reformas, explican a TN, tiene que ver con un “nuevo régimen de concesiones” a través del cual el Estado “conserva la propiedad pero entrega la explotación a un privado”; a diferencia de las privatizaciones, donde se transfiere la propiedad al particular.
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Durante la campaña, el líder de La Libertad Avanza ya había planteado la aplicación de un sistema de obras públicas “a la chilena”. Es un mecanismo por el cual “el Estado le entrega al privado la responsabilidad de poder generar una inversión, entendiendo que las prioridades las define el Gobierno”. A cambio de las obras, la compañía privada recibe el derecho de explotar la inversión.
Por ejemplo, si una empresa hace una autopista, puede recibir el derecho a cobrar peajes por los siguientes 20 o 35 años. Finalizado este tiempo, el Estado puede hacerse cargo del servicio o iniciar una nueva licitación para su explotación y mantenimiento.
