La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado en sede parlamentaria los datos encima de la mesa de las empresas a las que han realizado un control respecto a los ERTE, un total de 21.332 expedientes finalizados hasta el momento, donde se han encontrado un total de 2.859 infracciones. De esta forma un 13% de las empresas con expedientes revisados por ERTE son sancionadas.
Hay que recordar que dada la confusión, el caos comunicativo del propio Ministerio a la hora de establecer las empresas que podían acogerse o no a los ERTE, así como el hecho de que la mayoría de ellos fueran aprobados sin revisión entendiendo que cumplían las condiciones, lo cierto es que parecen realmente un porcentaje bajo.
El problema es el criterio que se propone para sancionar en estos casos. No es lo mismo obrar de mala fe, es decir, acogerse a los ERTE aun a sabiendas de que no se cumplen los requisitos, que cometer un error en la presentación.
Una cuestión diferente es no respetar cuestiones como el mantenimiento del empleo de los trabajadores en ERTE. Es aquí donde también surge la polémica por la falta de proporcionalidad, puesto que si se detecta que un empleado a sido despedido, no es que se tenga que devolver los beneficios percibidos por este trabajador, sino que según la DGT la pérdida de beneficios afecta a la totalidad de empleados en ERTE.
🔴La #ITSS acaba de emitir una Nota Informativa sobre la devolución de cotizaciones exoneradas derivada del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo de la DA 6ª del RDL 8/2020 (cc @robert_gual )
— Pere Vidal (@perevdl) December 4, 2020
Para las empresas que están en esta situación simplemente puede suponer el fin, el momento de echar el cierre porque no van a poder hacer frente a los pagos. A partir de aquí solo queda reclamar y pleitear para tratar de que la sanción impuesta cumpla con los criterios de proporcionalidad, aunque según la DGT no se trata de una sanción, sino de una pérdida de beneficios.
¿Cuál es el problema de todo esto? Por un lado que en una situación excepcional como en la que nos encontramos, donde la Administración se declara desde el principio incapaz de tramitar la cantidad de trabajo que se le viene encima, luego no debería ponerse estricta a la hora de sancionar. Si hubieran cumplido con su trabajo, desde el principio muchas de ellas no habrían podido acogerse a ERTE.
Y esto es solo la punta del iceberg, puesto que si como dijo la Ministra desde el primer momento, se van a revisar todos los expedientes de ERTE, cosa que con los medios que tienen francamente podría tardar no ya años, sino décadas. Más fácil puede resultar detectar incumplimientos a la hora de mantener el empleo, ya que depende del SEPE, que ha pagado una prestación por ERTE y fácilmente saltan las alarmas si en menos de un años está pagando el paro.
