La batalla taxi-VTC sigue su curso. Tras el cese de la huelga de taxistas en Barcelona, a consecuencia de una reñida votación en la que han acordado levantar el paro y aceptar el preacuerdo con la Generalitat que limita a las VTC, la mirada se torna ahora hacia las principales plataformas VTC, Uber y Cabify. Y el escenario se antoja muy heterogéneo. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo evolucionará la huelga de taxistas que sí se mantiene en Madrid?
El texto de la nueva regulación aceptada por los taxistas de Barcelona y que se aprobará en los próximos días, supone un duro golpe para las VTC, ya que las obligará a la precontratación con hasta una hora de antelación y prohíbe la captación de clientes a pie de calle o mediante geolocalización. Es por ello que las reacciones tanto Uber como Cabify, así como la patronal Unauto (que engloba a las plataformas VTC) no se han hecho esperar.
Y sus posturas son de lo más variopintas: mientras Uber asegura que tendrá que cesar su actividad en la Ciudad Condal de aprobarse la nueva regulación, Cabify se mostraba conciliadora ofreciendo integrar el taxi en su plataforma.
Por su parte Unauto, ha dirigido una carta a varios miembros de la Generalitat asegurando que la aprobación de este Decreto Ley supondrá el fin de las VTC en Barcelona, además de amenazar con presentar querellas penales contra el Govern, ya que consideran que atenta contra la legalidad vigente.
Cese de actividad y amenazas judiciales
La misiva a la que ha tenido acceso Teknonautas y publicada por El Confidencial, consta del mismo texto y ha sido dirigida, según este medio, tanto a Quim Torra, presidente del gobierno catalán, como a nueve miembros de su equipo, entre los que se encuentran Josep María Fortuny, subdirector general de Ordenación de Transporte y Desarrollo Sectorial, Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad o Pere Padrosa, director general de Transportes.
En ella, Unauto primeramente confirma que:
«La implantación de estas dos medidas regulatorias (precontratación de una hora y la eliminación de la geolocalización mediante las apps) supone la expulsión, ‘de facto’, de las plataformas y empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos con conductor en Cataluña, por cuanto la implantación de esas condiciones determina a inviabilidad económica de esas licencias, y, por tanto, de la actividad e las compañías que ostentan su titularidad».
En esta carta, la patronal recuerda además que la nueva normativa no sólo tendrá graves consecuencias económicas para los propietarios de las licencias de arrendamiento para vehículos con conductor, si no que también afectará a los más de 4.000 empleados de estas plataformas que operan en Cataluña «y que quedarán parados».
Igualmente, Unauto asegura a través de esta carta que:
Las medidas que pretenden implantarse constituyen, con toda evidencia, una confiscación de bienes, consistente en privar a los titulares de un determinado derecho de su valor patrimonial (…). Esto supone una gravísima vulneración del Estado de Derecho (art. 33 de la Constitución Española y leyes de expropiación forzosa) que sitúa esta iniciativa legislativa en tiempos predemocraticos y determina que quienes intervengan en tal operación incurrirán en la omisión de un delito contra los derechos individuales tipificado en el artículo 541 del Código Penal.
En base a lo argumentado, Unauto concluye en esta carta que presentará amenazas penales ante cada uno de los miembros del Govern involucrados en la redacción del Decreto Ley.
«Si esa Generalitat legisla manifiestamente en contra de la legalidad vigente y de los intereses generales, deberán hacer frente ya no solo a los recursos que con total certeza se formalizarán frente a esas normas o sus actos aplicativos, sino a las responsabilidades penales —personales y administrativas— que se exigirán a aquellos empleados públicos y/o responsables que intervengan en el dictado de normas que sean abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico».
No obstante, y refiriéndose al Real Decreto Ley aprobado el pasado mes de septiembre por el Gobierno, en el que transfería las competencias regulatorias de licencias VTC a las autonomías, el abogado del Estado jefe del Ministerio de Fomento, confirma que la medida es constitucional en un informe al que ha tenido acceso El País.
Si bien la Abogacía considera que la norma va a causar prejuicios a los propietarios de las licencias, considera que «la eventual discordancia entre los cálculos del Gobierno y los que hagan las empresas queda corregida en el propio decreto».
A la carta emitida al Govern, se suma una petición abierta por Unauto en Change.org, dirigida a Quim Torra: bajo el lema #EnElFuturoCabemosTodos animan a la gente a que firme la petición para «Salvar a las VTC en Catalunya». Por el momento, lleva poco más de 36.000 firmas.
¿Y qué dicen Uber y Cabify?
A título personal, las dos grandes plataformas VTC que operan en España también han hecho llegar sus reacciones. En el caso de Uber, la compañía ha confirmado a nuestros compañeros de Xataka que si se aprueban los cambios regulatorios en Barcelona, les llevará a la suspensión de su servicio UberX.
«Si finalmente se aprueban las restricciones a la VTC anunciadas ayer por la Generalitat, no podremos seguir prestando nuestro servicio de UberX en Barcelona. Seguimos a disposición del Govern para trabajar en una regulación justa para todos, que tenga en cuenta a los miles de conductores y usuarios de la VTC en Cataluña», exponía un portavoz de la multinacional californiania.
Uber España considera que la propuesta de la Generalitat se inclina a favor de taxi, ya que «blinda el monopolio del taxi y pone en peligro a la VTC en Barcelona», aunque por el momento no han publicado ningún comunicado oficial confirmando el cese de su actividad en la Ciudad Condal.
Por su parte, Cabify, ha dado un paso diametralmente opuesto tras desmentir en un comunicado que abandonará Barcelona y tendiendo la mano al taxi, sugiriendo que integre sus servicios en la plataforma de la compañía, algo que ya ha ocurrido en latinoamérica tras la integración de Easy Taxi, un equivalente a la app MyTaxi que opera en España.
Cabify afirma que la integración con Easy, que ha tenido lugar a finales de 2018, está funcionando muy bien y la valoración es muy positiva: «más de la mitad de los usuarios de Cabify en la región están interesados en viajar también en taxi a través de la app», exponía Marta Plana, directora de regulación de la empresa española.
Por el momento apenas se conocen detalles de esta integración ni de las condiciones que se ofrecerán a los taxistas, pero la empresa española ha adelantado que estará operativa este mismo año y antes de junio: «esperamos traer esta experiencia a España a lo largo de este año y ya tenemos un equipo dedicado a plantear un primer piloto aquí».
Sin embargo, tanto Uber como Cabify, según publica El País, aseguran que una vez se apruebe el Decreto Ley en Cataluña, exigirán una compensación patrimonial de más de 1.000 millones a la Generalitat, una cantidad que también ha sido mencionada por Unauto.
Los taxistas madrileños continúan la huelga…
Mientras que en Barcelona los taxistas ya han llegado a un acuerdo con el Govern, en Madrid las protestas siguen su curso. Los taxistas siguen cercando IFEMA, en pleno desarrollo de la feria dedicada al turismo Fitur, y cortando los accesos de forma intermitente, así como las entradas y salidas a la Feria de Madrid en la circunvalación M-40.
Tras un primer encuentro de los taxistas madrileños con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el cual calificaron de «tomadura de pelo», el gobierno comunitario y el ayuntamiento de Madrid se reúnen hoy para crear una comisión que recoja las propuestas sobre la regulación del taxi a fin de analizar su viabilidad.
Por el momento, los taxistas de la capital siguen en pie de guerra y un notable grueso de los concentrados ante las puertas de IFEMA se ha trasladado ante la Asamblea de Madrid, en Vallecas, donde hoy se celebra un pleno, para llevar sus reivindicaciones ante el gobierno comunitario.
A diferencia de Barcelona, la huelga en Madrid sigue en el aire y a expensas de las primeras conclusiones que se extraigan de la reunión entre el consistorio y el gobierno comunitario. Las exigencias del taxi en la capital van muy en consonancia con lo exigido en la Ciudad Condal, solicitando la precontratación (en su caso de 6 horas) de los servicios VTC para que puedan distinguirse del servicio que ofrece el taxi.
