Se anunciaba ayer en una nota de prensa, de la que se hacían eco muchos medios de comunicación: “La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha firmado esta mañana 20 convenios con las asociaciones representantes de 398 empresas alimentarias y de bebidas para reducir el contenido de una media del 10 % de azúcar, grasas saturadas y sal. Se trata del Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2020, enmarcado en la Estrategia de Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad de la Agencia Española de Alimentación y Nutrición”.
Lo que no se especifica en la nota es que este plan es exactamente el mismo que presentó hace casi un año la antepenúltima titular de Sanidad, Dolors Montserrat, antes de la moción de censura que expulsó al PP del Gobierno, bajo el título “Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020” y que, de hecho, ya se había anunciado en 2017.
Las infografías han mejorado notablemente, pero los textos son exactamente iguales, exceptuando la referencia a 2017.
Como apuntaba con acierto la agencia Efe, la puesta en marcha del plan necesitaba de la ratificación de los 20 convenios suscritos con las asociaciones patronales tras recibir el visto bueno de la Abogacía del Estado y Hacienda. Pero, aprovechando la firma, el ministerio ha publicado de nuevo el plan, quitando la referencia temporal 2017-2020 y volcando exactamente el mismo texto en un nuevo documento con diseño renovado (eso sí, mucho más bonito). Solo en la última página del informe se puede leer un escueto «Madrid, 5 de febrero de 2018», que apunta la verdadera fecha del texto.
El antiguo documento sigue online en la página de la Fundación de Educación para la Salud, una organización no lucrativa vinculada al propio ministerio, lo que permite comparar los textos para comprobar que no se ha modificado ni una coma y estamos solo ante un cambio de diseño.
Directo al Paladar ha intentado contactar con el ministerio, sin éxito.
Textos e infografías son iguales, pero con un nuevo aspecto.
¿Un hito?
Este corta-pega no ha impedido a María Luisa Carcedo calificar la iniciativa como un “hito”, pese a que de las más de 500 empresas que Dolors Montserrat anunció que se iban a sumar al plan finalmente solo se han apuntado 398.
La titular de Sanidad ha considerado este acuerdo “un ejemplo de colaboración público-privada” y ha informado de que la Organización Mundial de la Salud “lo incluirá entre las buenas prácticas a recomendar en los próximos meses”. Ha asegurado, además, que el “enorme esfuerzo de la industria, es un paso muy importante para lograr el objetivo de conseguir una alimentación más saludable para toda la ciudadanía”. Y ha añadido que gracias a su naturaleza transversal e integral, el plan refuerza el compromiso del Gobierno y del ministerio que dirige “con combatir las desigualdades en salud”.
Todo esto como si no fuera un plan de hace un año, anunciado a bombo y platillo por una ministra que es hoy portavoz del principal partido de la oposición en el Congreso.
Pero, como es el mismo plan que se presentó en 2018, valen las mismas críticas que se hicieron a este: reducir el 10 % de azúcares añadidos a un ultraprocesado no convierte dicho producto en saludable. En muchos casos seguirá teniendo un exceso de azúcar y grasas.
Dolors Montserrat durante la presentación del Plan en febrero de 2018.
Los planes del Gobierno van, además, en la línea de los compromisos que muchas multinacionales de la alimentación han suscrito de forma particular en tiempos ya no tan recientes. En verano de 2017, Coca-Cola anunció que reducirá el contenido de azúcar de sus bebidas un 12 % hasta 2020 y pronto se sumó al carro Danone, que se comprometió a reducir en un 22 % los azúcares añadidos de sus productos lácteos fermentados hasta esa misma fecha; también Kellog´s, que se comprometió a reducir el contenido de azúcar en sus cereales para niños entre un 20 y un 40 % a partir de mediados de 2018.
Cuando analizamos el plan hace más de un año, Javier Gúzman, director de la ONG VSF-Justicia Alimentaria Global, fue muy crítico con el Gobierno y la industria: “Para evitar que se tomen medidas realmente efectivas, como una nueva fiscalidad o una regulación más estricta del etiquetado y la publicidad, que les generarían líos automáticamente, buscan medias que no valgan para casi nada, tengan un coste muy bajo y no cambien la dirección del consumo de las personas”.
Sus palabras resuenan hoy con más fuerza, después de saber que se venden como nuevos supuestos avances de anteriores carteras.
Imágenes | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
