Mientras toda la atención se mantiene centrada en lo que ocurra esta tarde durante la marcha “contra el ajuste” en el centro porteño, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que las organizaciones piqueteras que se movilizan tienen “temor a que pierdan el negocio” y acusó directamente al Polo Obrero de manejar “una caja de 5.461 millones de pesos, siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita estos planes y tiene necesidades”.
En este contexto, una denuncia de la Coalición Cívica había expuesto este año la “discrecionalidad en la distribución de los fondos públicos” a través de los convenios de financiamiento a cooperativas en el marco del programa Potenciar Trabajo, con fuertes acusaciones al gobierno de Alberto Fernández.
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El paper, elaborado en base a documentos públicos perteneciente al por entonces ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Victoria Tolosa Paz, muestra cómo el programa Potenciar Trabajo fue “cooptado por parte de organizaciones sociales y, particularmente por el Movimiento Evita, para hacer su política territorial”.
La denuncia penal realizada por la Coalición Cívica no se enfoca en los titulares de los planes sociales, sino en convenios de financiamiento que la Nación -desde la secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico– firmó directamente con los representantes de las cooperativas, asociaciones y fundaciones, en gran proporción, integrantes del Movimiento Evita, “estando de ambos lados del mostrador”.
Potenciar Trabajo: radiografía de los “intermediarios” a los que apunta el Gobierno de Javier Milei
El Potenciar Trabajo fue la principal política de planes sociales y de empleabilidad del gobierno de Alberto Fernández. Los beneficiarios deben realizar tareas socio productivas, laborales, comunitarias o de terminalidad educativa para percibir la mitad de un salario mínimo, vital y móvil, tareas que realizan a través de unidades de gestión que son las que certifican la participación de los inscriptos en el programa. Estas unidades -en buena parte- están vinculadas a las organizaciones sociales.
Según el documento oficial, la más favorecida fue el Movimiento Evita ya que varias de las unidades de gestión se vinculaban con esta organización. Entre otras, el informe menciona a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA (convenios por $224 millones); Cooperativa La Patriada ($267 millones), entre otras. Con este dinero, estas unidades de gestión deben comprar los elementos y acondicionar los espacios de trabajo para que los beneficarios puedan cumplir con su tarea. La denuncia apunta a que era el propio Emilio Pérsico el que desde la Secretaría de Economía Social otorgada “a dedo” estos millonarios fondos. Cerca del dirigente social negaron cualquier irregularidad al respecto.
En este marco, la denuncia sostiene que el Movimiento Evita recibió el equivalente a $15.803.619.444 entre 2020 y 2022, a valores de julio 2023. La siguen el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que dirige Juan Grabois y recibió $4.003.811.176, luego la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que dirige Juan Carlos Alderete, que recibió $3.200.786.450 y detrás de ellas se encuentran Barrios de Pie, que recibió $2.038.310.399 y Libres del Sur, que recibió $1.244.222.225″, señala el documento.
“Con el ingreso de las organizaciones sociales al Ministerio de Desarrollo Social ha cambiado la lógica de este tipo de programas y se ha convertido en una repartición de los beneficiarios y de los convenios absolutamente discrecionales y orientado al desarrollo político de las organizaciones. Es la consecuencia directa de tenerlos de ambos lados del mostrador, otorgando, recibiendo y controlando el dinero público”, plantea el texto.
El legislador Hernán Reyes, uno de los autores de la denuncia, dialogó con TN sobre la denuncia y le pidió a Milei centrarse en el financiamiento a las unidades de gestión: “La mayoría de las organizaciones se financian más con los convenios de transferencia directa de plata, más que con el porcentaje de retención de los planes. El Gobierno no está transparentando los números del programa, no dijo nada sobre estos convenios ni acusa un cambio real en el financiamiento de estás organizaciones”.
Y agregó: “Cortar con el presentismo es una buena medida pero es insuficiente. Este plan se tiene que transformar en una capacitación real para trabajar. Darles herramientas de empleabilidad, para que ganen autonomía. Que se inserten en el mercado para ser independientes de las organizaciones y, también, de la ayuda del Gobierno”.
El informe muestra una radiografía del plan Potenciar Trabajo y expone que el dinero fue repartido en un total de 761 pagos entre 227 cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones.
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Como se puede leer en los números, el Movimiento Evita concentró más de la mitad de los fondos repartidos, mientras que el MTE, la CCC y el conjunto Barrios de Pie y Libres del Sur recibieron por encima del 10%. El 16% restante se repartió entre otras organizaciones, como la Tupac Amaru, el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán y otras.
La discrecionalidad con la que se celebraban los convenios no solamente se refleja en la distribución de los recursos sino también en la forma en que se distribuyeron territorialmente los proyectos, con una preponderancia en la participación de la Provincia de Buenos Aires.
“No resulta casualidad que las organizaciones sociales hayan armado el partido Patria de los Comunes en torno al Movimiento Evita y se hayan centrado en los municipios de mayor desarrollo como son La Matanza, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Lanús, y Moreno”, suma.
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En las conclusiones del trabajo, la CC-ARI denunció un “verdadero saqueo al Estado en función del armado territorial y político de estos sectores”: “Varios integrantes del Movimiento Evita ingresaron a la función pública y establecieron un sistema que les permitía inyectar dinero para sus círculos de acción. Tomaron los cargos de gestión, definieron esquemas normativos laxos y ambiguos que les permitían un manejo discrecional y arbitrario, y se aprovecharon de ello”.
“A través de las prestaciones individuales del Programa Potenciar Trabajo, extienden su capacidad territorial con militancia política como contraprestación sin ningún tipo de control externo, y aprovechan los convenios para tener caja y liquidez. (…) Se construyó así una especie de Estado Paralelo, donde la gestión de las políticas sociales para las personas deja de depender del Estado y pasa a depender de los vínculos con algunas organizaciones sociales”, denunciaron.
