La cotización por ingresos reales continúa siendo una de las principales demandas de los trabajadores por cuenta propia. La posibilidad de cotizar según los rendimientos obtenidos por el trabajo autónomo es uno de los sueños de muchos autónomos que no llegan a fin de mes, y una forma de equiparar los derechos de los asalariados con los del colectivo autónomo.
Sin embargo, nada se ha hablado de una medida mucho más justa: la cotización por beneficios reales. Se trataría de una medida que, al igual que ocurre cuando un autónomo realiza sus declaraciones fiscales, serviría para que el autónomo cotizase según su beneficio operativo, es decir, una vez deducidos todos los gastos necesarios para el ejercicio de su actividad habitual (bienes de equipo, gastos de suministro, alquiler de local, compras, etc.).
Esta fórmula es la que precisamente rige a nivel fiscal. El autónomo no tributa por su facturación, sino por sus rendimientos reales en el IRPF y también, por el importe de las ventas una vez deducidas sus compras en el IVA. Al final, se trataría de ajustar el rendimiento neto, que al fin y al cabo determina los ingresos personales del trabajador a su cotización a la Seguridad Social.
Evidentemente, todavía no sabemos cómo se articularía una eventual cotización por ingresos reales en caso de ponerse en marcha. A pesar de que, en su momento, las principales asociaciones de autónomos establecieron un mecanismo de tramos para poner en marcha este sistema, e incluso el Gobierno se había mostrado abierto a su implementación, lo cierto es que se trata de una medida que, de momento, se encuentra en barbecho.
Sin embargo, por el momento, la cotización por beneficios reales no se encuentra en la mesa del debate político. Ni siquiera se insinúa con ello, ni en la campaña electoral en la que ya nos encontramos inmersos. Y, en realidad, si finalmente se pone en marcha, lo más probable es que se tomen los ingresos brutos de los trabajadores.
Tengamos en cuenta que la Seguridad Social se encuentra ávida de ingresos para financiar todas sus prestaciones. Una medida de este tipo beneficiaría a los trabajadores, pero supondría tener que renunciar a una buena cantidad de ingresos.
