Córdoba. La legisladora de Unión por Córdoba, Ilda Bustos, presentó un proyecto que busca transformar el transporte en un lugar seguro para sus usuarias.
Se sabe que en paradas y colectivos, por ejemplo, ocurrieron y ocurren situaciones de acoso sexual de hombres a pasajeras. Por eso, la iniciativa busca que los agentes relacionados sean capacitados y exista un protocolo de acción.
El documento oficial sostiene que el programa “busca garantizar la dignidad y libertad de circulación e integridad psicofísica de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas trans” en el transporte público, prohibiendo “todo tipo de acción física y/o verbal con connotación sexual no consentida”.
No queremos ese apoyo.
En contacto con este medio, Ilda Bustos aclara que el proyecto modifica e incluye algunos artículos de la ley actual, principalmente, reglamenta la creación de un protocolo de acción para fuerzas de seguridad y conductores.
También requiere extender la colocación de cartelería no sólo en el interior de las unidades (como existe ahora), sino en paradas, refugios, parques y avenidas.
Dice la legisladora: “Está confirmado que la cartelería tiene un poder disuasivo hacia los individuos que realizan esa práctica y también a testigos y víctimas” y compara esta instancia con la ley que prohibió fumar: “Llevó un tiempo, pero se aceptó y hoy nos parece lógico”.
El instrumento se dirige a los choferes, porque juegan un rol fundamental ante hechos de violencia de género. Bustos asegura que algunos actuaron correctamente, pero otros no: “Para los choferes que no saben cómo actuar, esta ley les daría contención y formación, para que puedan cerrar las puertas de la unidad y trasladarse a la Policía procurando la aprehensión del agresor”.
Un aporte más para ni una menos.
El proyecto fue presentado en noviembre. “Como toda ley, esperamos su tratamiento; si se aprobara, continúa la reglamentación, instancia en la que se especifica quién y cómo debe realizar las capacitaciones”.
En ese caso, los organismos involucrados serían la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia, el Consejo Provincial de la Mujer y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La extensión del programa es provincial y los municipios podrán adherir en forma voluntaria. Para Ilda Bustos, “éste es un aporte más para algo que falta mucho: combatir la violencia hacia las mujeres y adolescentes”.
25-01-2019
