Jorge Di Lello, fiscal federal y fiscal con competencia electoral de de la Capital Federal, murió este sábado, tras permanecer varias semanas internado. Tenía 72 años y había sufrido un ACV meses atrás.
Entre otros varios casos, fue fiscal en la causa de la exCiccone Calcográfica en la que se imputó al exvicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito. Una emblemática causa de la corrupción kirchnerista en la que se hizo cargo de la parte acusatoria luego de que fuera separado el fiscal Carlos Rívolo.
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Además, Di Lello fue el primer representante del Ministerio Público Fiscal que investigó e imputó al exmandatario Mauricio Macri en el 2017 por la concesión de rutas aéreas a la empresa colombiana Avianca.
De origen peronista, había sido nombrado por el exjefe de Estado Carlos Menem. También militó en Montoneros, y permaneció detenido durante más de un año por haber participado en la parte logística de un golpe que dio la organización.
Una fuente consultada por TN.com.ar que trabajaba junto a él aseguró que “para mi siempre fue como un padre. En la fiscalía siempre nos manejamos como familia. Nos enojábamos y nos amigábamos pero siempre íbamos para el mismo lado, como un equipo con su conducción. Para mi fue un maestro, estoy muy triste por su fallecimiento”.
Durante su trayectoria en el ámbito judicial Di Lello logró convertirse en uno de los integrantes emblemáticos y de mayor trayectoria en los tribunales federales de Comodoro Py.
Una de sus últimas resoluciones
A inicios de febrero el fallecido fiscal tomó una de sus últimas medidas: imputó al exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis por el delito de enriquecimiento ilícito.
La investigación contra el exfuncionario de la administración de Mauricio Macri se originó por una denuncia del diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade.
La fiscalía dispuso que “a los fines de delimitar temporalmente, el objeto procesal denunciado, en virtud del suceso de relevancia penal traído a estos estrados judiciales, compúlsese la página web del sistema de registro de datos NOSIS respecto de cada una de las personas y empresas descriptas, debiéndose incorporar a la presente vía digital”.
Por este mismo motivo fue denunciada la exsubsecretaria de Comunicación Presidencial, Fátima Micheo, que multiplicó por 25 el patrimonio que declaró cuando se hizo cargo de los discursos y la puesta comunicacional del expresidente, según la denuncia.
Ambas acusaciones recayeron en el juzgado federal de Sebastián Casanello, que delegó el caso en el fiscal Di Lello.
