Finalmente, concluía bien entrada la noche del jueves la primera semana de debate de la Ley Ómnibus en comisiones de Diputados, que mostró bastante de show político, escenificó duros cruces entre oficialismo y oposición -y entre los distintos tipos de oposición- y dejó todavía varias incógnitas abiertas sobre el futuro parlamentario del paquete de reformas. La discusión continuará la semana que viene con la participación de organizaciones de la sociedad civil y representantes de “sectores afectados”, según informaban en la Cámara Baja al cierre de esta nota.
En La Libertad Avanza insisten en dictaminar antes del próximo fin de semana y, algunos más audaces, apuestan incluso a sesionar. En la oposición más “colaborativa” ya advierten que difícilmente sucederá, siguen planteando modificaciones y, sobre todo, reclaman que se conforme una mesa de negociación con interlocutores con poder de decisión. Hay tres bloques -con una mayoría de diputados de lo que fue Juntos por el Cambio- que tienen, cada uno, la llave de la aprobación del proyecto y ya comenzaron a trabajar coordinadamente para discutir los cambios con el Gobierno.
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Fue el principal bloque opositor, Unión por la Patria -que a menos que sufra una fractura está determinado a rechazar de plano el megaproyecto-, el primero que propuso que fueran convocados los sectores afectados por la norma. Pero era compartido también por bancadas como la UCR, la Coalición Cívica e incluso parte del PRO, que reciben diariamente pedidos de reunión de organizaciones civiles, sindicales y representantes de distintos colectivos.
El oficialismo aceptó el planteo y las audiencias se realizarán desde el lunes y podrían extenderse al martes. Quedaba pendiente todavía, como reclaman también tanto en el peronismo K como en el resto de la oposición, la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, que es uno de los miembros del Gabinete que por ahora no pasó por el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales en el que se debate desde el martes el proyecto.
Con la posibilidad de juntar alrededor de 40 diputados de base, La Libertad Avanza está en clara minoría en una cámara en la que el quorum, para abrir una sesión y poder tratar cualquier iniciativa, se alcanza con 129 diputados sentados en sus bancas. Hay tres bloques en particular que el oficialismo necesitará sí o sí para alcanzar ese número y eventualmente asegurarse la aprobación de “un” proyecto (no el proyecto de reformas tal cual el Ejecutivo lo envió al Congreso).
Esos bloques son el PRO, integrado por 37 diputados y comandado por Cristian Ritondo; la Unión Cívica Radical, de 34 legisladores conducidos por Rodrigo De Loredo, y Hacemos Coalición Federal (HCF), con 23 diputados presididos por Miguel Ángel Pichetto, pero que es a su vez la unión de otros tres espacios: Cambio Federal (con referentes como Emilio Monzó y Nicolás Massot), la Coalición Cívica (de los “lilitos” Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro), y Hacemos Nuestro País (la alianza entre el peronismo del cordobés Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, más el socialismo).
“No es que nuestro bloque tiene la llave de la aprobación del proyecto. Cualquiera de los bloques tiene la llave de la aprobación del proyecto”, resumía este jueves el referente de una de estas bancadas opositoras.
Más allá de las complejidades que supone la fragmentación y el hecho de que bloques como el PRO o la UCR estén atravesados por sus propias internas, y que HCF es una alianza variopinta, todos estos sectores vienen conversando entre sí con intensidad en los últimos días y comenzaron a armonizar sus “semáforos”.
La idea del “semáforo” surgió en la UCR: el bloque, con el aporte de cada uno de sus diputados, especializados en distintos temas, además de asesores extraparlamentarios (como constitucionalistas), armaron análisis profundo de todo el proyecto y diferenciaron básicamente entre los artículos y temas que acompañarían sin inconveniente (verde), aquellos que generan duda, requieren explicación o pueden ser mejorados (amarillo), y otros que de ninguna forma acompañarían en los términos que fueron planteados (rojo).
Lo que se negocia ahora entre los bloques “colaborativos” y se empezó a discutir esta semana en reuniones concretas entre sus principales dirigentes es la posibilidad de compatibilizar entre sí los “semáforos” de cada espacio. Y lo cierto es que, a grandes rasgos, las bancadas vienen sosteniendo los mismos planteos en lo que refiere a los temas que están en el “rojo” del semáforo. En líneas generales, como ya informó TN, son:
- La emergencia pública y la amplia delegación de facultades legislativas en el Presidente por cuatro años. Solo aceptará la emergencia por 1 año prorrogable por otro año, pero por decisión del Congreso, no del Ejecutivo, y con limitación en el alcance de las delegaciones.
- La mayor parte de la reforma electoral, que el Gobierno ya dio señales de descartar.
- La suba de retenciones. El rechazo de base es general, pero hay diferencias entre los bloques dialoguistas entre sí y dentro de los mismos bloques respecto a qué se podría aceptar y qué no en este punto.
- La suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y los aumentos por decreto. Proponen, en general, que al menos se establezca que de mínima los aumentos sean por inflación.
- La privatización generalizada de empresas por sola decisión del Ejecutivo.
- La habilitación de endeudamiento en dólares sin límites ni control parlamentario.
Ahora bien, hasta este jueves, como lo habían hecho el miércoles y el martes cuando comenzó el debate, tanto en el PRO -incluidos halcones- como en la UCR y Hacemos Coalición Federal, volvieron a asegurar, en diálogo con este medio, que pese a que el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el jefe del bloque LLA, Oscar Zago, muestran actitud dialoguista, no existe todavía una mesa de negociación ni un interlocutor claro con poder de decisión para acordar eventualmente un dictamen con modificaciones.
Nadie termina de identificar, tampoco, cuánto hay de estrategia y cuánto de desorden en la actitud libertaria. Las discusiones incluyen además diálogo directo entre el Ejecutivo nacional -o al menos una parte, con Guillermo Francos al frente- y los gobernadores, pero los mandatarios no tienen control total sobre los bloques.
“Lo que está claro es que tiene que haber un dictamen con los cambios ya acordados. Nadie va a acompañar un dictamen con un proyecto que no respalda para luego votar a favor en general y en contra en particular, artículo por artículo. El tema es que el dictamen hay que discutirlo y es una discusión fina. Así es muy difícil”, señalaba este jueves una alta fuente radical.
Pero lo mismo decía otra fuente del PRO hace ya más de una semana y por eso había diputados entre los bloques “dialoguistas” que tampoco descartaban eventualmente la posibilidad de avanzar con un dictamen opositor, que incluya las modificaciones. Aun así, esa posibilidad estaba lejos.
En La Libertad Avanza aseguraron que la semana que viene, luego de las audiencias con organizaciones y sectores afectados por el paquete de reformas, se convocaría a una reunión de todos los presidentes de bloque para intentar avanzar en el armado de proyecto de consenso.
En la bancada oficialista tenían la expectativa de tener firmado un dictamen antes del fin de semana y más de un diputado esperaba poder sesionar en la misma semana. Entre los bloques opositores -obviando a Unión por la Patria- avisan que lo de la sesión es casi imposible, pero lo del dictamen, en todo caso, depende en gran medida de la actitud del gobierno libertario.
