Aunque la ley es bastante clara, las concesionarias de autopistas de peaje suelen encontrar el modo de que la balanza se acabe inclinando a su favor. La Ley de Carreteras de 2015 y su posterior aclaración en 2018 por petición de la patronal Seopán, entre otras, deja claro que los vehículos policiales y demás fuerzas de orden público así como los camiones de bomberos y ambulancias están exentos del pago en los peajes.
Sin embargo, en Galicia la Federación de Empresarios de Ambulancias ha denunciado que en Asturias y Galicia se les obliga a pagar en los peajes. En especial el de la AP-9, en el que las empresas del sector invierten 20.000 euros al mes.
Unos pasan gratis, y otros no
Según recoge La Voz de Galicia, el presidente de la patronal de ambulancias gallegas, Enrique Blanco, señala que las empresas del sector de la comunidad abonan al mes 20.000 euros en peajes en la AP-9, sin que dichos importes puedan ser repercutidos al 061 u otros clientes.
De acuerdo a las declaraciones de Blanco, la federación ha presentado tres recursos y enviado burofax a los responsables de las autopistas, sin recibir respuesta acerca de por qué en Madrid o Castilla y León se exime del pago en los peajes pero no en Galicia y Asturias.
El representante de las empresas de ambulancias gallega asegura que el transporte de pacientes debe ser lo más rápido posible, y que por eso usan los carriles de Vía T para evitar colas durante una emergencia: «Pasamos con el dispositivo de telepeaje y siempre, siempre, nos hacen el cargo del peaje«, afirma Blanco.
En el caso del transporte de pacientes que no están graves, pasan por taquilla y es cuestión de suerte: unos empleados les exigen el pago del peaje y otros no.
Audasa, la empresa que gestiona esta autopista, se defiende argumentando que la Ley de Carreteras sí recoge el cobro de peajes a estos vehículos y que las empresas de ambulancias reciben una rebaja del 50 % en las tarifas de los peajes de todas las autopistas de España.
La concesionaria añade además que para que fueran exentas del pago, los transportes de pacientes tendrían que avisar previamente al 112 para que este a su vez comunique a Audasa o Autoestradas de Galicia que va a pasar por el peaje por una emergencia.
Precisamente la AP-9 fue demandada por la Fiscalía a finales de 2018 por «práctica abusiva en el cobro del peaje» y curiosamente es la autopista española donde más se controla la velocidad.
Otra concesionaria que está en el punto de mira por interpretar la ley ‘a su aire’ es Aucalsa. Según publica El Comercio, la sociedad que explota la AP-66 y que une Gijón y Sevilla, también desoye la normativa.
Durante 2018, las ambulancias se dejaron 16.000 euros en el peaje, según datos de Trasinsa, la compañía que aglutina al sector en Asturias.
¿Qué dice la ley?
El artículo 23 de la Ley 37/2015 de Carreteras estipula que estarán exentos de pago:
- Los vehículos de las Fuerzas Armadas, los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los de los servicios contra incendios, siempre que el vehículo objeto del peaje pueda ser identificado visualmente como oficial.
- Los vehículos al servicio de las Autoridades Judiciales, de emergencia o Protección Civil, las ambulancias, o los de la propia explotación e inspección de carreteras.
Es decir, no tienen la obligación de abonar peaje los vehículos al servicio de las Autoridades Judiciales, de emergencia o Protección Civil, las ambulancias, ni los de la propia explotación e inspección de carreteras, «cuando estén cumpliendo sus respectivas funciones específicas».
Esas «funciones específicas» son el arma que han usado las concesionarias para no acogerse a la ley por considerarlo demasiado «impreciso» y vago y por ello piden una aclaración expresa al Ministerio de Fomento. Lo que han hecho algunas de estas empresas ha sido acogerse al Decreto de 1973, que eximía del abono del peaje si los vehículos tienen que cumplir una misión «en los terrenos de la autopista».
Un argumento que ya tumbó el Tribunal Supremo en 2006, pero que no ha impedido que las ambulancias sigan pagando peajes.
