En la última sesión del Concejo Deliberante de Colonia Caroya se aprobó por unanimidad la ordenanza del Fondo del Progreso, uno de los dos artículos que se modificaron en la Carta Orgánica Municipal tras el Referéndum del 12 de agosto pasado.
La situación es, por cierto, llamativa: la oposición votó a favor de un proyecto que no dejó de cuestionar durante la campaña y en el marco de lo que consideraron «ilegal».
Cuando el Intendente Brandán sugirió crear el Fondo del Progreso, todo el arco opositor se planteó que era «imposible» de aplicar y que las restricciones que proponía «hacían difícil de gobernar» para cualquier mandatario.
Además de la cuestión de aplicabilidad, «Cambiemos» siempre se mantuvo firme en su postura de considerar «ilegal» el procedimiento que usó el oficialismo para convocar a Referéndum. Incluso después de las elecciones tampoco asistieron a la jura de la Carta Orgánica y pidieron esperar que la Justicia defina la constitucionalidad del acto.
Sin embargo, el Ejecutivo avanzó en la presentación del proyecto de ordenanza para reglamentar el Fondo y logró el acuerdo de todos los bloques políticos, algo que no se imaginaban.
¿Cómo funciona?
El Fondo del Progreso está en el Artículo 346 de la Carta Orgánica. Es una Partida Presupuestaria Anual, que debe ser contemplada de manera obligatoria.
Estará constituida por el 30 por ciento de la totalidad de los ingresos municipales y de otras jurisdicciones que no tengan un fin específico (tasas municipales y fondos coparticipables de Provincia y Nación).
El Ejecutivo lo podrá administrar mediante un fondo fiduciario si así lo desea. Mientras, se depositará en una cuenta corriente.
El destino de ese fondo está establecido en la ordenanza: Obras Púbicas, Servicios Públicos y Equipamiento.
También abarca la adquisición de bienes muebles que no son registrables, pero que resulten necesarios para la realización de proyectos vinculados a las obras públicas, servicios públicos y la modernización de la administración municipal.
Cada año, en el mes de septiembre, el Ejecutivo convocará al Consejo de Vecinos y al Consejo de Planificación Estratégica para la definición de las prioridades en el gasto del Fondo del Progreso.
Este año, excepcionalmente, se hará en octubre para que quede establecido en el Presupuesto 2019 y comience a regir desde el 1º de enero.
