Las pymes y los autónomos llevan años reclamando que se ponga en marcha el reglamento de la ley de morosidad que articule el régimen sancionador ante el incumplimiento de la misma. A día de hoy sigue parado. Y no pagar a tiempo sale gratis. La mayor vergüenza empresarial en España es esta: el IBEX está pagando a 191 días y las pymes y autónomos lo sufrimos.
Así lo indica un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, (PMcM). Y lo peor de todo es que no es en un momento de necesidad, de pérdidas, sino que el beneficio empresarial, sobre todo de estas grandes empresas se recupera. Las empresas españolas cotizadas ganaron 30.304 millones de euros en el primer semestre de 2021. Mientras las pymes con mucho menos músculo económico siguen con graves problemas de tesorería.
El problema es endémico. La gran empresa no paga a tiempo porque se utiliza ese dinero para tener un mayor beneficio. Y porque sale gratis. No hay penalización por estar seis meses sin pagar a un autónomo. Saben que no les van a sancionar y que la pyme no tiene capacidad para reclamar jurídicamente.
Además, en muchos casos no reclaman los pagos por no perder un cliente. Saben que si quieren volver a trabajar con esa empresa, mejor esperar y que tarde o temprano, más bien lo primero cobrarán.
¿Cómo se beneficia la gran empresa de estar medio año para pagar?
La Ley de Morosidad tras su reforma de 2010 limita a sesenta días el plazo para pagar una factura. Además prohíbe la posibilidad de ampliar ese periodo mediante acuerdos particulares. Tiene previstas medidas para que se cumpla, al menos sobre el papel, con recargos del 15% anual cuando las deudas no liquidadas en esos dos meses superan los 30.000 euros. La realidad ya la conocemos.
La gran empresa además obtiene devoluciones de Hacienda de entre 5.100 y 9.800 millones de euros por el IVA de facturas que no han pagado pero que sí han computado formalmente como gastos. Mientras la pequeña empresa si que paga dicho IVA.
Según Antonio Cañete, presidente de la PMcM:
una parte importante de este efectivo podría utilizarse en la recompra de sus propias acciones en el mercado para incrementar el valor de la inversión de sus accionistas, en vez de destinarlo a pagar esas enormes cuentas pendientes que tienen con sus proveedores.
El régimen sancionador que se está tramitando supone que según la gravedad:
- Las infracciones leves se sancionan con multas de hasta 3.000 euros.
- Las graves hasta 100.000 euros.
- Las muy graves, hasta 1 millón de euros.
Además, y en el supuesto de reincidencia como infractor grave, se añaden otras consecuencias como la imposibilidad de contratar con entidades del sector público, no poder ser beneficiario de subvenciones, la suspensión o imposibilidad de acceso a créditos ICO o incluso no poder beneficiarse de deducciones del Impuesto de Sociedades o IRPF.
Pero pese a contar con el acuerdo de un 98% de los diputados, la introducción de multitud de enmiendas deja esta proposición sin efecto práctico y no sería la primera vez que no llega a salir adelante.
Los problemas de caja para una pyme derivado de retrasos del IBEX
Según consta en la propio preámbulo de la proposición de ley:
El coste financiero de la morosidad en nuestro país estaría por encima de los 850 millones de euros, entendido como el coste de oportunidad que entraña no poder hacer un uso alternativo de la liquidez objeto de impago
a esto habría que añadir los costes que el impago acarrea para las empresas y que, a diferencia del coste financiero anterior no son costes de oportunidad, sino pérdidas directas para el empresario.
A esto hay que unir que no solo es que no se cobre la deuda a tiempo, sino que en muchos casos la pequeña empresa tiene que recurrir al crédito para hacer frente a los costes que le ha generado realizar ese trabajo.
Además en la mayoría de los casos si se prolonga el periodo de morosidad tienen que pagar el IVA de una factura que no han cobrado, lo que contribuye a penalizar aún más su exigua liquidez.
Una esperanza para cambiar esta situación es que el Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación remitido a la UE para acceder a sus fondos el compromiso de que se adoptarán medidas para reducir la morosidad. Pero es ahora, cuando muchos necesitan liquidez cuando es acuciante aprobar esta ley.
Las medidas contra la morosidad se han incluido en el anteproyecto de Ley para la Creación y Emprendimiento Empresarial. Dicho anteproyecto ya ha finalizado la fase de consulta pública y está lista para llevar al parlamento. ¿La veremos en marcha en 2022? Seguro que muchas pequeñas empresas s conformaría ya con eso.
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