Durante casi tres décadas, una mujer trabajó con bata blanca detrás del mostrador de una farmacia del sur de Francia, atendiendo a pacientes y dispensando medicamentos como cualquier técnica cualificada. Sin embargo, tras 27 años de servicio, una inspección rutinaria descubrió algo sorprendente: no tenía el título oficial de técnica de farmacia.
Aunque ese detalle, en un primer momento, podría llevarnos a señalar a dicha empleada con el dedo, el caso ha terminado teniendo relevancia jurídica para los empleadores de todo el país.
Y es que la justicia francesa acaba de dictaminar que su despido fue improcedente, y obliga ahora al dueño de la farmacia a pagarle 34.800 euros de indemnización, además de 3.000 euros en costas judiciales, por no haber verificado sus credenciales a tiempo.
La argumentación es sencilla: la responsabilidad de comprobar la titulación recaía en la empresa, no en la trabajadora.
Una historia que comenzó en 1998
Todo empezó en 1998, cuando una joven fue contratada como préparatrice en pharmacie —técnica de farmacia— en una botica de la región de Provenza. En aquel momento, nadie le pidió su diploma, y ella comenzó a trabajar con normalidad. La farmacia cambió de propietarios varias veces a lo largo de los años, y su contrato se fue transfiriendo sin interrupciones, la última vez en 2015, cuando nuevos gerentes adquirieron el negocio.
Durante todo ese tiempo, su desempeño fue satisfactorio y nadie cuestionó su cualificación. Todo cambió cuando, a finales de 2017, un inspector de la ARS (Agencia Regional de Salud) realizó una inspección aleatoria y pidió los títulos de todo el personal.
Fue entonces cuando se descubrió que la trabajadora no tenía el diploma oficial exigido por la normativa sanitaria.
De la sorpresa al despido
Los nuevos dueños intentaron obtener una copia del documento. Primero se lo solicitaron verbalmente, y después mediante dos cartas enviadas entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Sin embargo, la empleada se encontraba de baja médica desde el 11 de diciembre y no respondió. La dirección decidió entonces suspenderla cautelarmente y, en febrero de 2018, la despidió por falta grave, alegando «mentira» y «falta de buena fe».
El empleador argumentó que ella había ocupado un puesto regulado sin el título necesario, exponiendo al establecimiento a sanciones penales. Pero la trabajadora sostuvo lo contrario: nunca ocultó su situación y, según dijo, los antiguos propietarios sabían perfectamente que no tenía diploma y que trabajaba bajo autorización o supervisión.
La omisión, insistió, fue del nuevo propietario que no revisó los archivos al comprar la farmacia.
Un periplo judicial de siete años
El caso ha ido pasando, a lo largo de siete años, por diversas instancias judiciales, reflejando la complejidad del asunto y la importancia del precedente que estaba en juego.
Finalmente, el Tribunal de Apelación (el máximo órgano judicial francés) fue tajante: un empleador que mantiene durante años una relación laboral sin verificar las cualificaciones no puede despedir por causa grave alegando un defecto que él mismo ignoró o permitió.
En el fondo, la sentencia no pretende eximir de responsabilidad a los trabajadores, sino recordar que la omisión empresarial no puede transformarse en una falta disciplinaria del empleado.
La resolución no hace sino subrayar una responsabilidad empresarial a menudo ignorada, y reitera un principio básico del derecho laboral francés —y extensible a otros países europeos—: la carga de la verificación documental recae en la empresa.
Esto es especialmente importante en profesiones reguladas, como la farmacéutica, la sanitaria o la educativa, donde la titulación no es opcional sino un requisito indispensable para ejercer. Además, el tribunal resaltó que, tras más de dos décadas de vínculo laboral, la empleada había actuado con transparencia y sin engaño.
El fallo, además, recuerda que la responsabilidad empresarial es continua y no delegable, incluso en casos de sucesión o traspaso de negocios
Implicaciones para el mundo laboral
El caso plantea un debate sobre la diligencia empresarial y la gestión de personal en sectores regulados. No sólo se trata de cumplir con la ley, sino de prevenir sanciones administrativas y conflictos laborales. Para ello, los empleadores deben adoptar protocolos preventivos, como el de verificar títulos y certificaciones antes de contratar o al asumir un negocio.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
