En un clima cargado de tensión y plagado de cruces, la Comisión de Juicio Político retomó la ofensiva del Gobierno contra la Corte Suprema y definió este jueves un cronograma de citación de testigos. La oposición objetó las medidas de prueba que aprobó el oficialismo y denunció que el proceso incurre en la ilegalidad y la violación de derechos constitucionales.
Fue la cuarta reunión en el marco del juicio político por mal desempeño que impulsa el Frente de Todos contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
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El próximo jueves a las 11 de la mañana comenzarán a presentarse los primeros testigos, que serán jueces federales y funcionarios judiciales del máximo tribunal. Fueron citados el extitular de la Secretaría Judicial N°5, Cristian Abritta; el subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración, Sergio Rubén Romero; de la Secretaría Judicial N 2 (Previsional-CSJN), Sileño Rómulo Cárdena Ponce Ruiz, y de la Secretaría de Juicios Originarios, Alejandro Daniel Rodríguez.
También deberán comparecer Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Vilanotti, integrantes de la Vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Y, fuera del máximo tribunal, fueron citados los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos.
La resolución que aprobó el oficialismo la semana pasada y declara la admisibilidad de la acusación contra los jueces de la Corte contiene una extensa lista de testigos que serán llamados en las próximas semanas. Entre ellos están Silvio Robles, vocero de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño, hoy de licencia. Ambos fueron denunciados por el Gobierno por supuestos chats filtrados que probarían presuntos contactos para que el máximo tribunal fallara a favor de CABA en la pelea por la coparticipación.
Justamente, la citación a los jueces Ramos Padilla y Sebastián Ramos fue propuesta por el diputado ultra K Rodolfo Tailhade. Se trata de dos magistrados que intervinieron en denuncias penales contra Robles y D’Alessandro, que presentaron en paralelo los gobernadores oficialistas Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
Entre las medidas de pruebas que planteó el oficialismo se incluye darle intervención Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) -que depende de la Corte Suprema y está a cargo de las escuchas telefónicas que dispone la Justicia- para “establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas”.
En ese sentido, el Frente de Todos libró este jueves un oficio a la Dajudeco para acceder al registro de llamadas entre Robles y D’Alessandro. La bancada oficialista sostuvo que no se requiere autorización de un juez, porque no se estaría reclamando el contenido de las conversaciones, sino la confirmación del cruce de llamados.
El diputado del PRO, Pablo Tonelli, advirtió que “la comisión no tiene facultades para requerir intercepciones telefónicas o entrecruzamiento de llamadas y solo puede hacerse por intermedio de un juez”.
“Van montar un show con prueba obtenida de manera ilegal y la citación de testigos a los que se les vulnerará sus derechos constitucionales. En un juicio político no se suspenden garantías constitucional”, completó en el mismo sentido la diputada del PRO, Silvia Lospennato.
La oposición propuso la citación de Alberto Fernández a la comisión de juicio político
El jefe de bloque de diputados de Identidad Bonaerense, Alejandro “Topo” Rodríguez, pidió la citación del presidente, Alberto Fernández, que les promovió el pedido de juicio político que luego presentaron los diputados del Frente de Todos: “Razón por la cual no veo motivo para no empezar la lista de testigos por él, convoquémoslo. La solicitud fue respaldada por los diputados de JxC.
Rodríguez dijo que la presentación del Presidente en comisión de juicio político en Diputados “sería importante por su rol, por la información que tiene y maneja”, y aclaró que “aunque le asiste el derecho de no comparecer, sería importante que lo haga”. El planteo fue rechazado por el oficialismo.
La reunión de la comisión es encabezada por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, y allí se elabora el listado de invitados que serán citados en las próximas semanas. A esta etapa le seguirá la de recolección de pruebas y testimonios durante los próximos tres meses con el objetivo de decidir si se emitirá dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces.
A sabiendas de que la oposición seguirá sin dar quorum durante el debate, el oficialismo hará valer nuevamente su mayoría de 16 miembros. La misma que le permitió aprobar hace unos días la apertura de la investigación a los jueces del máximo tribunal a pesar de los 15 diputados de Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.
A su vez, los proyectos ya estarían en condiciones de ser analizados por la Cámara de Diputados, pero es una instancia en la que el Frente de Todos no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros presentes en ese momento.
Como el dictamen de la comisión tiene tres años de validez, el kirchnerismo evalúa cajonearlo a la espera de poder tener más adelante un escenario legislativo más favorable.
Las acusaciones del kirchnerismo por el juicio político a la Corte Suprema
El kirchnerismo acusa de “mal desempeño” a los jueces de la Corte Suprema, en especial por el fallo que le ordenó al Gobierno a restituir parte de los fondos de coparticipación recortados.
El proyecto plantea: “Resulta evidente que la decisión adoptada por los ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal”.
Entre los ejes de la presentación del oficialismo están además los presuntos chats entre el vocero del presidente del máximo tribunal, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, de licencia. Los supuestos intercambios de mensajes se difundieron ilegalmente.
