Desde la posguerra europea, la inmigración ha sido una constante silenciosa en la reconstrucción económica del continente, primero para suplir mano de obra en la industria y más tarde para sostener el crecimiento y el Estado del bienestar en sociedades cada vez más envejecidas. Con el paso de las décadas, ese fenómeno pasó de ser una necesidad asumida a convertirse en un debate político central, especialmente tras las ampliaciones de la UE y las crisis económicas. Hoy, Europa se enfrenta de nuevo a una pregunta que creía resuelta: hasta dónde está dispuesta a llegar para seguir siendo un espacio abierto.
La cifra del nervio. La idea la contamos hace unos meses. Suiza se encamina a una votación que condensa muchas de las tensiones acumuladas en Europa durante la última década: crecimiento demográfico, inmigración, vivienda y modelo económico. La propuesta de fijar un tope absoluto de 10 millones de habitantes, impulsada por la Swiss People’s Party, llega a las urnas tras reunir las firmas necesarias en un país donde la democracia directa convierte el malestar social en decisiones de Estado.
La situación: con una población actual de 9,1 millones y un crecimiento muy superior al de sus vecinos, el debate ya no gira en torno a si Suiza puede seguir creciendo, sino a si quiere hacerlo.
De país atractivo a “saturado”. Durante décadas, la prosperidad suiza se apoyó en salarios altos, estabilidad política y una economía abierta capaz de atraer tanto mano de obra poco cualificada como talento internacional. Ese éxito ha tenido un reverso cada vez más visible: un 27% de residentes extranjeros, un mercado inmobiliario tensionado y una presión creciente sobre infraestructuras y servicios públicos.
Para los defensores del tope poblacional, ese crecimiento se ha vuelto incontrolable y amenaza la calidad de vida, pero para sus detractores, es precisamente el motor que ha sostenido la riqueza del país.
El límite y sus consecuencias. La iniciativa, a priori, no plantea un sistema gradual ni cuotas flexibles, sino un límite rígido, duro, que obligaría a actuar ya al superar los 9,5 millones y que, al alcanzar los 10 millones, implicaría literalmente cerrar casi por completo la entrada de nuevos residentes, incluidos solicitantes de asilo y reagrupaciones familiares.
Ese carácter absoluto es posiblemente lo que más inquieta a economistas y empresas, que advierten de un freno abrupto a la llegada de trabajadores justo cuando el envejecimiento de la población empieza a notarse y la demanda de mano de obra sigue siendo alta.
Europa como línea roja. El punto más delicado del plan es precisamente su impacto directo sobre la relación con la Unión europea. La razón es muy sencilla: si el tope no se respeta, el Gobierno estaría obligado a abandonar el acuerdo de libre circulación de personas, piedra angular de los tratados que garantizan a Suiza acceso al mercado único.
En un país donde cerca de la mitad de las exportaciones se dirigen a la UE, romper ese vínculo no es solo una cuestión migratoria, sino un cambio estructural del modelo económico construido durante décadas.
La economía frente al voto emocional. Aquí aparecen otros factores, ya que las multinacionales y patronales han reaccionado con dureza, alertando de deslocalizaciones, pérdida de innovación y tensiones adicionales sobre el sistema de pensiones, alimentado en buena parte por trabajadores extranjeros.
Por su parte, el lobby empresarial Economiesuisse ha calificado la propuesta de caótica, mientras académicos subrayan que el estancamiento reciente de salarios reales y el aumento del coste de la vida han creado un caldo de cultivo perfecto para buscar culpables en la inmigración, aunque los problemas tengan raíces más complejas.
Más allá del censo. Las encuestas muestran un país partido casi por la mitad, con un apoyo cercano al 48% que convierte el resultado en algo imprevisible. Por tanto, no parece que se trate solo de decidir cuántas personas pueden vivir en Suiza.
El quid fundamental apunta a otro lado: definir qué tipo de país quiere ser en un entorno europeo cada vez más tenso. O bien uno que preserve su apertura a costa de gestionar mejor sus desequilibrios internos, o bien otro que levante un límite simbólico y asuma el riesgo de redefinir su relación con Europa y con su propia idea de prosperidad.
Y, mientras tanto, Europa contiene el aliento por lo que pueda derivar de la decisión.
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