Este profesor tendrá que devolver 10 años de sueldo al Estado. La ley era clara al respecto

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La historia parece sacada de un thriller administrativo, pero es real y ha generado un enorme impacto en Italia. Un profesor, cuya identidad no ha trascendido por motivos legales, ha sido condenado a devolver diez años completos de su salario público después de que la justicia descubriera que, durante todo ese tiempo, no solo ejercía como docente en un centro estatal, sino que simultáneamente mantenía dos empleos privados prohibidos por ley.

Su caso se ha convertido en un ejemplo extremo de violación del régimen de incompatibilidades y un recordatorio contundente del papel que juega la transparencia en el sector público en algunos países.

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Un docente con dos vidas laborales

La investigación reveló que este profesor había estado compaginando su trabajo en la docencia con dos actividades privadas (empleado en una empresa de seguros y asesor financiero), dos profesiones claramente lucrativas y vetadas para quienes ejercen funciones públicas en Italia.

Todo ello lo llevó a cabo de manera oculta, sin pedir la autorización obligatoria ni informar a la Administración, lo que constituye una falta grave según la legislación vigente. El ejercicio simultáneo de estos trabajos no podía ser considerado un simple descuido administrativo, sino una infracción que el Tribunal de Cuentas calificó como «ocultación consciente del perjuicio causado a la Administración».

Cómo lo descubrieron: seguir el rastro del dinero

La clave para destapar el fraude fue un análisis minucioso de los ingresos del profesor. Los investigadores detectaron cantidades periódicas provenientes de «actividades externas absolutamente prohibidas durante el servicio público»: sus cuentas no cuadraban con las de un docente medio, y ese desajuste despertó las alertas tanto de los órganos fiscales como del Tribunal de Cuentas, que finalmente inició una investigación formal.

El hallazgo fue contundente: diez años enteros percibiendo ingresos externos, sin ningún tipo de permiso legal y en sectores estrictamente vetados para funcionarios.

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La estricta normativa italiana sobre incompatibilidades

Italia cuenta con uno de los regímenes de incompatibilidades más estrictos de Europa. La Constitución establece que los trabajadores públicos forman parte de un servicio exclusivo del Estado, que requiere dedicación plena y garantiza la imparcialidad y el correcto funcionamiento de la administración.

Según la normativa, los empleados públicos no pueden:

  • Dedicar tiempo a actividades comerciales o industriales,
  • Ejercer otras profesiones remuneradas,
  • Trabajar para empresas privadas o con fines de lucro,
  • Aceptar cargos en compañías que no estén ligadas a la administración estatal.

Las únicas excepciones se aplican a tareas vinculadas a entidades del Estado y siempre con autorización previa del ministerio competente.

Y el profesor incumplió todas estas disposiciones durante una década entera.

La sentencia: una década de sueldo a devolver

Una vez concluida la investigación, el Tribunal de Cuentas dictó una sentencia tajante: el profesor deberá devolver todo su salario de los últimos diez años, una cifra que ronda los 231.000 euros.

No se ha decretado prisión, pero el castigo económico es ejemplarizante. La resolución recalca que este reintegro es necesario para «garantizar el correcto funcionamiento e imparcialidad de la administración pública», al alejarla de posibles conflictos de interés.

La justicia interpretó la conducta del profesor no como una mera irregularidad administrativa, sino como una violación grave del deber de exclusividad, acompañada de ocultación continuada.

Un debate más amplio: ¿por qué existen estas restricciones?

Aunque pueda parecer excesivo a quienes observan el caso desde fuera, las restricciones no buscan castigar la iniciativa personal, sino evitar una erosión de la confianza pública. Un funcionario que trabaja para una empresa de seguros o como asesor financiero podría tener acceso a información sensible, realizar trámites de forma favorable a terceros o incluso dedicar menos tiempo al servicio público, lo que abriría la puerta a conflictos de interés, clientelismo o corrupción.

Vía | Bergamo Tomorrow

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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