Con
paros
y
medidas
de
fuerza
los
trabajadores
del
Poder
Judicial
de
la
Provincia
de
Córdoba
siguen
reclamando
en
todas
las
sedes
tribunalicias
y
San
Francisco
no
es
la
excepción.
Durante
las
últimas
horas
de
la
jornada
de
este
martes
llevaron
a
cabo
una
asamblea
y
manifestación
reclamando
aumentos
salariales.
A
continuación,
el
escrito
enviado
a
fin
de
visibilizar
el
reclamo:
Magistrados,
Funcionarios
Abogados
y
Público
en
General
Las
empleadas
y
empleados
del
Poder
Judicial
de
la
Provincia
de
Córdoba
queremos
poner
en
su
conocimiento
la
crítica
situación
salarial
que
atravesamos.
Este
año
judicial
probablemente
se
vea
atravesado
y
afectado
por
nuestra
lucha
y
no
deja
de
interpelarnos
la
incómoda
situación
de
tener
que
afectar
el
servicio
para
ser
escuchados.
Es
por
ello,
que
decidimos
dirigirnos
a
Uds.
y
relatar
brevemente
algunos
de
nuestros
motivos:
●
Un
meritorio
al
ingresar
al
Poder
Judicial
percibe
un
salario
de
$770.000
●
Un
auxiliar
con
más
de
7
años
de
antigüedad
y
dos
títulos
de
grado
percibe
un
salario
de
1.200.000.
●
Un
empleado
que
ingresó
en
el
año
2019,
continúa
siendo
primera
categoría
del
escalafón
(meritorio),
cuando
de
respetarse
la
promoción
automática
de
categorías
cada
dos
años,
sería
categoría
escribiente
(3ra).
●
Los
empleados
aportamos
a
la
caja
de
jubilación
un
22%
de
nuestro
salario,
el
aporte
más
alto
de
la
Provincia,
incluso
más
alto
que
nuestros
funcionarios
y
magistrados.
●
La
obra
social
proporcionada
–APROSS-
es
totalmente
deficiente
en
la
prestación
de
su
servicio.
●
El
título
de
abogado
tiene
un
valor
fijo
de
$172.399,49.
Los
demás
títulos
de
grado,
posgrado,
diplomaturas
no
tienen
un
valor
económico
para
nuestro
empleador.
●
Tenemos
inhabilitada
totalmente
nuestra
matrícula
por
lo
que
de
ningún
modo
podemos
usar
nuestro
saber
para
realizar
tareas
jurídicas
fuera
del
Poder
Judicial
como
paliativo
a
la
dura
situación
económica
que
atravesamos.
En
el
año
2010
la
Legislatura
de
la
Provincia
dictó
la
Ley
9725
en
la
que
se
estableció
“…las
compensaciones
remuneratorias
de
los
Jueces
y
miembros
del
Poder
Judicial
Provincial
serán
fijadas,
de
manera
paulatina,
automática
y
hasta
alcanzar
el
noventa
por
ciento
(90%)
de
las
remuneraciones
netas
de
bolsillo
de
los
cargos
equivalentes
de
la
Justicia
Federal…”.
Si
bien
los
magistrados
y
funcionarios
judiciales
poco
después
lograron
hacer
efectivo
dicho
mandato,
los
empleados
15
años
después
continuamos
esperando
la
prometida
equiparación
a
los
salarios
de
la
Justicia
Federal.
Reclamamos
el
cumplimiento
de
la
ley
y
consecuente
equiparación
de
la
planta,
considerando
que
los
15
años
de
espera
han
sido
tiempo
suficiente
para
que
el
empleador
realice
las
gestiones
pertinentes
a
fin
de
lograrlo.
Somos
comprometidos
con
la
tarea
que
realizamos,
nos
importa
brindar
un
servicio
de
justicia
de
calidad
y
nos
capacitamos
permanentemente
para
lograrlo,
pero
nada
de
eso
se
ve
reflejado
en
la
remuneración
que
percibimos.
Por
eso,
hoy
paramos.
Que
hipócritas
seríamos,
si
creyendo
en
la
justicia
como
valor
fundamental,
no
actuáramos
frente
a
la
injusticia
de
tener
un
salario
que
en
la
actualidad
no
nos
permite
vivir
con
dignidad.
Deseamos
que
esta
carta
ayude
a
comprender
el
porqué
de
nuestros
reclamos
y
de
las
medidas
que
hemos
decidido
tomar.
