El parque móvil español cierra el primer trimestre del año con un crecimiento del 1,6 % con respecto al mismo periodo de 2021. Así se desprende de los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) que ha recopilado la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa).
En términos absolutos este porcentaje supone que en España circulan actualmente 32.567.996 vehículos a motor, 513.739 más que al comienzo del año anterior.
Las bajas superan a las altas, aunque por poco
El fichero de FIVA reúne datos de todos los vehículos asegurados en España y, dado que es obligatorio hacer este trámite, es un buen indicador del tamaño del parque automovilístico en nuestro país.
Partiendo de esta base dichos datos revelan que en este primer trimestre del año se han producido 2.615.311 altas de vehículos, bien por matriculaciones de nuevas unidades o por transferencias.
Por contra las bajas superan por poco las altas con 2.635.925, lo cual deja un saldo negativo de 20.614 unidades. Esto último delata que, a pesar del aumento interanual, en los últimos tres meses el parque ha experimentado un leve decrecimiento.
Este contraste se aprecia mejor si comparamos las cifras anteriores con las del último trimestre de 2021. Con respecto a aquel periodo, las altas han aumentado en 50.673 unidades y las bajas se han disparado llegando a los 141.396 vehículos.
Entre las posibles causas de este fenómeno, por el lado de los vehículos nuevos hay que tener en cuenta las dificultades que han experimentado los fabricantes por causa de la crisis de semiconductores y cableado. Ello ha alargado los plazos de entrega, lo cual a su vez ha postergado también la contratación de sus pólizas de seguro.
Por el lado de la renovación del parque, el aumento de las restricciones en las ciudades a los vehículos más contaminantes (como sucede en Madrid y Barcelona) ha fomentado los achatarramientos. En muchos de estos casos, la operación termina con la baja definitiva del vehículo sin que éste sea reemplazado por otro.
Previsiblemente esto último será todavía más común en 2023, cuando todos los municipios con más de 50.000 habitantes (150 en todo el país) pasarán a disponer por imperativo legal de zonas de bajas emisiones que estarán vetadas a los vehículos sin etiqueta medioambiental.
