Toda persona que compra o vende un auto en Argentina se somete al sistema de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, ordena el esquema de regentes privados de estos registros. Un negocio sobre ruedas.
”Es una forma de repartir embajaditas. Un retiro decoroso, un premio vitalicio para amigos, conocidos de la política. Y se gana muy bien con un registro automotor. Son parte de los privilegios que hay que eliminar”, dijo a PPT Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica.
Lo que López señala es bien conocido por sus pares. Dirigentes de todo el país y de todos los colores políticos se han aprovechado del oscuro agujero que el sistema ofrece. No hay una irregularidad concreta en designación de amigos y familiares como encargados de estos entes, solo es otra forma de sacar ventaja.
Hay 1556 Registros de la Propiedad Automotor en todo el país. Es un número que crece con cada gestión. En 2018, cuando por iniciativa del entonces ministro Germán Garavano se les entregó un incentivo económico extra para agilizar trámites y completarlos en 24 horas, eran 1030.
Repartieron ganancias, en el primer semestre de 2022, por $34.500 millones. En la Fundación Argentina Porvenir, referenciada en el espacio porteño Evolución, advierten que apenas $11 mil millones de esa recaudación fueron a parar a las arcas públicas. El resto se diluye entre tasas, comisiones, gastos, sueldos.
Una particularidad: En la Argentina, completar con toda la burocracia correspondiente para una transferencia de un vehículo cuesta, en promedio, mil dólares al tipo de cambio paralelo. En los países vecinos, ese costo pasa a ser la mitad o, incluso, un tercio. Hasta en Qatar, el excéntrico país anfitrión del Mundial de fútbol, se paga menos.
Los amigos del poder
El menemismo fue, como en muchos otros rubros, un reparto discrecional de este tipo de negocios. Todavía quedan evidencias de aquellos años. Dos sobrinas del expresidente riojano tienen Registros de la Propiedad Automotor. María Siman en Marcos Paz o Laila Siman Menem en Plottier, Neuquén. Juan Pablo Valente, cuñado de Eduardo Menem, otro.
Los Ministros de Justicia, de quienes depende en última instancia este sistema, parecen haber aprovechado su oportunidad. En cada turno han logrado quedarse con algún registro para personas cercanas. En los 90 el hermano de Rodolfo Barra se quedó uno y la hermana Raúl Granillo Ocampo, otro.
En la década kirchnerista, quien fuera Secretario de Justicia, el ahora saliente camporista Julián Álvarez, le facilitó dos a Juan Pablo Torre y Daniela Angilello, integrantes de su equipo de trabajo. Aníbal Fernández también trabajó en esa área para la esfera nacional. Gustavo Frasquet, con quien tiene máxima confianza, es su abogado. Analía Dreyer, pareja de Frasquet, tiene uno.
El actual ministro, Martín Soria, no parece ser la excepción. Emilce Aiello, su concuñada, tiene un Registro en Neuquén. Resulta llamativo que el único proyecto de ley concreto para modificar el sistema actual y mejorar los beneficios del Estado por sobre los privados fue de María Emilia Soria, su hermana. Fue en 2016 y en ese momento la hoy intendente de General Roca representaba a la oposición. El proyecto no prosperó.
La titular de la Asociación de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AERPA) es Fabiana Cerruti, una de las hermanas de la portavoz presidencial. Tiene, además, el registro Olivos 2, en la zona norte del Gran Buenos Aires.
En Chubut tiene uno Juan Pablo Arcioni, hermano del Gobernador de esa provincia. Pero este negocio no conoce de grietas. En Jujuy hay uno para María Tulia Snopek, esposa del radical Gerardo Morales. En la provincia de Buenos Aires tiene el suyo Francisco Cammerlikx, cuñado del dirigente cercano a Patricia Bullrich Joaquín De La Torre. Es uno de los anotados en la anticipada carrera para la gobernación bonaerense.
