Son muchas las Comunidades Autónomas cuyos recursos destinados a ayudas directas para empresas no se han agotado. Muchas empresas muy dañadas por la crisis no pueden acceder a dichos recursos. Por eso el Gobierno rectifica y «matizará» las condiciones de acceso para las ayudas directas asumiendo el fracaso de su plan.
Con varios frentes abiertos. El primero de ellos será ampliar el plazo de solicitud, para que aquellas que todavía tengan partidas sin asignar puedan recoger nuevas solicitudes. Esto facilitaría que muchas empresas soliciten estas ayudas directas.
Pero no es el principal problema para la mayoría. La cuestión no es que se soliciten antes o después, sino que están pensadas como ayudas finalistas, es decir, sirven para pagar deudas. Si la empresa no tiene facturas pendientes de pagar en los cajones o créditos ICO, no hay mucho que rascar.
Aunque aquí si hay que hacer un inciso, Calviño ha abierto la puerta a que empresas cuyos socios han asumido las pérdidas puedan solicitar dichas ayudas. Y esto hasta hace muy poco no era posible. Los que gestionaron bien y salieron adelante con recursos propios tendrían una puerta abierta a la solicitud de ayudas.
Por otro lado para las pequeñas empresas y para los autónomos otro inconveniente es la complejidad de la solicitud, que desanima a muchos de ellos. Es un dinero que se pide ahora en función de unas deudas que tenemos. Nos lo conceden o no, y se justifica después ya que se deben pagar dichas deudas.
Y por último no es accesible para aquellos que mantienen deudas con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. Un golpe muy duro para empresas pequeñas y autónomos que se han visto ahogados en un momento crítico y ni siquiera han podido hacer frente a estos pagos.
No basta solo con ampliar el plazo de presentación, también hay que relajar los requisitos y facilitar con ello el acceso para empresas que han tenido importantes pérdidas en su facturación, aunque no hayan dejado facturas pendientes.
