El Gobierno quiere poner orden en los puntos de recarga públicos para coches eléctricos y ofrecer mayor protección al consumidor

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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la actividad de prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos.

Esta normativa afecta únicamente a los puntos de recarga públicos y no a los puntos de particulares o de empresas para sus flotas, y su objetivo es facilitar las recargas a los usuarios y dotar al proceso de mayor transparencia, como por ejemplo, el origen de la electricidad.

100.000 puntos de recarga pública en 2023

Etiqueta Cero

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El decreto define las dos figuras jurídicas que pueden participar en la actividad de recarga: el operador del punto de recarga, titular de los derechos de explotación de las estaciones de recarga y responsable de su operación física, y la empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica, un intermediario entre los operadores y los usuarios de vehículos eléctricos.

Establece así los derechos y las obligaciones de los operadores y de los proveedores de servicios para facilitar las recargas y reforzar la protección de los usuarios.

Por ejemplo, ambos actores deben informar sobre el origen de la energía eléctrica suministrada, deben disponer de un servicio de atención al cliente para recoger quejas, reclamaciones o incidencias del servicio y deben preservar el carácter confidencial de la información de la que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad.

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Los operadores, en tanto que responsables de la operación física de los puntos de recarga, garantizarán el cumplimiento de la normativa de calidad, seguridad industrial y metrología que resulte de aplicación, detalla la normativa.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se ha fijado un -ambicioso- objetivo de disponer de 100.000 puntos de recarga pública en 2023. Según datos de 2021 de ANFAC, España cuenta con 11.517 puntos de recarga de acceso público; 245 por millón de habitantes.

Anfac

Anfac

Gráfico: ANFAC.

Adicionalmente, los operadores y los proveedores deberán remitir al Gobierno, a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla la información necesaria para publicar un mapa oficial de puntos de recarga que indique su localización, características y precio de la recarga, entre otros datos.

Un mapa que lleva tiempo en el horno y que no termina de despegar, y que actualmente solo muestra información sobre gasolineras e hidrogeneras. Según explica el Gobierno, este mapa se hará público en los próximos meses.

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