El
Gobierno
aprobará
en
los
próximos
Consejos
de
Ministros
la
convocatoria
de
40.121
nuevas
plazas
de
empleo
público.
Esta
nueva
convocatoria
se
suma
a
las
más
de
183.000
plazas
que
la
Administración
ha
creado
desde
2018.
Pese
a
que
la
cifra
puede
parecer
a
priori
elevada,
resulta
insuficiente
para
cubrir
las
vacantes
que
dejará
una
plantilla
de
funcionarios
muy
envejecida
que
comienza
a
acelerar
el
ritmo
de
jubilación.
40.121
nuevas
plazas
en
2024.
La
próxima
aprobación
de
convocatoria
a
nuevas
plazas
solo
necesita
superar
el
trámite
de
aprobación
en
próximos
Consejos
de
Ministros.
La
nueva
convocatoria
propuesta
para
2024
consistirá
en
20.840
plazas
de
turno
libre
que
ocuparán
nuevos
funcionarios,
y
al
menos
10.600
plazas
que
corresponderán
a
promoción
interna.
Es
decir,
funcionarios
en
activo
que
abandonan
su
puesto
actual
para
ascender,
por
lo
que
no
suman
nuevas
plazas
al
cuerpo
de
funcionarios,
sino
que
dejan
vacantes.
De
esta
nueva
convocatoria
se
reservan
6.520
nuevas
plazas
para
cubrir
las
vacantes
de
Fuerzas
Armadas
y
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado,
y
2.161
plazas
de
promoción
para
funcionarios
que
ya
pertenecen
a
estos
cuerpos.
De
nuevo,
estas
plazas
no
suman
nuevos
miembros
a
estos
cuerpos
ya
que
serán
funcionarios
que
solo
cambian
de
puesto.
Cubriendo
plazas
a
marchas
forzadas.
Con
esta
convocatoria
que
se
acaba
de
anunciar,
el
Ejecutivo
ya
suma
un
total
de
224.557
nuevas
plazas
en
la
Administración
pública,
elevando
un
369%
las
plazas
convocadas
por
la
anterior
administración
liderada
por
Mariano
Rajoy.
La
anterior
Administración
convocó
un
total
de
60.874
plazas
entre
los
ejercicios
de
2012
a
2017,
marcando
un
récord
mínimo
histórico
en
2013
con
solo
344
plazas
convocadas.
El
sindicato
de
funcionarios
CSIF
(Central
Sindical
Independiente
y
de
Funcionarios),
apunta
a
que
esta
cifra,
aunque
parezca
muy
abultada
en
principio,
no
hace
más
que
cubrir
a
mínimos
la
plantilla
necesaria.
“mantiene
la
tasa
de
reposición,
reduce
la
creación
de
empleo
neto,
se
pierden
plazas
de
personal
laboral
respecto
al
año
anterior
y
no
garantiza
la
ejecución
de
los
plazos»,
aseguran
sus
representantes
en
un
comunicado.
Un
gran
problema
demográfico:
los
funcionarios
se
jubilan.
Según
los
últimos
datos
de
2022
del
Estudio
sobre
el
envejecimiento
de
las
plantillas
en
la
Administración
General
del
Estado,
se
espera
que
más
de
un
millón
de
funcionarios
se
jubile
en
los
próximos
diez
años,
a
un
ritmo
aproximado
de
100.000
funcionarios
al
año.
Eso
deja
un
panorama
de
déficit
de
personal
público
en
la
próxima
década.
Incluso
manteniendo
el
incremento
de
las
convocatorias
de
los
últimos
años,
ese
ritmo
sería
insuficiente
para
cubrir
las
vacantes
por
jubilación
que
dejarán
los
funcionarios
en
los
próximos
años.
Una
plantilla
envejecida.
Los
datos
del
INE
de
2023
apuntan
a
que
unos
419.500
funcionarios
tienen
en
2023
entre
60
y
64
años,
por
lo
que,
en
un
plazo
de
cinco
años,
duplicarían
en
número
de
jubilaciones
a
las
incorporaciones
que
se
han
hecho
en
los
últimos
cinco
años.
La
pesadilla
del
relevo
generacional
no
termina
aquí.
561.800
funcionarios
tienen
entre
55
y
59
años
en
este
momento,
por
lo
que,
en
un
plazo
de
diez
años,
esa
cifra
será
todavía
mayor.
Eso
obligaría
a,
al
menos,
triplicar
el
ritmo
de
convocatorias
de
plazas
actual
durante
la
próxima
década
para
contrarrestar
el
ritmo
de
jubilaciones.
Se
estima
que
para
2032,
el
60%
de
los
funcionarios
que
actualmente
están
en
activo
se
hayan
jubilado.
“Nos
enfrentamos
a
un
desafío
extraordinario
en
términos
de
relevo
generacional.
Nuestro
país
está
envejecido,
particularmente
en
la
Administración
Pública»,
explicó
durante
su
intervención
en
el
Senado
el
ministro
Escrivá.
En
Xataka
|
Despedir
a
un
funcionario
público
era
casi
misión
imposible.
Ahora
todo
cambia
con
la
nueva
ley
de
desempeño
Imagen
|
Flickr
(Gobierno
de
Castilla-
La
Mancha)
