El Consejo de la Magistratura define la vuelta de Eduardo Farah a la Cámara Federal, el tribunal que analiza los procesamientos de los jueces de Comodoro Py en causas por delitos como corrupción de funcionarios. Además trata la postulación de un exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Roberto Boico, para ocupar un puesto en ese tribunal.
El martes la Magistratura dio un paso clave para la vuelta a la Cámara de Farah, en una decisión que tuvo como único rechazo la del consejero de la oposición y diputado del PRO Pablo Tonelli.
Farah integró la Cámara entre 2008 y 2018. Abandonó su cargo en medio de una fuerte embestida del macrismo, luego de que el magistrado liberara a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por la causa “Oil Combustibles”.
El juez fue trasladado en 2018 a un Tribunal Oral en lo Penal Económico y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín. Ahora pidió volver a la Sala II Cámara Federal, donde ocupan provisoriamente sus cargos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi por decisión de la Corte Suprema, tras los desplazamientos impulsados por el kirchnerismo.
El martes la Comisión de Selección del Consejo aprobó el proyecto para que Farah se reintegre a la Cámara Federal. El pedido será definido hoy en el plenario del Consejo y luego será enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial.
Se tratarán además ocho concursos para cubrir 23 cargos en diferentes tribunales. Uno de esos concursos es para completar otra vacante en la Sala II de la Cámara Federal, que tiene a Boico entre los candidatos para ocupar el puesto. Se trata del abogado que defendió a la vicepresidenta en la causa por el Memorando con Irán.
Además del exabogado de Cristina Kirchner conforman la terna el titular del juzgado en lo Penal Económico N°5 Diego Alejandro Amarante y el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Este último magistrado a su vez fue propuesto por el presidente Alberto Fernández para hacerse cargo del estratégico juzgado federal 1 de La Plata que, entre otras competencias, controla el funcionamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Este juez fue impugnado ante la Magistratura por la Coalición Cívica, por el concurso para la Cámara. Referentes del partido que lidera Elisa Carrió consideraron que “resulta evidente que el juez Ramos Padilla lejos de ejercer con imparcialidad su cargo de magistrado, lo hace como un juez militante”. Con críticas al magistrado, plantearon que cometió “conductas graves e ilícitas” en la causa por presunto espionaje ilegal que tiene a su cargo.
