Tienes uno o varios artículos a la venta en Wallapop o en plataformas similares. Un usuario te escribe interesado en lo que vendes, pero poniéndote condiciones. «Voy a recogerlo en una hora, pero antes necesito una foto de tu DNI por las dos caras, sin datos tapados. Si no, no me fío, y no te lo compro«.
Esta es la situación en la que se vio el familiar de un servidor, y lo mismo puede ocurrir si eres quien compra. Sin saber muy bien por qué, envió la foto que le pedían de su DNI, y justo tras enviarlo, la venta se frustró, pese a colaborar y entregar los datos que pedían y a tener buenas valoraciones en Wallapop.
Tras estas «inocentes» peticiones se encuentran tramas que pueden hacer que si entregamos nuestros datos acabemos en un infierno judicial (y más cosas, aunque sean menos graves) en toda España. Veamos cómo funciona.
Suplantación de identidad para varios fines, siempre malintencionados
Estos documentos oficiles, ya sean DNI o equivalentes para idenitficación, se piden por varios motivos. El primero de ellos es, en muchas ocasiones el mismo por el que hemos creído que era una petición legítima. Esto es, algunos usuarios cuando van a comprar (o vender) algo lo piden para asegurarse de que detrás de una venta atractiva hay una persona que de verdad quiere vender y no un estafador.
En este sentido, los estafadores necesitan hacerse con documentos de identidad para entregarlos a las víctimas de las estafas en Wallapop cuando se los pidan, a modo de prueba de que son personas legales y no tienen problema en ofrecer su documentación como símbolo de buena fe en la venta.
El ejemplo sería: Pepito es un estafador que tiene un iPhone 12 a la venta, por el que pide 800 euros. Juanito se lo quiere comprar de verdad, pero le pide pruebas a Pepito de que es de fiar, como un DNI, porque es la primera venta del perfil de Pepito (típico en estafas) y no está seguro. En ese momento, Pepito manda a Juanito un DNI conseguido de forma fraudulenta, en el que pone que se llama Pepito y su localidad.
Muchas peticiones de documentación empiezan así: vendes algo y te piden fotos del móvil, y de la factura. Más tarde, cuando ya te den a entender que se fían de ti, te piden el DNI. Y tus fotos, tu factura y tu DNI se pueden usar para engañar a otras personas, «vendiendo» lo mismo que tú tenías a la venta sin nunca enviarlo.
Al ser estafado, porque comprará el iPhone 12 y perderá 800 euros, Juanito no sólo denunciará que una persona desconocida le ha robado esa cantidad. Lo que hará será denunciar a la persona que aparece en el DNI que le han enviado, salvo que haya pensado que el estafador no tiene nada que ver con la persona que aparece en ese documento, que en el fondo es otra víctima, de suplantación de identidad.
Si Pepito hace con un mismo DNI la misma estafa a muchas personas como a Juanito, el lío está servido. Decenas de personas en toda la geografía española pueden denunciar a un inocente, el titular del mismo DNI suplantado, que solamente es una persona que lo envió con ingenuidad para vender algo de forma legítima en Wallapop.
Este es el caso que se cuenta en La Voz de Cádiz sobre Manuel, que recibió mensajes de hasta 128 personas reclamándole haberles estafado. Todo empezó sufriendo una estafa de 200 euros por un iPhone 7 que nunca le enviaron, pero acabó mucho peor, con citaciones en múltiples juicios.
Hablamos de decenas de estafas por altas sumas de dinero. Pero hay casos más graves. Recientemente, en Sevilla, una ingeniera ha denunciado que su DNI fue utilizado para abrir cuentas bancarias para cometer estafas en su nombre. De hecho, fue denunciando en una comisaría donde se enteró de que estaba en búsqueda y captura. Según la noticia, en su nombre puede haber muchas estafas con valor de miles de euros.
Otro área donde se llega a comercializar con DNI robados es en las apuestas. Es común que las casas de apuestas te cierren una cuenta y no te permitan abrir otra con tu nombre. Para ello, se recurre a comprar identidades robadas en plataformas como Milanuncios, como ya contamos en Xataka. No hay tanto riesgo como en casos anteriores, pero es igualmente grave.
Lo recomendable es no dar el DNI en la medida de lo posible: luego no hay mucho que podamos hacer
Algunos lectores que crean haber sido víctimas de una estafa de este tipo, en el sentido de haber entregado su DNI para dar confianza a comprador o vendedor, como mi familiar, se pueden estar preguntando qué se puede hacer una vez que eres consciente de que tu documento se puede utilizar para abrir cuentas bancarias y engañar a otras muchas personas, todo ello en tu nombre.
La realidad es que se puede hacer muy poco a posteriori. Hemos hablado de este tema con Samuel Parra, jurista experto en privacidad y protección de datos de ePrivacidad.es y EGIDA.es. Parra nos cuenta que no ve «viable ni podría prosperar un escenario de preaviso» que le comentamos, que consiste en avisar a la Policía si creemos haber sido víctimas de una sustracción de datos sensibles como el DNI, aunque nosotros lo hayamos facilitado.
Las razones que esgrime son que, «en primer lugar, muchas denuncias no pasan por la Policía, van directamente al juzgado» y «por otro lado, la Policía tampoco puede actuar de forma preventiva ante un posible fraude ni puede monitorizar todas las denuncias. Si el DNI ha caído en malas manos es complicado establecer una defensa preventiva, máxime cuando incluso la estafa o fraude se puede realizar en instituciones de otros países».
Así, lo que este abogado nos recomienda es «no ser tan alegres a la hora de facilitar una copia de nuestro DNI por el simple hecho de que nos la pidan». Parra cree que parte de la solución pasa por educar al ciudadano, y en este sentido nos cuenta su método para facilitar el DNI cuando no quede más remedio:
«Lo que hago es tener una versión preparada en blanco y negro, con una marca de agua que recorre todo el DNI que pone quién me lo está pidiendo y para qué me lo está pidiendo».
En el caso de empresas que piden el DNI con mucha facilidad, apuesta porque les expliquemos por qué no queremos dárselo y por qué lo consideramos innecesario. La teoría de la normativa de la protección de datos, nos cuenta, «establece un principio de minimización de datos, esto es, que las empresas e instituciones solo nos pueden pedir los datos imprescindibles y necesarios para la prestación correspondiente». El problema es que «en la práctica no se suele respetar».
