“Esto se termina hoy”, pensó Leonardo Chaparro, padre de Cromañón, el día que salió de su trabajo con una máquina cortafierros. Él, junto con un grupo de familiares y sobrevivientes de la tragedia, había visto que, en las inmediaciones de lo que fue el boliche, un grupo de operarios trabajaba en una obra después de 14 años de abandono edilicio. El único dato le había llegado por televisión: la Justicia le había devuelto la llave a Rafael Levy, dueño del local donde funcionabaRepública Cromañón. Lo que tenía que terminar, para él, era la incertidumbre. Leonardo entró a la fuerza y encontró el lugar limpio y vacío. Ese hallazgo impulsó con fuerza dos proyectos de ley que hoy están en discusión en la Legislatura porteña: uno de expropiación y otro de patrimonialización. Los dos, distintos pero complementarios, son parte de una pelea de familiares y sobrevivientes para preservar en la memoria colectiva la masacre de diciembre de 2004.
Zapatillas a montones, ropa, papeles, bicicletas y otros objetos. Cromañón guardaba las pertenencias de quienes pasaron por allí el día del recital de Callejeros. También las huellas de los intentos de huida. En diálogo con Rolling Stone, Leonardo asegura que levantaron todo con un volquete y lo tiraron a la basura sin aviso previo. Un grupo activo de familiares impulsó la consigna “Cromañón no se toca” cuando notaron cambios en la entrada: los alarmó una pared de ladrillos recientemente construida desde adentro.
El día que ingresó al edificio por su cuenta, en abril de este año, Leonardo confirmó su sospecha. Además de la limpieza, habían sacado la barra y el escenario. Sobre este último había quedado colgada, durante años, la bandera con la inscripción “Rocanroles sin destino”, que hacía alusión al tercer disco de estudio de la banda de Villa Celina. “Nadie nos iba a dar un permiso para entrar y mirar. En la última inspección ocular, que fue en 2014, todo estaba en su lugar. Ahora hay solo paredes y columnas, ni un rastro de las cosas de nuestros pibes”, dice y asegura que acciona de manera independiente, que no pertenece a ningún colectivo.
El primer proyecto, el de expropiación, fue presentado el 1 de marzo en la Legislatura, a través de una iniciativa ciudadana, por Movimiento Cromañón. Busca declarar de “utilidad pública” el inmueble de Bartolomé Mitre 3060, en el barrio de Once, y resguardar “los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural”. Al mismo tiempo, el texto legal menciona en su fundamentación la importancia de preservar la zona del “santuario”, que está a pocos metros de lo que fue el ingreso al boliche. La noticia de la restitución del predio al antiguo dueño volvió urgente para ellos el tratamiento en el recinto.
El fallo lo había emitido el Tribunal Oral en lo Criminal N°24 en noviembre pasado, a pocos días de un nuevo aniversario del Cromañón. Determinó que el predio quedara en manos de Nueva Zarelux S.A, una sociedad offshore uruguaya, que pertenece a Rafael Levy. Fue el mismo tribunal, a cargo de María Cecilia Maiza, Marcelo Roberto Alvero y Raúl Horario Llanos, el que condenó al empresario a cuatro años y seis meses de prisión, por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de incendio culposo calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1432”, según los fundamentos de la sentencia.
Cromañón por dentro, cuando todavía estaban las pertenencias de las víctimas Fuente: RollingStone
Una investigación de 2005 de la Inspección General de Justicia (IGJ) logró determinar que Levy era el dueño en ese momento: una pieza clave para sentarlo en el banquillo de los acusados. Tres años después, el juez Jorge Baños lo procesó y embargó. El tribunal dictó la pena el 13 de julio de 2012. A la banda, a Omar Chabán y a algunos funcionarios de rango medio se los condenó en un juicio paralelo.
“Esto confirma el aprendizaje de que la Justicia en nuestro país no es la consecuencia de un delito sino que es el resultado de una pelea”, manifiesta Santiago Morales, sobreviviente y hermano de Sofía, de 14 años, que murió el día del recital. “Cromañón es la metáfora del lugar que el poder quiere para la juventud. Depositarlo en el olvido no permite que la nuevas generaciones conozcan lo que pasó. Y el destino de los proyectos de ley dependerá de la movilización social que tengamos. Si no, se volverá otra cosa que nada tenga que ver con la búsqueda de justicia”.
Previo a la presentación del proyecto de expropiación, integrantes de Movimiento Cromañón intentaron conversar con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Pero no los recibió. “Se encerró en su oficina y nos mandó a la policía. Por eso optamos por una iniciativa independiente”, asegura Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, fallecido dos días después del incendio. “Nos dijeron que es bien difícil porque el PRO no tiende a las expropiaciones. Ellos votan en bloque pese a las diferentes posturas. Su excusa es que es caro y que el presupuesto ya está planificado. Plantean que el problema es económico, pero nosotros decimos que son decisiones políticas”.
El legislador de Unidad Ciudadana Javier Andrade retomó las palabras de Bignami: “De las 60 bancas, 34 pertenecen al oficialismo. No ven viable el gasto. Al mismo tiempo se amparan legalmente en el fallo judicial que otorgó las llaves a Levy”.
La expropiación ya había sido planteada con anterioridad en la Legislatura a través de Familias por la Vida, una ONG impulsada por Nilda Gómez a raíz de la pérdida de su hijo Mariano Benítez en Cromañón. El texto legal, en un comienzo, tuvo el visto bueno de la legisladora María Rosa Muiños, del bloque peronista. Actualmente ambos proyectos fueron unificados debido a sus similitudes.
“Creemos que tiene que ser un lugar manejado por el Gobierno nacional y de la Ciudad”, dice Gómez. “Que lo arreglen, lo mantengan y lo custodien. No que esté bancado de nuestro bolsillo. No hay una solo familiar o sobreviviente que esté de acuerdo con que sea de Levy. Pero sí tenemos diferencias acerca de quién va a coordinar. Cada uno de nosotros tiene una historia previa, no nacimos con la muerte de nuestros hijos. A veces no se entiende que Cromañón es un movimiento, no un partido político”.
La fachada de Cromañón, a metro de la estación de Once Fuente: LA NACION – Crédito: Fernando Massobrio
Ella trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y dice que llevó adelante iniciativas, desde su fundación, con ayuda del secretario Claudio Avruj y con Germán Garavano, el ministro de Justicia. Da el ejemplo de los convenios firmados entre la ONG y distintos municipios del país para monitorear las denuncias sobre posibles espacios (como boliches o centros culturales, entre otros) que puedan poner en riesgo la vida de las personas que buscan divertirse. “Yo trabajo con el que gestiona”, asegura Gómez.
Al mismo tiempo, cuenta que está elaborando una demanda por las pertenencias de su hijo: “Quiero que devuelvan todo. Su celular, sus pantalones, la cadenita de oro que llevaba puesta ese día. Todo eso tiene un valor afectivo. No los voy a dejar tranquilos”.
La traba de la expropiación obligó a repensar una estrategia más viable en el camino a recuperar el espacio. Quieren que el Estado promueva, a través de políticas públicas, que Cromañón se convierta en un lugar para ejercitar la memoria colectiva. Es por eso que el 13 de junio el Movimiento Cromañón presentó otro proyecto, el 1684/2019, de patrimonialización. De aprobarse, un nivel de protección de tipo estructural protegería al inmueble de modificaciones como cambios en la fachada o derrumbes, y evitaría una futura venta.
Con conferencias, clases en escuelas secundarias y libros, durante esta década y media los familiares y sobrevivientes fueron elaborando su propio Nunca Más. El tiempo recorrido mostró organizaciones en constante cambio y transformación. Hoy, además de Movimiento Cromañón y Familias por la Vida, está la Coordinadora Cromañón. Existió un trabajo conjunto por la sanción de la Ley 4.786 de Reparación Integral; la cual se modificó y aprobó el año pasado, al haberse vencido sus plazos, con la intención de reforzar la asistencia económica, la atención a la salud y la capacitación laboral a los sobrevivientes.
“La justicia penal dio su veredicto, aunque siguen tramitándose indemnizaciones en lo civil”, comenta Diego Zenobi, antropólogo social y autor del libro Familia, política y emociones. Las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado. “Sorprende que no se hubiera trabajado en la restitución de las pertenencias. Se borraron las marcas, la materialidad del hecho, aquello que despierta sentimientos. El lugar quedó en manos del actor privado contra el que litigaron. No se pensó en una reparación simbólica. No hubo un dispositivo estatal, una política específica para ellos. No se generó un memorial, todo lo hicieron los familiares. Hoy el movimiento se extendió más allá de los que lo vivieron”.
La noche del 30 de diciembre Leonardo fue a buscar a su hijo David, de 14 años, que había ido al recital con un amigo y con su tío. Cuando llegó a Once recién arribaban las primeras ambulancias. Entró y sacó chicos, cargándoselos al hombro, con la intención de ver a David. Se había separado de su amigo cuando decidió ir a mojarse la cara al baño del primer piso, antes del incendio. Leonardo lo encontró días después, sin vida, en la morgue judicial. Parte de la ropa que llevaba puesta ese día quedó en el boliche y se lamenta de no haber podido recuperarla.
Hoy, la foto de David, adornada con los colores amarillo y negro de Almirante Brown, es una de las tantas que conforman el santuario a cielo abierto, a pasos de Cromañón. La pintó a mano su papá, que está al cuidado de ese espacio. Tres paneles rodeados de flores exhiben las caras de las 194 personas que murieron a raíz del incendio, la mayoría jóvenes. Hay ofrendas, cartas, rosas de plástico y adornos hechos con botellas recicladas. “Todo lo que está ahí lo hice yo, los carteles y los asientos, me encargo de que se pinten”, dice Leonardo y adelanta: “Ahora para los 15 años estoy construyendo una arcada con letras de metal. Quienes vengan van a leer ‘Paseo de los pibes de Cromañon’”.
Fuente: lanacion.com.ar
