El
aberrante
asesinato
y
los
abusos
sufridos
por
la
niña
de
8
años
en
Brinkmann
pusieron
en
el
foco
al
organismo
de
protección
de
los
menores
y
a
la
Justicia
de
nuestra
ciudad
por
su
responsabilidad
en
torno
a
la
situación
que
vivía
la
menor
y
las
actuaciones
que
llevaron
a
cabo
al
respecto.
El
padrastro,
acusado
de
homicidio,
estaba
condenado
con
libertad
condicional.
La
Senaf,
a
través
de
la
Uder
que
actúa
en
Brinkmann
pero
que
opera
desde
la
Casa
de
Córdoba
en
nuestra
localidad,
debía
supervisar
la
situación
del
centro
de
vida
de
la
menor.
Una
investigación
bajo
la
lupa
de
la
SENAF
Este
caso
despertó
críticas
a
la
falta
de
intervención
estatal,
recordando
la
tragedia
de
Lucio
Dupuy
en
La
Pampa.
La
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia
y
Familia
de
Córdoba
(Senaf),
Julia
Reartes,
resolvió
iniciar
una
investigación
interna
para
determinar
si
fue
correcta
la
actuación
del
organismo
con
respecto
al
manejo
de
la
situación
familiar.
Las
preguntas
que
brotan
tras
el
asesinato
de
la
niña
ahora
apuntan
al
funcionamiento
de
la
Senaf,
organismo
cuestionado
por
la
cantidad
de
personal
destinado
a
desempeñar
enorme
cantidad
de
tareas
que
requiere
la
protección
de
los
niños.
Según
indicaron,
Aralí
jamás
fue
motivo
de
alguna
intervención
por
parte
de
la
Senaf.
Pero
sus
dos
hermanos
más
chicos
fueron
separados
del
hogar
por
un
tiempo
y
luego
los
psicólogos
y
trabajadores
sociales
determinaron
que
ya
podían
regresar
junto
a
la
madre,
Rocío
Milagros
Rauch
(28),
y
el
padrastro
(ambos
detenidos
por
el
crimen
de
Aralí).
Por
ello,
se
descarta
que
desde
la
Senaf
se
desconocía
el
entorno
familiar
directo
de
la
niña,
donde
las
drogas
y
la
violencia
eran
parte
del
panorama
cotidiano.
Ante
esto,
Reartes
ordenó
una
investigación
interna
para
conocer
qué
observaron
los
funcionarios
de
esa
cartera
en
relación
a
la
intervención
dentro
de
esa
familia.
En
julio
de
este
año,
el
juzgado
de
familia
ordenó
el
cese
de
medidas
de
protección,
basándose
en
informes
que
indicaban
una
supuesta
“rehabilitación”
de
la
madre
respecto
a
sus
problemas
de
drogadicción
y
un
tratamiento
psicológico
positivo
para
el
padrastro.
«No
había
ninguna
medida
de
protección
con
los
otros
hermanitos”,
comentó
el
fiscal
Oscar
Gieco,
destacando
que
el
informe
sugería
la
reintegración
familiar,
lo
que
finalmente
resultó
en
una
tragedia.
Otro
interrogante
tiene
que
ver
con
Simeone,
quien
esa
noche
había
quedado
a
cargo
de
Aralí.
El
hombre
tiene
otros
tres
hijos
de
siete
y
cuatro
años,
y
un
bebé
de
dos
meses
con
Rauch.
De
él
se
presume
que
habría
abusado
y
asesinado
a
la
pequeña,
previo
a
incendiar
la
locación
para
ocultar
los
rastros.
Un
elemento
importante
a
considerar
es
que
Simeone
estaba
con
prisión
condicional
luego
de
que
el
7
de
septiembre
del
año
pasado
la
Justicia
lo
condenara
a
dos
años
y
tres
meses
de
prisión
por
amenazas,
tenencia
ilegal
de
arma
de
fuego,
desobediencia
a
una
orden
judicial,
encubrimiento,
violación
de
domicilio,
lesiones
leves
calificadas,
daño,
y
desobediencia
a
una
orden
judicial.
Desde
la
Justicia
se
preguntan
por
qué
los
jueces
Alejandro
Acuña,
Claudio
Marcelo
Requena
y
Guillermo
Julio
Rabino
resolvieron
otorgar
la
libertad
a
Simeone.
Finalmente,
como
telón
de
fondo
al
accionar
del
Estado
cuestionado
y
la
trágica
escena,
aparece
la
problemática
de
las
adicciones,
tanto
en
la
madre
como
en
el
padrastro.
La
noche
del
crimen,
el
fiscal
encontró
rastros
de
todo
tipo
de
sustancias
en
el
domicilio
de
Brinkmann.
Por
otra
parte,
según
indicaron
fuentes
judiciales,
la
madre
de
la
pequeña
también
presentaba
problemas
de
consumo.
La
hermana
pensó
que
la
pequeña
estaba
dormida
El
fiscal
Oscar
Gieco
confirmó
que
la
niña
tuvo
una
“muerte
traumática”
y
que
según
el
estudio
forense,
la
pequeña
murió
a
causa
de
un
golpe
contundente
en
la
cabeza
y
mostraba
un
desgarro
en
la
zona
genital
del
cuerpo
que
es
compatible
con
abuso
sexual.
Asimismo,
el
fiscal
sostuvo
que,
a
partir
de
las
declaraciones
en
cámara
gesell,
se
determinó
que
Aralí
era
víctima
de
situaciónes
de
violencia.
Por
otra
parte,
el
funcionario
dijo
que
“no
se
puede
afirmar
que
los
menores
hayan
sido
testigos
del
crimen”
pero
que
“sí
estuvieron
en
el
lugar”.
“Son
niños
muy
chiquitos
y
no
tenían
conocimiento
de
la
muerte
de
Aralí,
pero
sí
una
hermanita
contó
que
fue
a
despertarla
y
no
respondía,
y
que
la
dejó
ahí
porque
pensaba
que
tenía
sueño”,
detalló
Gieco.
A
esto
se
suma
que
los
registros
fílmicos
determinaron
que
los
dos
hermanitos
de
Aralí
estuvieron
siempre
en
el
lugar
del
asesinato.
Ambos
quedaron
solos
con
el
cuerpo
de
su
hermana
entre
las
0.24
y
las
3.27.
El
fiscal
también
sostuvo
que:
“El
incendio
fue
claramente
para
ocultar
el
homicidio
de
la
niña”.
Hasta
el
momento,
además
de
Simeone
y
Rauch
está
detenido
Cristian
Hernán
Varela
(40
años),
amigo
del
padrastro.
Un
caso
que
exige
respuestas
La
muerte
de
Aralí
Vivas
no
solo
impactó
a
Brinkmann,
sino
que
también
reaviva
el
debate
sobre
la
responsabilidad
del
Estado
y
las
instituciones
de
protección
de
menores
en
prevenir
este
tipo
de
situaciones.
Gieco
indicó
que
la
SENAF
y
el
juzgado
deberán
rendir
cuentas
sobre
cómo
se
gestionó
este
caso
y
cómo
se
permitirá
a
los
otros
hermanos,
sobrevivientes
de
un
entorno
tan
violento,
recibir
la
protección
que
no
tuvieron
hasta
ahora.
Durante
las
marchas
vecinales
se
podían
ver
en
los
carteles
el
pedido
de
justicia,
exigiendo
el
compromiso
real
por
parte
de
las
autoridades
de
la
UDER
(Unidades
de
Desarrollo
Regional)
de
San
Francisco,
a
quienes
acusan
de
haber
dejado
a
Aralí
y
sus
hermanos
en
una
situación
de
vulnerabilidad.
La
decisión
de
permitir
que
estos
niños
regresaran
con
su
madre,
sin
considerar
el
contexto
y
las
advertencias
de
los
profesionales,
fueron
uno
de
los
principales
puntos
de
crítica.
La
comunidad
de
Brinkmann
tambien
expresó
descontento
por
la
ausencia
de
funcionarios
municipales,
quienes
no
se
presentaron
para
acompañar
la
manifestación.
Además,
en
las
redes
sociales
y
en
la
propia
marcha,
se
evidenció
malestar
hacia
la
profesional
encargada
del
seguimiento
de
estos
casos
familiares.
Municipio
volvió
a
aclarar
que
las
decisiones
no
fueron
propias
municipio
estuvo
perfectamente
al
tanto
de
lo
sucedido
desde
el
sábado
a
la
tarde,
desde
el
momento
de
la
emergencia
y
cuando
comenzó
a
conocerse
lo
aberrante
del
caso»,
comenzó
destacando
el
intendente
Actis
en
conferencia
de
prensa.
trabajando
en
búsqueda
de
la
verdad,
como
un
interesado
más
de
la
comunidad,
y
también
por
la
familia
y
los
niños.
No
queríamos
apurarnos
porque
queríamos
esperar
que
el
Fiscal
dé
a
conocer
lo
que
informó,
respetuosos
en
esto,
excepto
el
domingo
cuando
mediante
el
comunicado
pedimos
que
la
justicie
actué
y
se
trabaje
por
la
paz
social”,
indicó
el
Intendente.
agregó:
«Permanentemente
se
estuvo
trabajando
desde
junio
del
año
pasado,
donde
la
UDER
resolvió
una
medida
excepcional.
Por
eso,
luego
de
decisiones
que
no
fueron
nuestras
y
que
no
necesariamente
compartimos,
pusimos
todas
nuestras
áreas
al
servicio
de
la
contención,
acompañamiento
y
protección.
Cuidando,
esencialmente,
los
derechos
de
los
menores».
en
este
momento
en
que
todos
pedimos
justicia,
es
necesario
que
nada
impida
o
dificulte
el
trabajo
de
quienes
tienen
a
cargo
investigar
para
luego
aplicar
justicia»,
destacó
Actis.
solicitó
informes
a
los
equipos
y
se
mantuvo
una
reunión
con
UDER
y
SENAF
en
la
jornada
de
ayer.
Hay
cuestionamientos,
donde
las
actuaciones
de
los
equipos
municipales
llegan
hasta
ciertos
puntos
donde
luego
la
justicia
termina
dictaminando
acciones
que
podemos
compartirlas
o
no»,
concluyó.