Cuatro reuniones fueron suficientes para que Horacio Rodríguez Larreta confirme su sospecha: la Corte Suprema no tiene ningún apuro en solucionar la puja por los fondos de coparticipación y gana tiempo para resolver el tema en un contexto político más favorable.
El pasado miércoles fue la última vez que se vieron las caras los representantes del Gobierno nacional y del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo que resultó ser la última audiencia de conciliación.
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Por más voluntad de diálogo que dijeron tener ambas partes, el clima ya estaba tenso y vacío de contenido. No hubo punto de encuentro ni siquiera en el foco de la discusión. Mientras que para la Ciudad se trata de un problema político que afecta su autonomía, para el Gobierno nacional es un tema económico: le piden a Larreta números que justifiquen si está bien o mal la quita de fondos de la coparticipación.
“Ellos reciben un goteo diario y se llevaron un excedente obsceno por el traspaso de la Policía“, dice indignado un funcionario del ministro de Economía Martín Guzmán que pide anonimato. “La relación está deteriorada y sumado a la coyuntura política de las vacunas, no se pudieron conformar las mesas de equipos técnicos que pidió la Corte. Si pusieron policías de más y les querés poner uniformes de la NASA y comprar un portaaviones, es obvio que no te va a alcanzar la plata”, concluye.
Del otro lado, en Parque Patricios dice enojadísimo y abriéndose de brazos un técnico del equipo de Rodríguez Larreta: “Tenemos fe que los jueces de la Corte Suprema van a resolver de acuerdo a la Constitución Nacional y la autonomía de la Ciudad. Si se hizo el traspaso de la Policía, esto debe ir acompañado con el presupuesto que le corresponde: si me transferís una función me la tenés que transferir con el presupuesto incluido”.
Dato curioso: todos hablan, pero nadie da la cara. No quieren poner la firma en ninguna declaración que pueda herir susceptibilidades y mucho menos tensar aun más las relaciones.
Es que desde ambos gobiernos saben que deben seguir dialogando y no sólo por la coparticipación, sino por temas muy urgentes como las restricciones, las vacunas, las clases, las PASO y un montón de otros problemas que superan cualquier porcentaje de traslado de fondos.
Se pueden odiar y desear el peor de los infiernos, pero saben que fueron votados para dialogar y no para tirarse con misiles nucleares en tiempos de cuarentena. El clima no está para chicanas.
Los pasos de la Corte Suprema
La Corte está muda. Y se espera que mantenga esta postura por mucho tiempo más. Si no es hasta el 2022, al menos no hablarán ni tocarán el tema coparticipación hasta después de las elecciones.
Es que el tiempo, otra vez, está de su lado: ya no dan los plazos procesales, al menos técnicamente hablando. Por lo pronto el Gobierno nacional tiene 60 días hábiles para contestar la demanda porteña. Una vez que presente su postura la Corte estará en condiciones de dictar sentencia.
Parece el cuento de la buena pipa. Un conflicto de nunca acabar. Los reproches, las cifras, las banderas políticas y la campaña electoral enmarañan un asunto que debería haber terminado en una mesa de café y sin la Justicia de por medio.
Pero volvamos a los tiempos de la Corte: ¿qué pasará en las próximas semanas? La feria judicial.
¿Y luego? La campaña electoral.
¿Y más tarde? LAS PASO con sus ganadores y perdedores políticos.
Todo esto sin duda va a marcar un nuevo mapa electoral, y también judicial.
Además de leyes, la Corte sabe de tiempos. Nadie va a presionarla para que tome una definición, al menos por este año. Los cinco cortesanos están 100% de acuerdo en algo: van a esperar los nuevos vientos políticos, y recién allí evaluarán el contexto social y político para decidir si es legal o no la quita de fondos de la coparticipación.
