La justicia rechazó este lunes la recusación al juez Roberto Andrés Gallardo pedida la semana pasada por la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño había alegado la “parcialidad” del magistrado frente a un amparo impuesto por un referente sindical para pedir precisiones sobre el sistema de testeos contra el COVID-19, el cual amenazaba con impedir el inicio del ciclo lectivo 2021 en las aulas, previsto para el 17 de febrero.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires decidió no dar lugar a la solicitud de la Procuración General porteña, tras considerar que Gallardo “no fue parcial”. De esta manera, el juez retomará la citación a los ministros porteños de Educación, Soledad Acuña y Salud, Fernán Quirós, para revisar el plan de testeos y los protocolos establecidos por las autoridades para el “regreso seguro” a las aulas.
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Según habían indicado, para el Gobierno porteño Gallardo “manifiesta parcialidad y claras intencionalidades políticas que sus fallos históricamente han traído aparejados”. Desde que ejerce en el cargo, desde el año 2000, el magistrado tuvo fallos que generaron controversia con los sucesivos gobierno porteños.
“El inicio de clases es una prioridad y un objetivo para toda la sociedad para el cual los gobiernos, sindicatos, docentes y familias están trabajando de manera cooperativa y colaborativa para arribar de la manera más cuidada posible”, precisaron.
La medida presentada la semana pasada por la Procuración porteña, indicaba que Gallardo no debería haber hecho lugar al amparo iniciado por el trabajador porteño Carlos Luis Elías, referente sindical de SUTECBA. Interpretaba que el juez “prejuzgó” y recordaba que el Gobierno aportó “al Tribunal los informes pertinentes, toda vez que en el ejercicio de las funciones y competencias que le son propias, elaboró los procedimientos para el testeo de COVID-19 a docentes y no docentes, previo al inicio de la presente demanda”.
A su vez, consideró que la fijación de una audiencia era “innecesaria, toda vez que se ha presentado la información requerida y la causa debe ser declarada abstracta”.
Ante el amparo, Gallardo le había dado 48 horas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para informar si elaboró un protocolo de testeos de coronavirus para el personal docente y no docente de los establecimientos educativos del distrito. Consultadas por TN.com.ar, fuentes del ministerio de Educación porteño habían asegurado que tenían la información lista para cumplir con el pedido y lo hicieron el 4 de febrero. Pero antes pidieron la recusación del juez.
Asimismo, el magistrado había fijado una audiencia virtual para el 10 de febrero, al mediodía, con los dos funcionarios porteños, pero abierta a “todas aquellas personas que tengan interés en el resultado del litigio”.
Nuevamente al frente de la causa, el juez deberá evaluar cómo se operará la regularización de la presencialidad, lo que incluye el plan de testeos de manera periódica a docentes, así como la adopción de otras medidas tendientes a prevenir la propagación del coronavirus en el ámbito escolar, para después tomar una decisión. Si encontrara alguna irregularidad, podría frenar el comienzo del ciclo lectivo, previsto para el miércoles próximo.
Por tratarse de un “proceso colectivo”, había ordenado que la resolución se haga pública para “garantizar que las personas que pudieran llegar a tener un interés en el resultado del litigio conozcan su existencia”.
También, decidió que la acción de amparo promovida sea puesta en conocimiento de los gremios docentes con actuación en el distrito porteño, como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE Capital), la Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA).
