El
mercado
chino
de
dispositivos
médicos
vive
una
expansión
acelerada.
Según
un
informe
publicado
por
Cambridge
Network,
se
espera
que
alcance
un
valor
de
210.000
millones
de
dólares
en
2025,
impulsado
por
una
combinación
de
factores
internos
y
ambición
política.
El
envejecimiento
de
la
población
y
una
apuesta
estatal
decidida
por
la
innovación
han
convertido
a
este
sector
en
una
prioridad
nacional
para
Pekín.
La
estrategia
es
clara:
apostar
por
tecnologías
punteras
y
reducir
la
dependencia
del
extranjero.
Las
inversiones
se
han
concentrado
en
campos
como
la
inteligencia
artificial
(IA)
para
diagnóstico
por
imagen,
los
dispositivos
conectados
mediante
IoT,
la
cirugía
robótica
o
el
uso
de
materiales
avanzados.
Todo
ello
bajo
el
paraguas
del
programa
‘Made
in
China
2025’,
que
establece
objetivos
precisos
de
producción
nacional
en
áreas
clave
de
la
sanidad.
En
ese
marco,
China
busca
que
en
2025
al
menos
el
70 %
de
los
dispositivos
médicos
de
gama
alta
utilizados
en
hospitales
sean
de
fabricación
local.
En
los
componentes
estratégicos,
el
objetivo
sube
al
85 %.
Y
en
el
caso
de
los
hospitales
de
nivel
comarcal,
algunas
directrices
ya
exigían
alcanzar
el
50 %
de
productos
chinos
en
2020.
Según
recoge
Bloomberg,
este
giro
ha
tenido
un
efecto
inmediato
en
el
comercio.
La
Comisión
Europea
afirma
que
China
pasó
de
tener
un
déficit
de
1.300
millones
de
euros
en
dispositivos
médicos
en
2019
a
un
superávit
de
5.200
millones
apenas
un
año
después.
La
respuesta
de
la
UE
El
lunes
2
de
junio,
los
Estados
miembros
de
la
Unión
Europea
respaldaron
la
propuesta
de
la
Comisión
para
restringir
el
acceso
de
fabricantes
chinos
a
los
contratos
públicos
de
dispositivos
médicos
valorados
en
más
de
cinco
millones
de
euros,
según
adelantaron
Reuters,
Bloombergy
SCMP,
citando
fuentes
diplomáticas
y
personas
familiarizadas
con
el
asunto.
Cabe
señalar
que
la
Comisión
aún
no
ha
hecho
pública
la
resolución
oficial.
La
medida
se
basa
en
una
legislación
aprobada
en
2022:
el
Instrumento
Internacional
de
Contratación
Pública
o
IPI
(por
sus
siglas
en
inglés).
Este
instrumento
permite
a
Bruselas
imponer
penalizaciones
a
empresas
de
países
donde
se
haya
probado
una
falta
de
reciprocidad.
Las
sanciones
pueden
ir
desde
ajustes
en
las
puntuaciones
de
licitación
hasta
la
exclusión
directa
de
concursos
públicos.
Según
el
mencionado
periódico
hongkonés,
la
medida
podría
aplicarse
en
cuestión
de
semanas,
una
vez
reciba
el
visto
bueno
definitivo
de
los
comisarios
europeos.
El
borrador
actual
plantea
una
duración
de
hasta
cinco
años
para
estas
restricciones,
aunque
por
ahora
no
se
ha
publicado
el
texto
final.
Según
las
normas
del
IPI,
las
medidas
deben
ser
proporcionales
y
permiten
excepciones
caso
por
caso,
a
petición
de
las
empresas
afectadas.
La
decisión
se
remonta
a
una
investigación
lanzada
por
la
Comisión
Europea
en
abril
de
2024.
Tras
un
periodo
de
consultas
sin
acuerdo,
Bruselas
publicó
en
enero
de
2025
un
informe
concluyente:
el
87 %
de
las
licitaciones
públicas
analizadas
en
China
contenían
restricciones
explícitas
o
implícitas
a
dispositivos
extranjeros.
En
muchos
casos,
se
exigían
criterios
técnicos
que
solo
podían
cumplir
proveedores
locales,
o
se
fijaban
precios
tan
bajos
que
eran
inviables
para
empresas
orientadas
al
beneficio.
Los
sectores
más
afectados
fueron
los
dispositivos
para
otorrinolaringología
(ENT),
el
diagnóstico
general
y
la
imagen
diagnóstica.
La
Comisión
también
detectó
prohibiciones
directas
a
productos
importados
en
un
número
creciente
de
concursos
entre
2022
y
2024.
Según
Bloomberg
y
Reuters,
China
no
propuso
ninguna
medida
correctiva
durante
el
proceso
de
consultas.
Bruselas
sostiene
que
la
falta
de
acceso
justo
al
mercado
chino,
combinada
con
los
privilegios
que
gozan
las
empresas
chinas
en
Europa,
justifica
la
activación
del
IPI.
Imágenes
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