Días después de la aprobación en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el juzgado federal N° 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, habilitó la feria judicial de enero para analizar un pedido de inconstitucionalidad de la normativa. De acuerdo con los denunciantes, el texto impulsado por el Gobierno atenta contra el derecho a la vida del niño por nacer y “posibilita actos crueles e inhumanos” prohibidos por la Constitución Nacional.
La demanda fue recibida en las últimas horas por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, que solicitó su tratamiento inmediato, informaron medios locales.
De acuerdo con los denunciantes, entre ellos la exsenadora del Partido Renovador María Fiore Viñuales, el protocolo aprobado por el Congreso es “inconstitucional en tanto elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer en virtud de la ilegal ampliación de la inimputabilidad penal a casos no previstos en los supuestos de hecho contemplados en el art. 86, incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación”.
Asimismo, sostienen que la Ley de IVE “posibilita que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el art. 18 de la Constitución Nacional, como ser matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados dado que no se fija límite temporal alguno”.
La presentación judicial también cuestiona que la normativa no contemple procedimientos alternativos al aborto, por ejemplo el “adelantamiento del parto o del ofrecimiento a la madre de la entrega posterior en adopción”.
Entre sus puntos más importantes, la ley de IVE regula el acceso a la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Después de ese plazo, no estará permitido, a excepción de que corra peligro la vida o la salud de la mujer o persona gestante o de que el embarazo sea producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente”, según indica el Código Penal.
Además, establece que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde la solicitud, y exige a todas las obras sociales y prepagas, además de los hospitales, garantizar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, como también la atención médica y psicológica posaborto.
La advertencia de Silvia Elías de Pérez
Previo a la presentación del pedido de inconstitucionalidad de la ley de IVE en Salta, la senadora de la UCR Silvia Elías de Pérez ya había advertido que su espacio acudiría a la Justicia luego de la aprobación de la iniciativa.
“El proyecto es absoluta y flagrantemente inconstitucional. Si hoy se transforma en ley, será un juez de la nación argentina el que termine resolviendo”, anticipó en una conferencia de prensa minutos antes del inicio de la sesión del miércoles en la Cámara Alta.
Más tarde, al ser consultada en TN sobre las razones para una eventual judicialización de la normativa, respondió: “Lo único que obliga a un país es lo que el propio país se obliga. Nuestro país se ha obligado a la vida desde el momento de la concepción. Así lo reconoce la Constitución. Y así lo ha hecho en los tratados internacionales y en las propias leyes que se han dictado”.
