Desde un principio quisieron establecer la “teoría de los dos demonios”, de que habían actuado “en el marco de una guerra” y negaron su activa participación en las atrocidades del terrorismo de Estado llevado a cabo entre 1976 y 1983. A 37 años del juicio a las Juntas Militares: qué dijeron los nueve acusados antes de la sentencia.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación. Allí declararon 833 personas, entre ellos ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad. Las 530 horas que duró fueron filmadas en 147 videocintas.
Del 30 de septiembre y el 21 de octubre se realizaron las defensas de los jefes militares, que básicamente sostuvieron que se había tratado de una guerra, y que los actos develados debían ser considerados como circunstancias inevitables de todo conflicto armado. Al lado de sus abogados defensores (todos eligieron a un letrado privado, salvo Jorge Rafael Videla que tuvo un defensor oficial), algunos de los represores expusieron ante el tribunal. Roberto Viola, Isaac Anaya, Omar Graffigna fueron algunos de ellos.
Juicio a las Juntas: el alegato de Emilio Massera
Pero la postura general de los acusados quedó a la vista con el alegato de Emilio Eduardo Massera: “No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí procesado porque ganamos esa guerra justa. Si la hubiéramos perdido, no estaríamos acá”.
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El 7 de octubre de 1985 el ex almirante comenzaba con su defensa. El acusado, que integró la primera Junta Militar (1976- 1981) -conformada también por el ex teniente general Jorge Rafael Videla y el ex brigadier general Orlando Ramón Agosti-, resaltó en su declaración su falta de culpabilidad en los hechos que se le imputaron, e incluso en un intento por descalificar el proceso judicial cuestionó amenazante: “¿En qué bando estaban mis juzgadores?”, apelando a la denominada “teoría de los dos demonios”, principal argumento de los miembros de las Fuerzas Armadas para justificar los crímenes del terrorismo de Estado.
Enalteciendo su accionar y aceptando su responsabilidad, pero escudándose bajo el concepto de “guerra justa”, el ex represor Massera declaraba: “Casi diría que afortunadamente carezco de futuro. Mi futuro es una celda. Lo fue desde que empezó este fantástico juicio y allí transcurrirá mi vida biológica, ya que la otra la vida creadora se la entregué voluntariamente a esta veleidosa y amada Nación”.
En esa misma dirección, Massera se justificaba: “Mi serenidad de hoy proviene de tres hechos fundamentales. En primer lugar, me siento responsable pero no me siento culpable, sencillamente porque no soy culpable. En segundo lugar, porque no hay odios en mi corazón. Hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer, y a mis flamantes enemigos que no han podido sustraerse a la compulsión que estamos viviendo. Y en tercer lugar, porque estoy en una posición privilegiada. Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia y es allí donde se escuchará el veredicto final”.
Y para terminar, expresó: “Solo de una cosa estoy seguro: de que cuando la crónica se vaya desvaneciendo, porque la historia se vaya haciendo más nítida, mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les he dejado”.
Como resultado del Juicio a las Juntas, la Cámara Penal Federal condenó al ex almirante a prisión perpetua por 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad, 267 aplicaciones de tormentos, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documentos, cuatro usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, una extorsión, dos secuestros extorsivos, una supresión de documentos, 11 sustracciones de menores y siete tormentos seguidos de muerte.
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Sin embargo, Massera solo estuvo preso cinco años y luego fue indultado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem. En 1998 fue detenido en el marco de la causa por robo de bebés por la jueza María Romilda Servini, pero tras haber sido internado ese mismo año por una afección cardíaca, fue beneficiado con el privilegio del arresto domiciliario.
En 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y una vez reabiertas las causas judiciales por las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, Massera fue exceptuado de éstas por su estado de incapacidad mental, luego de haber sufrido un accidente cardiovascular en 2002. Murió el 4 de abril de 2010, tenía 85 años.
